Noemí Pereda: ”La violencia sexual no es un tema prioritario para la administración pública”

El 17,8% de la juventud española ha sufrido algún tipo de victimización sexual en el último año. Es uno de los principales datos obtenidos en el primer estudio nacional con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado. Dirigido por Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, el informe señala la victimización sexual electrónica como la más frecuente entre la adolescencia (12,1%). Pero sobre todo, el estudio –como sostiene su directora– pone sobre la mesa un diagnóstico real de la situación que permite adoptar medidas efectivas para revertirla. 

Esa es la otra patata caliente, según Pereda, quien se muestra muy dura con la contradicción entre los discursos y las actuaciones de la administración pública en esta materia. El estudio lo ha financiado una empresa privada, Fundación La Caixa. «Necesitamos que la administración se involucre y planifique la realización de estudios como el que hemos presentado de forma periódica para poder observar si se producen variaciones en las cifras de prevalencia en función de la implementación de un programa de prevención determinado o de cualquier otra variable», explica en esta entrevista.

Hasta ahora, los estudios eran retrospectivos. ¿De qué manera influye esta nueva muestra en la fiabilidad de los resultados?

Por primera vez en España hemos publicado un estudio sobre experiencias de victimización con una muestra representativa de más de 4.000 jóvenes de 14 a 17 años, lo que significa que se ha llevado a cabo un muestreo aleatorio con todos los chicos y chicas escolarizados en España y, por lo tanto, los resultados pueden extrapolarse a la realidad actual del país. Los estudios retrospectivos, en los que se pregunta a adultos por sus experiencias de victimización en la infancia y la adolescencia, muestran datos del pasado de las vidas de las víctimas y no permiten conocer la situación actual del problema que evalúan. Es importante conocer la realidad actual sobre la que queremos incidir o no podemos garantizar que los recursos en los que invirtamos sean efectivos para combatirla. Un estudio retrospectivo jamás te va a permitir ver lo que está sucediendo hoy y, por tanto, las medidas que tomes no van a ser efectivas ante el problema que afecta a esta cohorte o grupo de edad concreto.

Más allá de publicitar medidas socialmente llamativas como la creación de leyes, hay que realizar análisis diagnósticos mediante estudios que, si bien quizás no son tan populares ni mediáticos, son el primer paso para tomar decisiones basadas en resultados y evidencias.

Es un problema que existe, que está ahí, del que se habla, y, sin embargo, sigue siendo desconocido. No había un diagnóstico real, según se desprende del estudio. ¿Por qué?

La violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es un problema silenciado y oculto porque nos incomoda y nos muestra una realidad que cuesta aceptar que existe. La mayoría de agresores de niños, niñas y adolescentes son familiares o conocidos de las víctimas, desterrando esa idea tan extendida de que el peligro viene de fuera. Lamentablemente, cuando hablamos de infancia y adolescencia, el peligro está muy cerca y se encuentra, especialmente, en aquellos que deberían cuidar y proteger a los más vulnerables.

Otro problema a tener en cuenta es que la violencia contra la infancia y la adolescencia y, concretamente, la violencia sexual, no es un tema prioritario para la administración pública. Más allá de publicitar medidas socialmente llamativas como la creación de leyes, hay que realizar análisis diagnósticos mediante estudios que, si bien quizás no son tan populares ni mediáticos, son el primer paso para tomar decisiones basadas en resultados y evidencias.

La victimización sexual es menor en chicos que en chicas. Sin embargo, los chicos reportan con mayor frecuencia formas muy graves. ¿A qué cree que se debe esa diferencia?

La violencia contra la infancia y la adolescencia tiene su base en la desigualdad entre víctima y victimario por cuestión de edad y no por cuestión de género, y esto es algo que deberíamos empezar a asumir o abandonamos a una importante parte de las víctimas, además de no disponer de una fotografía completa de la realidad de la violencia en estos grupos de edad. Sabemos que la sociedad patriarcal influye en la concepción de ambos géneros y, en el caso de la violencia sexual contra varones, se entiende que estos son fuertes y soportarán formas más graves de violencia, además de que no hablarán con nadie de lo sucedido por la vergüenza y el estigma asociado a ser víctima de violencia sexual, y que nadie detectará lo ocurrido ya que no se les tiende a considerar víctimas sino agresores. Además, agrediendo sexualmente a un varón puedes evitar el riesgo de embarazo que sí tienes cuando agredes sexualmente a una chica.

Esa conclusión del estudio sobre la diferencia de edad más que el género, ¿les ha sorprendido?

Desde el ámbito académico sabemos desde hace muchos años que los adultos que abusan sexualmente de una víctima menor de edad lo hacen, justamente, por su inmadurez, inocencia y escasa experiencia sexual. El género es más importante en la violencia sexual entre pares, compañeros, amigos, donde sí las chicas son víctimas con mayor frecuencia y gravedad.

La violencia contra la infancia y la adolescencia tiene su base en la desigualdad entre víctima y victimario por cuestión de edad y no por cuestión de género, y esto es algo que deberíamos empezar a asumir o abandonamos a una importante parte de las víctimas.

