Carlos Cruzado: “El Código Penal es demasiado benevolente con el gran defraudador”

Durante el juicio a Iñaki Urdangarín, la abogada del Estado que actuaba en representación del Ministerio de Hacienda aseguró que la frase “Hacienda somos todos”, que había sido pronunciada por el juez Castro, solo podría ser usada “en el ámbito para el que nació, el de la publicidad, no en el judicial”. “Hacienda somos todos” es, por lo tanto, solo un eslogan publicitario, no una realidad.

Y así lo ponen de manifiesto los técnicos de Hacienda Carlos Cruzado y José M. Molinedo en su libro Los ricos no pagan IRPF, editado por Capitán Swing, en el que muestran cómo las grandes fortunas manejan una ristra de métodos casi infinitos para tributar por debajo de lo que lo hace un pequeño autónomo o una pyme

El artículo 31.1 de la Constitución dice que todos los ciudadanos y ciudadanas del país deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos “de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Es decir, que quien más gana, más debe pagar. ¿España cumple realmente con este artículo de la Constitución?

No se está cumpliendo, desde luego, al menos en su amplitud. Está fallando el principio de progresividad, no es suficiente; ahora mismo, el impuesto sobre la renta, que es el que no pagan los ricos, es el único que tiene un efecto redistributivo, porque con el de patrimonio o el de sucesiones todos sabemos que se está produciendo una competencia a la baja entre comunidades. Por eso, el único que funciona con cierta progresividad es el impuesto sobre la renta, pero nos falta mucha más prevalencia de la imposición directa sobre la imposición indirecta.

La elusión del IRPF a través de otros como el impuesto de sociedades hace que esté en tela de juicio ese principio de progresividad, o de igualdad, también como consecuencia del trato que la Agencia Tributaria da ante determinadas situaciones. En el libro ponemos varios ejemplos, como el del rey emérito, que nosotros consideramos que debería haberse abierto una inspección y haber evitado esas regularizaciones. Y son muchos otros casos que a los ciudadanos les lleva a pensar que hay una doble vara de medir en la Agencia Tributaria.

En el libro hemos querido mostrar, por un lado, esa necesidad de que los principios de justicia fiscal se apliquen para cumplir con la Constitución, y, por otro, la necesidad del control por parte de la Agencia Tributaria.

Hay una explicación muy interesante en el libro sobre los términos “elusión” y “evasión” fiscal, porque mientras que el primero es legal, el segundo, no. ¿Qué mecanismos tienen las grandes fortunas para pagar menos impuestos de forma ilegal?

Principalmente, los paraísos fiscales. Lo vemos en multitud de informes internacionales. Se estima en 140.000 millones la riqueza de fortunas españolas que están radicadas en paraísos fiscales; se habla de hasta un 40% de grandes capitales no declarados fuera de España. Lo hemos visto en tantos casos mediáticos como los Papeles de Panamá y otros que nos demuestran que la evasión de grandes fortunas en contra de la ley es algo que ocurre de una forma más que habitual.

La lista española de “jurisdicciones no cooperativas” cuenta con 22 territorios, generalmente pequeñas islas o archipiélagos. La de la Unión Europea, 12 países. ¿Esto es una foto real de los paraísos fiscales?

No, ni mucho menos. La lista de la Unión Europea, por ejemplo, es totalmente insuficiente porque, de entrada, excluye a países de la propia Unión, donde la mayoría de las organizaciones que estudian estas cuestiones, lo que nos dicen es que lugares como Países Bajos, Malta, Irlanda… son países que dentro de la UE utilizan mecanismos que podrían ser considerados como no cooperativos. De entrada, ya estamos fallando en esto.

Esto hace tanto daño a la competencia fiscal dentro de la Unión Europea que podríamos ponerlo en paralelo con la competencia en las comunidades autónomas respecto a determinados impuestos que, a la larga, afecta a los ciudadanos. Ahora, es cierto que el establecimiento del suelo de 15% en el impuesto de sociedades en toda la Unión va a mitigar en cierta medida esta problemática, pero seguirán existiendo otras cuestiones porque es un suelo bastante escaso.

Ha nombrado a territorios europeos como Malta, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo o Malta, pero tenemos otros muy cerca que son Andorra y Gibraltar.

Gibraltar está todavía incluido en la lista española, más por una cuestión de soberanía. Es cierto que ahora está pendiente el desarrollo de los últimos acuerdos que ha habido, en los que parece que se da un paso adelante, sobre todo, en lo que se refiere a la utilización de sociedades gibraltareñas para la tenencia de bienes patrimoniales importantes, como villas en la Costa del Sol, que nos impedía conocer cuáles eran los verdaderos titulares. Hay una serie de medidas pactadas que pueden evolucionar en un sentido favorable.

