De Zoido a Marlaska, del PP al PSOE: los nuevos CIE, las ‘cárceles’ de siempre

El 27 de noviembre de 2017, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), visitó Algeciras para presentar a la prensa sus planes para el nuevo Centro de Internamiento de Inmigrantes. Un nuevo CIE, como se conocen estos lugares; una nueva cárcel, en términos menos eufemísticos. «Son una herramienta necesaria para hacer efectiva la política migratoria de la Unión Europea, particularmente en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración ilegal”, explicó el dirigente, hoy eurodiputado en Bruselas.

Casi siete años después, con una pandemia en medio e incesantes denuncias de opacidad y vulneración de derechos humanos en unos centros presentados y defendidos ante la prensa pero vetados a los periodistas que quieren visitarlos, el nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (PSOE), terminará el trabajo de su antecesor en el cargo.

Como denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en su último informe, la apertura del nuevo CIE –o la nueva cárcel– está prevista para el primer semestre de este 2024. Las obras de construcción fueron adjudicadas por casi 20 millones de euros en marzo de 2021. Con capacidad para más de 700 personas, será el centro de estas características más grande de España. “Los CIE son una medida ineficaz, en la medida que no cumplen con el objetivo para el que supuestamente fueron creados y que no era otro que impulsar la deportación de personas migrantes en situación administrativa irregular”, denuncia el coordinador general de la APDHA, Diego Boza.

Según el estudio presentado este miércoles, más del 50% de las 83.133 personas que han sido detenidas forzosamente en los CIE desde 2011 no fueron deportadas. En dos años en concreto, 2016 y 2017, solo se expulsó, respectivamente, a un 29% y a un 34% de las personas detenidas. «Por tanto –denuncia Boza–, los CIE están cumpliendo en la actualidad un doble objetivo simbólico: son, por una parte, un elemento de intimidación para la población migrante y, por otro, trasladan un mensaje de criminalización segregadora hacia la opinión pública”. Actualmente, hay siete CIE operativos en España, dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla y diez Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE).

Más allá de las cifras, el informe se fundamenta en la inconstitucionalidad de la propia existencia de estos centros, donde se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito. «La posibilidad del internamiento
y la expulsión se ha convertido en elementos de tortura psicológica para las personas migrantes de determinado perfil étnico, pues el miedo real que genera la probabilidad de una detención y deportación persuade –intencio- nadamente– del ejercicio de los derechos fundamentales y básicos y, sobre todo, influye muy negativamente en la salud mental«, prosigue el estudio, que incide también en el internamiento de menores.

«En los CIE se ha llegado a internar a menores de edad, algo absolutamente prohibido, aunque el propio Ministerio del Interior tuvo que reconocer que en 2018 había detenido en centros de internamiento a al menos 89 niños y niñas, lo que supone una gravísima vulneración de sus derechos”, afirma la coordinadora del Informe Frontera Sur de la APDHA, Ana Mª Rosado. 

En su explicación, recupera algunos otros ejemplos: “En 2006, un grupo de mujeres internadas en el CIE de Málaga, hoy ya cerrado, denunció cómo habían sido obligadas a participar en fiestas sexuales por parte de los agentes de policía que las custodiaban y habían de velar por sus derechos”. Sin embargo, el caso no fue juzgado hasta nueve años después –recuerda Rosado– y los policías acusados fueron absueltos.

Rosado también relata la historia de Olga, una mujer de nacionalidad rusa que fue presuntamente violada a punta de pistola y «a quien, tras la negativa de la Guardia Civil a registrar su denuncia por considerar que mentía, se la internó en un CIE». Y, por supuesto, las muertes. “El ejemplo más claro de vulneración de los derechos humanos en los CIE son las numerosas muertes evitables que se han producido en dichos centros, siendo los casos de Samba Martine e Idrissa Diallo los más significativos y los que más movilizaron a la opinión pública, a pesar de que no hubo consecuencias penales para los responsables de sus muertes”.

Aumento de la peligrosidad y mortalidad en las rutas migratorias

En el Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur. CIEs: espacios sin derechos para migrantes han colaborado militantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Algeciras Acoge, Coordinadora CIEs NO Cádiz, Convivir Sin Racismo, Mundo en Movimiento, Iridia, Tanquem Els CIEs, Coordinadora CIEs NO Valencia, Solidary Wheels y Asociación Elín, así como otros activistas a título personal.

El documento incorpora, además, un análisis ampliado sobre el Balance Migratorio 2023 presentado el pasado febrero: 2.789 personas perdieron la vida o desaparecieron para siempre cuando intentaban llegar a territorio español. «La firma de los acuerdos con Marruecos para la externalización del control de fronteras ha supuesto la consolidación de la ruta canaria como la ruta más utilizada para intentar acceder a las costas españolas. Dicha ruta, por la cantidad de kilómetros que implica en pleno océano, ha supuesto un importante aumento de la peligrosidad y mortalidad, de tal forma que en los últimos cinco años se acumula un 59% del total de 16.898 víctimas mortales registradas en la frontera sur desde 1988″, recoge el estudio.