La mayoría de los y las adolescentes han nacido en España (90,8%) y sólo el 8,4% son de origen extranjero. ¿Hay diferencias en las respuestas según el origen de procedencia?

Sí, pero no se puede garantizar un análisis fiable de los países de origen ya que las muestras son muy pequeñas. 

La victimización sexual electrónica es la más frecuente, por encima de la victimización sexual con contacto físico. ¿De qué manera se pueden preparar los centros educativos y las familias ante esta realidad, diferente a la que vivieron generaciones antiguas? 

Durante demasiado tiempo, tanto las familias como los centros educativos en España han dejado que los chicos y chicas se conectaran a Internet sin prepararlos para los riesgos y peligros que supone este entorno y las relaciones que en él se establecen. Nuestro principal objetivo no debería ser formar a los jóvenes sobre cómo usar Internet y las redes sociales, sino sobre cómo afrontar los riesgos que allí residen, cómo protegerse de estafas y engaños, saber que lo que haces hoy tiene su huella en Internet para siempre. 

Sucede lo mismo con la educación afectivo-sexual, que debería ir de la mano de la educación digital. No se trata tanto de enseñar anatomía y fisiología como de hacerles comprender la importancia del consentimiento, educarlos a respetar su propio cuerpo y su propia intimidad, enseñarles a gestionar un rechazo amoroso o la intensidad de sus emociones, etc.

Lo que no cambia son los agresores, mayormente cercanos: padres, compañeros, amigos… ¿Qué reflexión le merece esto?

No soy experta en agresores y mi prioridad son las víctimas. Lo único que podemos afirmar es que es así en todos los estudios nacionales, e internacionales, que se han publicado sobre violencia sexual.

Nuestro principal objetivo no debería ser formar a los jóvenes sobre cómo usar Internet y las redes sociales, sino sobre cómo afrontar los riesgos que allí residen, cómo protegerse de estafas y engaños, saber que lo que haces hoy tiene su huella en Internet para siempre. 

El suicidio es una de las principales causas de mortalidad entre la juventud española. ¿Cómo influye en las conductas suicidas la victimización sexual?

Existen múltiples estudios que confirman la relación entre la experiencia de violencia sexual en la infancia y la adolescencia y la conducta suicida. Tenemos que entender que la violencia sexual causa un impacto enorme en el desarrollo del chico o chica, afectando a todas sus áreas, y que puede generar importantes problemas de salud mental y un dolor que, en algunos momentos, puede llegar a ser insoportable para algunas víctimas y puede llevarlos a pensar en el suicidio o incluso a cometerlo.

Hay otro dato en el informe demoledor: un 2,6% de chicos y chicas reportan explotación sexual. Esto es aún más desconocido, pero existe. 

En España existe la creencia acerca de que la explotación sexual tiene que ver con el tráfico de chicos y chicas que vienen de países en vías de desarrollo, o que es un problema que se limita a los chicos y chicas atendidos en centros residenciales del sistema de protección y, concretamente, de una región del país determinada.

Como coordinadora del informe de la Comisión de Expertos de los casos de explotación sexual que se detectaron en Mallorca en 2020, he tenido la oportunidad de profundizar en este tema y de estar en contacto con profesionales europeos que me confirmaron que se trataba de un problema global en Europa y que, si bien los chicos y chicas tutelados eran los más vulnerables en todos los países, por sus extremas necesidades de afecto y atención, es un problema que afecta a entre un 1% y un 2,5% de los jóvenes escolarizados de Suiza, Suecia, y Noruega, países que habían llevado a cabo estudios similares al que presentamos. 

La hipersexualización de los y las adolescentes, la banalización del intercambio de sexo e intimidad por obsequios o recompensas, el blanqueamiento de la prostitución con términos como ‘sugar daddy’ o ‘sugar baby‘, y el temprano acceso a la pornografía son variables que influyen en esta realidad, ante la que necesitamos implementar medidas preventivas.

Así que decidí adaptar las preguntas realizadas a jóvenes en Suiza y aplicarlas a los chicos y chicas de nuestro país. Esto nos ha permitido ver que España se encuentra cercana a las cifras europeas de explotación sexual pero en su rango y que es un problema que no va a desaparecer por mucho que cerremos los ojos ante el mismo.

La hipersexualización de los y las adolescentes, la banalización del intercambio de sexo e intimidad por obsequios o recompensas, el blanqueamiento de la prostitución con términos como sugar daddy o sugar baby, y el temprano acceso a la pornografía son variables que influyen en esta realidad, ante la que necesitamos implementar medidas preventivas.

En la explotación sexual por contacto online, éste se hizo mayoritariamente a través de redes sociales como Instagram o mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Es difícil que hoy día los adolescentes no usen estas tecnologías. ¿Cree que los gobiernos deberían legislar su uso en menores como, por ejemplo, el consumo o venta de alcohol y tabaco? Es decir, con multas de por medio a las empresas que no controlen ese uso.