Creemos que la ley debería establecer un suelo de IRPF y de sociedades a partir del cual, todo lo que esté por debajo, se debería considerar como paraíso fiscal, o guarida fiscal o refugio fiscal, que es un término que ahora ha aceptado la RAE.

Dentro de España, ¿hay comunidades que son refugios fiscales?

No se puede hablar de paraísos fiscales en el sentido estricto del concepto, pero sí de competencia fiscal a la baja que hace que los impuestos sobre la riqueza, principalmente los de patrimonio y sucesiones, como consecuencia de esa competencia, estén en una situación que pone en peligro el mantenimiento de estas figuras. Hay que destacar que en el informe de expertos nombrados para afrontar el cambio de modelo de financiación autonómico, unánimemente todos coincidieron en que hay que mantener el impuesto aunque, justo después, en regiones como Andalucía se fue bajando el de sucesiones, limitando el de patrimonio… Bueno, es incoherente que una comunidad nombre a unos expertos y luego no haga caso a los dictámenes de la comisión.

Nos falta mucha más prevalencia de la imposición directa sobre la indirecta

Carlos Cruzado, técnico de Hacienda

También, en ese sentido, hablamos en el libro de la opinión bastante transversal de los ciudadanos, según el CIS, de que el sistema no es justo y que debe recaer una mayor presión sobre la imposición directa. Esto es algo transversal a todos los partidos y, sin embargo, se da la paradoja de que los partidos a los que votan terminan haciendo todo lo contrario.

¿Por qué cree que existe un miedo generalizado, o eso parece, al impuesto de sucesiones y donaciones?

Ya el informe Lagares, que fue la comisión que nombró el Partido Popular para afrontar la reforma de 2015, hablaba de la necesidad de poner unos límites para evitar descapitalizar el impuesto. Estamos hablando de hace casi 10 años. El informe de los expertos para el cambio de financiación autonómica también lo decía. El problema es que llevamos mucho tiempo asistiendo a una campaña contra el impuesto de sucesiones basada en unas supuestas renuncias por culpa de que el impuesto era muy gravoso. Lo cierto es que los datos que se publican cada año por parte de los notarios, lo que nos dicen es que el índice de las renuncias en Madrid, donde prácticamente no existe el impuesto, está en la media del país. En Murcia, donde casi ha desaparecido, las renuncias han aumentado considerablemente. Esto se produce en el caso de herencias que se perciben con bienes inmuebles que tienen hipotecas a veces con valores mayores que el propio bien. Por tanto, ese argumento es falaz.

En los últimos años, hemos conocido multitud de investigaciones periodísticas como los Papeles de Panamá, Pandora, Paraíso… ¿sirven de algo estas investigaciones?

Los Papeles de Panamá quizá fue la primera investigación que tuvo mayor repercusión y yo creo que sirvió para que muchos ciudadanos reaccionaran a la vista de la cantidad de personas conocidas involucradas y recriminaran y entendieran que era algo que había que combatir.

Lo que también ponen de manifiesto es que estos casos siempre han salido gracias a investigaciones periodísticas, por lo que la Agencia Tributaria ha ido siempre a rebufo. En el libro criticamos precisamente eso, que a pesar de tener listados de personas que podrían estar defraudando, no se ha actuado con celeridad y se ha dado la posibilidad de que regularizaran antes de abrirse la inspección, evitando así grandes sanciones y delitos fiscales.

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que lo que se está cometiendo con su pareja es una cacería política y que se ha enviado a la Agencia Tributaria a rebuscar entre sus miserias por ser una pareja vinculada a ella. ¿Esto es así?

La denuncia de la Fiscalía es muy elocuente y habla de 1,7 millones de euros en facturas falsas. Esto no es algo habitual en la Agencia Tributaria, que, al cruzar esos datos con la información de terceros y al sumarle ese incremento tan enorme en el volumen de facturación que no va acompañado de unos altos beneficios, provoca que salten las alarmas. Es normal que se haya sometido a inspección.

Luego hay un criterio subjetivo sobre la intencionalidad o no en los diferentes casos. Aquí, si hablamos de facturas falsas, es evidente que hay una intencionalidad de rebajar el beneficio. Y si la cantidad defraudada supera los 120.000 euros y hay un dolo, la Agencia Tributaria está obligada a ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, porque es muy grave el tema.

