Revuelta “insurreccional” en Nueva Caledonia

Francia tiene un nuevo problema en sus provincias de ultramar. El presidente Emmanuel Macron se vio obligado a suspender su agenda oficial y a reunir un gabinete de crisis a causa del cariz que están tomando las revueltas en Nueva Caledonia. El territorio, a 17.000 kilómetros de París, vive su segundo día de disturbios tras la apertura en la Asamblea nacional francesa del debate para cambiar el censo electoral de este enclave del Pacífico. Cuatro personas han muerto, entre ellos un gendarme, en los enfrentamientos entre independentistas, fuerzas de la policía y milicias formadas por habitantes de origen europeo. El Gobierno declaró hoy el estado de urgencia.

El objetivo del cambio en el censo es dar más protagonismo a los residentes blancos en detrimento de la población autóctona. Desde 1998, sólo los canacos (las personas nativas de este archipiélago del Pacífico) y los residentes de larga duración podían votar en los comicios provinciales. La pretensión del Gobierno francés es equilibrar el censo, dando la oportunidad de votar a quienes, llegados desde la metrópoli, se han instalado allí recientemente. Pero las implicaciones van más allá de la política local: tras varios y discutidos referéndums de autodeterminación, el nuevo censo permitiría cerrar la puerta casi definitivamente a la independencia de Nueva Caledonia.

La decisión ha despertado la ira de los independentistas canacos, que han respondido con incendios, saqueos, barricadas y enfrentamientos armados con la policía y los residentes blancos. Además de las cuatro víctimas mortales, los altercados han propiciado también centenares de heridos, muchos de ellos por arma de fuego. Estos disparos no provinieron en su totalidad de la policía sino de las milicias de origen europeo que se han organizado para defender sus empresas y sus domicilios. «Estamos en una situación que yo calificaría de insurreccional. Nos dirigimos directamente a una guerra civil», afirmó Louis Le Franc, alto comisario de la República en Nueva Caledonia. «Apelo a la calma de los dos bandos. Estamos entrando en una espiral peligrosa, en una espiral mortal», añadió.

La retórica del Elíseo, donde Macron se reunió, entre otros, con los ministros del Interior y de Defensa para hacer frente al desafío, habla de una violencia «indigna e inaceptable». Tras estas conversaciones, el Ejecutivo francés se inclinó finalmente por declarar el estado de urgencia, una figura legislativa creada en 1955, durante la guerra de Argelia. La decisión permite restringir la libertad de movimiento de personas y vehículos y aumenta los poderes de la autoridad civil del territorio, adonde llegarán en las próximas horas 500 agentes de refuerzo. El presidente adelantó que estos altercados «serán objeto de una respuesta implacable» para restaurar «el orden republicano».

El estado de urgencia era una medida que tanto la derecha como la extrema derecha habían pedido con insistencia en las últimas horas. La izquierda, por su parte, pide simplemente la suspensión de la reforma constitucional que ha motivado estos disturbios.

Daniel Goa, líder del partido independentista Unión Caledonia, condenó la violencia de los altercados. Los considera contraproducentes en su lucha por la soberanía. En cualquier caso, consideró lógicas las protestas: «Revelan la determinación de nuestros jóvenes de no dejar que Francia los gobierne más».

Tras las movilizaciones de los chalecos amarillos (que empezaron en 2018), las manifestaciones de rechazo a la reforma de las pensiones y los disturbios desatados el año pasado por la muerte de un joven de 17 años a manos de la policía, Macron vuelve a enfrentarse a un nuevo episodio de cólera social.

Contexto histórico

Francia tomó posesión de Nueva Caledonia en 1853 y la convirtió en colonia penitenciaria, estatus que se prolongó hasta 1931. En los años ochenta se fundó el Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS, por sus siglas en francés), que reunía diferentes sensibilidades políticas alrededor de un objetivo común: la independencia. La FLNKS boicoteó en 1987 el primer referéndum de autodeterminación, también por desacuerdos con el censo electoral. El resultado aplastante a favor de la permanencia (98,30%) mostró la clara división social que existe entre la población de origen europeo y los nativos, que se negaron a votar. La ampliación de su autonomía, acordada en 1998, tampoco satisfizo las aspiraciones del movimiento soberanista. En 2018, un nuevo referéndum ratificó la continuidad del poder francés: un 56,67% rechazó la independencia. La inclusión en el censo de los recién llegados desde la Francia continental, como quiere establecer el Gobierno central, desequilibraría aún más la balanza a favor de la metrópoli.

Con menor o mayor seguimiento, todos los territorios de ultramar han vivido recientemente episodios de tensión social con París. En Guadalupe y Martinica, en el Caribe, se han producido recurrentes huelgas generales por la desigualdad y el alto coste de la vida. En la Polinesia francesa, el ascenso del partido independentista Tavini Huiraatira ha sido fulgurante: ganó por mayoría absoluta las elecciones territoriales de 2023, consiguiendo 38 de los 57 asientos de la asamblea.