No soy partidaria de las prohibiciones y todavía menos en una etapa como la adolescencia, donde se ha demostrado que la efectividad de la prohibición suele ser escasa, pero es evidente que deberían implementarse medidas para que no sea tan fácil para un adulto conectar con una persona menor de edad, para que no sea tan fácil para un menor crear una cuenta y colgar fotografías de carácter sexual y, sobre todo, para que no sea posible que un menor acceda a material pornográfico para el que no está preparado emocionalmente y que va a tener un impacto negativo en su desarrollo, su concepción del sexo y su relación con los demás.

Pero junto a todas las posibles normas y sanciones, por favor, lo más necesario es la educación digital y afectivo-sexual para los chicos y chicas. No es aceptable que como país aún no dispongamos de este recurso en todos los centros educativos y dejemos que sean las redes, la televisión y determinados productos musicales los que modelen la sexualidad y lo que entienden por ésta los y las jóvenes.

Entre las recomendaciones, el estudio considera necesario incluir en el currículum escolar de todo el país programas de educación sexual integral que aborden temas de consentimiento, límites personales y prevención de la violencia, adaptados a la edad de los niños, niñas y adolescentes. ¿Pero cómo se hace esto cuando hay partidos que quieren legislar en contra de esa educación sexual en las aulas?

El problema en España es que politizamos temas que no tienen nada que ver con ideologías sino con problemas sociales que afectan al bienestar de la población y la ciudadanía. La evidencia al respecto es indiscutible. Sin educación afectivo sexual y digital los chicos y chicas se encuentran en situación de alto riesgo para ser víctimas de violencia sexual. Si se antepone la ideología a la ciencia, se están anteponiendo los preceptos de una determinada posición política al cuidado de la población adolescente. Quizás deberíamos empezar a escuchar más a los académicos y menos a los ideólogos.

Sin educación afectivo sexual y digital los chicos y chicas se encuentran en situación de alto riesgo para ser víctimas de violencia sexual. Si se antepone la ideología a la ciencia, se están anteponiendo los preceptos de una determinada posición política al cuidado de la población adolescente.

Es curiosa también la respuesta inicial de la administración. De todas las consejerías de Educación con las que contactaron, sólo recibieron respuesta positiva de cuatro –Castilla y León, Extremadura, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de Canarias–. Y recibieron el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales en una carta, pero el estudio lo financia una empresa privada, Fundación La Caixa. ¿Qué indican estos hechos ante un asunto de relevancia y salud públicas?

Lo que nos han mostrado con esta respuesta es que la administración pública se encuentra muy alejada de los problemas sociales reales. Lo primero que hicimos fue contactar con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quienes, tras diversas reuniones, nos facilitaron apoyo con una carta que reenviamos a las consejerías de Educación. Algunas de ellas aceptaron, mostrando una preocupación real ante el problema de la violencia en la adolescencia, otras inicialmente dijeron que participarían, pero, tras muchas llamadas y reuniones, decidieron no hacerlo, otras se negaron a participar desde un inicio y muchas optaron por el silencio administrativo. 

Lo más preocupante es que, tras invitar de forma reiterada al Ministerio de Juventud e Infancia y al Ministerio de Derechos Sociales a asistir a la jornada y escuchar los resultados del estudio, nunca obtuvimos respuesta. Por suerte, pudimos contar con la asistencia del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Sanidad. Se trata de un estudio con unos resultados que deberían preocupar a nuestros dirigentes, pero especialmente a aquellos cercanos a los niños y niñas y a sus familias. 

Cabe destacar la presencia del Defensor del Pueblo, quien tiene un gran interés por el tema de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia y asistió a la presentación del estudio. Por su parte, los gobiernos autonómicos han sido mucho más receptivos, desde Andalucía con representación del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, hasta Euskadi con representación del Ararteko, y merece un especial agradecimiento la Comunidad de Madrid y su Ayuntamiento, quienes apoyaron la jornada desde un inicio y se han mostrado muy interesados en sus resultados.

Otro tema a tener en cuenta es que el estudio realizado ha sido financiado por una entidad privada, no por la administración pública. Necesitamos que la administración se involucre y planifique la realización de estudios como el que hemos presentado de forma periódica para poder observar si se producen variaciones en las cifras de prevalencia en función de la implementación de un programa de prevención determinado o de cualquier otra variable. O empezamos a tomar medidas basadas en estudios diagnósticos como el que hemos realizado o seguiremos con el mismo problema. Un problema que puede afectar gravemente a los niños, niñas y adolescentes del país y, por tanto, al futuro del mismo.

El estudio realizado ha sido financiado por una entidad privada, no por la administración pública. O empezamos a tomar medidas basadas en estudios diagnósticos como el que hemos realizado o seguiremos con el mismo problema. Un problema que puede afectar gravemente a los niños, niñas y adolescentes del país y, por tanto, al futuro del mismo.

¿Cree que, en el fondo, este tema sigue siendo un tabú?

El tema sigue siendo un tabú y, efectivamente, no se hace prácticamente nada por erradicarlo. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia se publicó hace ya casi tres años pero sin financiación asignada. Esto es lo que preocupa la violencia contra la infancia y la adolescencia en nuestro país. Los que ya trabajaban en ello, siguen haciéndolo con los mismos escasos recursos, y los que no lo hacían no van a hacerlo porque exista una ley.