Más desprotegidos (aún) que los funcionarios de prisiones: “No es casual que la compañera asesinada haya sido una cocinera”

El asesinato de una cocinera en el centro penitenciario Mas d’Enric (Tarragona) a manos presuntamente de un interno –que posteriormente se suicidó– ha levantado las protestas de los funcionarios de prisiones, que denuncian la falta de seguridad a la que se enfrentan día a día y avisan de que el caso fue la crónica de una muerte anunciada. En los últimos días, han pedido, incluso, la dimisión de la consejera catalana de Justicia, Gemma Ubasart. Y este mismo lunes, aprovechando el revuelo mediático por la salida de la cárcel de Dani Alves, han vuelto a concentrarse.

Pero la muerte de Núria ha hecho estallar también a otro colectivo que trabaja con la población reclusa con “absoluta desprotección” y sin el “reconocimiento de autoridad”: son las mismas cocineras y cocineros, personal laboral que, como ella, aseguran haber vivido situaciones de indefensión que, según explican, han llevado en algunos casos a dejar su empleo. 

“Aunque podría haber ocurrido a cualquier otro trabajador penitenciario, no es casual que la compañera asesinada haya sido una cocinera”, denuncia en un comunicado el personal de Cocina de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. “Somos un colectivo que ni siquiera aparece en el Reglamento Penitenciario y poco numeroso en el organigrama, con su idiosincrasia particular. Desempeñamos nuestra tarea trabajando directamente con internos armados con cuchillos, hachas y otras herramientas susceptibles de ser utilizadas como arma blanca sin ningún tipo de protección. Nuestro puesto ni siquiera está considerado como de alta peligrosidad”, prosiguen. 

A María, que prefiere no identificarse por temor a represalias, le quedan ya pocos años para jubilarse. Dice que ha visto de todo como jefa de cocina y que no entiende que a la administración se le cuelen “psicópatas”, como ella los denomina, condenados por delitos de sangre, en lugares donde se trabaja con objetos peligrosos. Explica, de manera muy pedagógica, cuál es la situación de su colectivo: “Que no es solo cocina; también está mantenimiento, auxiliares de clínicas, las trabajadoras sociales, etc. En concreto, los cocineros entramos en las cocinas y hacemos funciones de maestros de taller, enseñamos a los internos a trabajar dentro de una cocina para que desarrollen competencias que después, a la salida de prisión, les ayuden a encontrar un puesto de trabajo”. Y aquí viene el problema de fondo, según María: “El tema está en que la selección del personal la hace un grupo de trabajo, funcionariado, que da el apto para trabajar en cocina. ¿Pero cómo se puede colar un psicópata? –insiste–. Porque si pasamos un informe negativo, no nos suelen hacer caso”.

El presunto asesino de la cocinera en la prisión catalana cumplía una condena de 11 años de cárcel por haber apuñalado, también con un cuchillo de cocina, a otra mujer en 2016. Según ha trascendido, el hombre accedió a esta formación en cocina por buen comportamiento.

Perfiles violentos

En el comunicado, los cocineros y cocineras que lo suscriben señalan que escapa al “sentido común” que su colectivo no tenga capacidad para apartar del servicio o descartar a un interno cuando no tiene las aptitudes o actitudes necesarias para trabajar en esas condiciones. “Demandamos una reforma del Reglamento Penitenciario donde tengamos cabida y se nos considere en la medida de nuestras competencias de reconocimiento y autoridad en nuestro campo. Exigimos que en ningún caso un interno con delito de sangre o un perfil violento sea destinado a cocina, tenga buena conducta o no”, argumentan.  

María cuenta por teléfono diferentes situaciones violentas a las que ha tenido que hacer frente y relata el ambiente de estrés y tensión que la propia población reclusa vive en las cárceles: “Cuando tú estás trabajando en una nave a 45 grados en julio y te acercas a un interno y le dices ‘mira, por favor, recoge eso’, o ‘esto se hace así o de esta otra manera’, puede que ocurran dos cosas: una, que se desmaye por el calor, que también nos ha pasado; o que diga que esta señora por qué le tiene que decir nada y te dé un sartenazo, te levante el cuchillo o lo que sea… La reacción de estas personas es tan imprevisible que estás totalmente desamparada”. 

