Sociedad
Salud mental en España: el séptimo país de la OCDE con menor ratio de psiquiatras y cada vez más suicidios
El Gobierno distribuirá 38,5 millones de euros entre las comunidades autónomas para acciones de salud mental. La ratio de psiquiatras por cada 100.000 habitantes entre los países de la OECD es de 18. En España se sitúa en 12. Se calcula que habría que contratar entre 370 y 565 psiquiatras al año hasta 2026.
Le espera media para una consulta externa en España, según los datos del Ministerio de Sanidad actualizados a diciembre de 2023, es de 101 días. Dentro de estas especialidades está la Psiquiatría, aunque el Sistema Nacional de Salud (SNS) no especifica la espera para esta área. No es necesario, no obstante, para comprender las patentes carencias en el cuidado de la salud mental.
España, según los datos que recoge el Libro Blanco de la Psiquiatría en España (elaborado por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental –SEPSM–), es el séptimo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) con menor ratio de especialistas de Psiquiatría por cada 100.000 habitantes. En concreto, tiene 12. La media de la OECD son 18.
Entre los países del entorno, destacan Portugal (14), Italia (19), Reino Unido (19), Francia (23) y Alemania (28).
La SEPSM estimó que en este país se necesitaba contratar a entre 370 y 565 psiquiatras al año en el período 2022-2026. De los especialistas que están en activo, el 20,77% tiene más de 60 años, y el 6,73% está por encima de los 65. Por lo tanto, se prevén muchas jubilaciones en los próximos años. El 65% ejerce en el sistema público y el 35% en la red privada
La tasa de suicidio
Se estima, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el 3,8% de la población experimenta depresión. Es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. En todo el mundo, más del 10% de las embarazadas y de las mujeres que acaban de dar a luz la sufren.
Por otro lado, la OMS destaca los datos relativos a los suicidios. Según sus datos, cada año “se suicidan más de 700.000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años”.
Es evidente la relación directa entre salud mental y suicidio y los datos de España en esta materia tampoco son nada halagüeños. En el primer semestre de 2023, apuntan en el INE, hubo 8.444 fallecimientos por causas externas. El suicidio se mantuvo como primera causa de muerte externa, con 1.967 fallecimientos (el 75,2% de ellos fueron hombres y el 24,8% mujeres).
Respecto a la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes (también del INE), los datos de 2022 muestran un continuo aumento desde 2018: 7,57 en ese año; 7,79 en 2019; 8,32 en 2020; 8,45 en 2021, y 8,84 en 2022. Entre los hombres, la tasa es del 13,34 y del 4,52 en las mujeres.
En 2022 hubo en total 4.227 suicidios. La franja de edad en la que más se dieron fue la de 40 a 64 años (2.144).
La pandemia incrementó los suicidios
En opinión de la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio, a pesar de que el número está en constante crecimiento desde 2018, éste se aceleró a partir de la pandemia. “Algunos grupos presentaron además un riesgo aumentado, concretamente las personas de mediana edad, que vivieran en grandes áreas urbanas y estuvieran solteras”, afirman.
“La pandemia aumentó los suicidios en España y afectó a factores de riesgo preexistentes como, por ejemplo, la falta de apoyos sociales”, agregan.
38,5 millones de euros a las CC.AA. para salud mental
El pasado 14 de mayo, el Consejo de Ministros autorizó, con carácter previo a la convocatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la distribución a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla de 38.500.000 euros para actuaciones en materia de salud mental.
Explican que estos fondos dan continuidad a los aprobados el año pasado dentro del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024. Es la herramienta que facilita la implantación en el SNS de las recomendaciones que se hacen en la Estrategia de Salud Mental 2022-2026.
Los fondos autorizados se distribuyen a todas las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Comunidad Foral de Navarra) y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en un 5% de manera lineal, aplicando un importe mínimo a cada territorio; y un 95% distribuido por criterios poblacionales.
Las comunidades que más dinero recibirán son: Andalucía (7 millones de euros), Catalunya (6,5 millones), Comunidad de Madrid (5,7), Comunitat Valenciana (4,3) y Galicia (2,3).
La solución al problema del deterioro de la salud mental y el aumento de suicidios no es contratar más psiquiatras. O porque hay menos psiquiatras la sociedad tiene más problemas mentales sin resolver. Sabemos que el modelo médico ha fracasado para contener esta epidemia y pues resulta que estamos sonrevalorando esta especialidad que lo único que ha aportado es la medicalizacion de todos las personas con trastornos mentales sin ofrecerles nada más, ni siquiera la escucha activa o un verdadero acompañamiento como si lo ofrecen los psicólogos o trabajadores sociales.
Sólo lxs inconscientes pueden sentirse bien en un mundo cada día más cruel e insolidario, dónde prima la codicia y el individualismo.
Este no es mundo para personas sensibles.
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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante el anuncio del Ministerio de Sanidad reelaboración de una Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud tiene que señalar lo siguiente:
Desde la FADSP hemos señalado reiteradamente que la privatización del sistema sanitario de nuestro país es un grave problema para el mismo, básicamente porque aumenta de manera exponencial los costes de la atención sanitaria, deteriora de manera complementaria los centros públicos que ven como los fondos correspondientes son derivados hacia el sector privado, lo que hemos denominado el círculo vicioso de la privatización, y suponen un empeoramiento de la atención sanitaria y de la salud de la población (ya hay muchas evidencias que señalan que la privatización aumenta la mortalidad evitable), a más de colocar en manos privadas la garantía del logro de un derecho fundamental como es el de la protección de la salud.
Por eso entendemos que cualquier paso que se de en el horizonte de blindar el sistema sanitario público potenciando la gestión pública y favoreciendo la detención de las privatizaciones y la recuperación de lo privatizado es un paso positivo que hay que apoyar.
No obstante el documento que ha hecho el Ministerio de Sanidad para una Consulta Previa es sumadamente inconcreto, y elige una vía de elaboración que tiene unos plazos excesivamente prolongados, que ni siquiera garantizan que la Ley llegue al Parlamento en esta legislatura, y mucho menos que se apruebe durante la misma.
En todo caso entendemos que esta Ley debería de seguir adelante y contemplar las siguientes cuestiones:
Derogación expresa de la Ley 15/97 y las leyes autonómicas que se basan en ella.
Garantía de la gestión pública de los centros y servicios sanitarios sufragados con los presupuestos públicos
Rechazo a cualquier nuevo contrato, concurso o concesión para la gestión privada de servicios sanitarios de financiación pública
Garantizar la reversión de los centros actualmente en manos privadas a la finalización de los contratos, así como imposibilitar la venta o transferencia de los mismos a empresas distintas de las que recibieron la concesión inicial
Bloquear los conciertos con entidades privadas si no se demuestra de manera fehaciente la imposibilidad de la Sanidad Pública para cubrir las prestaciones objeto de los mismos
Potenciar la dedicación exclusiva de los profesionales de la Sanidad Pública y la utilización intensiva de sus recursos
Integración de la asistencia sanitaria de las Mutualidades de funcionarios en la Sanidad Pública
Potenciar el papel de la Alta Inspección en el control del funcionamiento de los centros de gestión privada y en cualquier actividad relacionada con la mal llamada colaboración público-privada
Entendemos que todos estos aspectos deben estar presentes en cualquier Ley que pretenda garantizar una Sanidad Pública que asegure una atención sanitaria de calidad en un tiempo razonable a toda la población, y que es urgente la aprobación de la misma.
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
14 de Mayo de 2024