En ese aspecto, el personal laboral pide que cuando se aparte a un interno del servicio por mala conducta o agresividad, no pueda tener acceso a sus instalaciones, que no pueda ser contratado para prestar servicios en las aledañas o en las que su actividad requiera el paso por las mismas: “En muchos centros esto debería incluir basuras o el taller de panadería. Recordamos que estamos rodeados de armas potencialmente peligrosas y hay que evitar la ocasión de posibles represalias”, añaden.

El colectivo denuncia, además, una situación que, según explican, tampoco suele ser aislada: al hacer un informe negativo a un interno, su contenido trasciende: “Y el propio interno acaba siendo sabedor del mismo y su contenido; con las posibles consecuencias de represalia en las que esto puede desembocar. Todos/as y cada uno/a de nosotros ha vivido este tipo de situaciones. Es necesario que haya una cadena de custodia y confidencialidad en este tipo de documentos para salvaguardar nuestra integridad”. 

María también insiste en la falta de cámaras en todos los lugares: “Yo prefiero ir a trabajar sabiendo que voy a un gran hermano, pero quiero estar segura”. “Es escandaloso que no se nos dote de walkies, botones del pánico o protocolos de seguridad específicos y adecuados a cada centro y circunstancia –explican en el comunicado–. Que en la mayoría de los centros penitenciarios no tengamos una cabina o búnker que reúna unas mínimas condiciones de seguridad y con acceso a las vías de escape que puedan salvaguardar nuestra integridad. Creemos también necesaria la instalación de cámaras de seguridad en todos los espacios en los que convivimos con internos”. Los cuerpos de Núria y su presunto asesino fueron localizados en la cámara frigorífica, donde no hay videovigilancia.

Medidas de prevención y formación para tratar con los internos

Con 20 años de carrera a sus espaldas, David, otro jefe de cocina que prefiere ocultar su identidad, confirma punto por punto lo que dice el comunicado, aunque insiste más que en las medidas de protección, en las de prevención. «Convivimos con los internos y no estamos formados específicamente para tratar con ellos. Nadie me da directrices, no sé por qué delito están, hay una junta de tratamiento que se encarga de llevar el seguimiento de la reinserción del interno. Hay unos informes previos que dicen que tal persona está haciendo un curso, que está siguiendo un tratamiento, que es voluntariosos, se ha desintoxicado… Vamos a darle una oportunidad, una mayor reinserción  mediante el trabajo… Pero nosotros no podemos quejarnos si no trabaja, o si me ha escupido, o si lo hemos pillado con un móvil… No nos tienen en cuenta y no te toman en serio”. A David le gusta mucho la expresión status quo para definir el reconocimiento que reclaman: “Si no te respetan y los informes no van a ningún lado… El interno no es una persona dialogante, suele ser egoísta, obviamente quiere salir cuanto antes de la cárcel, está sometido a mucha tensión, depende de un juicio… y todo se magnifica dentro de la cárcel”. 

Otra compañera ha lanzado una petición en change.org para que se modifique esta situación. Y, desde el sindicato CSIF, han trasladado a Instituciones Penitenciarias las quejas del colectivo. Entre otras cuestiones, reclaman que en el Servicio de Cocina de los establecimientos penitenciarios se debe corregir las carencias de instrumentos dirigidos a la prevención, protección y apoyo al personal que presta sus servicios en este departamento, como facilitar instrucciones básicas sobre cómo actuar en situaciones de agresión física o verbal a los/las trabajadores/as del citado departamento; instalar pulsadores de emergencia con señal luminosa, botones de pánico y teléfonos de emergencia; la participación de los directores de cocina (M1) y cocineros/as (E2) en las reuniones de Tratamiento en las que se aborden asuntos relacionados con los internos destinados al departamento de cocina; más medidas de vigilancia (personal y cámaras de vigilancia) y de seguridad (como oficinas adecuadas para protección de la plantilla del departamento frente a situaciones violentas).

Además, piden facilitar la participación voluntaria del personal laboral de cocina en las acciones formativas relacionadas con la transmisión de habilidades y técnicas de comunicación, información sobre técnicas de asertividad, escucha activa, comunicación no verbal, habilidades de negociación… para enseñar a detectar y neutralizar posibles situaciones de violencia. Asimismo, solicitan garantizar que el número de efectivos de plantilla sea el apropiado para cada tarea y para cada momento de la jornada laboral. Y se proceda, «a la vista de los recientes y luctuosos acontecimientos ocurridos, a una nueva evaluación de riesgo laboral de puestos de trabajo en el departamento de cocina”.