Según publicó El Español, Alberto González habría pagado la cantidad presuntamente defraudada antes de que se iniciase el procedimiento por parte de la Fiscalía. ¿Podríamos hablar de una regularización?

No, en este caso no se podría hablar de regularización fiscal porque regularizar quiere decir exención del delito fiscal, y para eso se tienen que dar varias circunstancias, entre ellas que se pague antes de una inspección o de una denuncia. En este caso, ese pago se produce después de la inspección, por lo que no sirve como regularización.

En estos fraudes de grandes cantidades y de personas relevantes siempre suele haber un pago porque esto supondrá, en el caso de que termine en condena, un atenuante muy cualificado y, por tanto, una rebaja de hasta dos grados en la pena.

La Hacienda española, en lugar de dedicar sus esfuerzos a la lucha contra la evasión fiscal de las grandes fortunas, dedica el 80% de sus recursos a investigar a particulares, autónomos o pymes. ¿Es cierta esa frase que dice que en España se persigue más al robagallinas que al gran defraudador?

Esa frase la dijo el que era presidente del Tribunal Supremo hace años y la situación sigue igual. Es como aquella frase que dijeron tanto Aznar como Sánchez y que da título al libro sobre que los ricos no pagan el IRPF. Todo esto nos lleva a plantearnos por qué no se modifica esta situación. La elusión fiscal se puede evitar a través del legislativo y la evasión a través de la Agencia Tributaria.

Algunas comunidades no pueden pretender bajar impuestos a sus ciudadanos pero luego poner la mano al Estado para que sea él quien recaude

Carlos Cruzado, técnico de Hacienda y coautor de ‘Los ricos no pagan IRPF’

El Código Penal es demasiado benevolente con el gran defraudador. Es raro que los grandes casos como el de Shakira o el de Ronaldo terminen en una pena que esté en consonancia con el grado de fraude. Hay delitos que contemplan una pena de hasta cinco años y es poco habitual que veamos condenas que superen los dos años a pesar de tener casos como el de Shakira, en el que se acumulaban una serie de supuestos delitos fiscales agravados con planificación en paraísos fiscales.

Después de todo esto que hemos hablado y todo lo que contáis en el libro, ¿entendéis que haya un descrédito fiscal en España y que una parte de la ciudadanía defienda que la evasión y la elusión fiscal pueden ser aceptables en un sistema injusto?

No llegamos a entenderlo pero sí comprendemos que haya un sentimiento de injusticia, una doble vara de medir entre el control a los poderosos y al resto de ciudadanos. Esto es entendible a la vista de algunos de los casos que hemos hablado. Por ello, dentro de la reforma fiscal que necesita España, también hay que rediseñar el papel de la Agencia Tributaria, para que se haga efectivo eso de que “Hacienda somos todos”.

Ahora que hablamos tanto de amnistía y Constitución, hace algo más de una década fue el Partido Popular el que aplicó una amnistía, en este caso fiscal, que fue declarada inconstitucional. ¿Fue un regalo para las grandes fortunas?

Sin duda lo fue, y lo hemos visto. No solo para grandes fortunas sino también para personas corruptas. Hemos conocido algunos nombres, no todos, pero muy relacionados con grandes casos de corrupción.

Apostáis en el libro por una reforma fiscal de calado. ¿Qué elementos debería contener?

En el libro aportamos algunas claves para el debate que creemos que los ciudadanos deben conocer. No hacemos una definición sobre qué debería incluir, pero nos apoyamos en diferentes informes. Es evidente que el impuesto de sociedades requiere una reforma en profundidad, que es cierto que, en buena medida, debe venir a nivel global, pero a nivel estatal se pueden hacer cosas.

Hay que retocar esa dualidad del impuesto porque no tiene sentido que las ganancias patrimoniales especulativas puedan ser consideradas como rendimientos del ahorro cuando claramente son rendimientos de capital y plusvalía. Eso hay que cambiarlo.

También hay que reformar los beneficios fiscales, que hay muchos en nuestro sistema y, muchas veces, eso lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, no hay ni un estudio previo ni un control posterior para determinar si están consiguiendo sus objetivos. Hay beneficios fiscales cuya eliminación aportaría una cantidad de recaudación importante.

Desde luego hay que replantear los impuestos a la riqueza. Estarán ligados al cambio de modelo de financiación autonómica que debe conllevar que este modelo de autonomía y de corresponsabilidad sea efectiva. Algunas comunidades no pueden pretender bajar impuestos a sus ciudadanos pero luego poner la mano al Estado para que sea él quien recaude. A eso hay que darle una vuelta importante, porque ese discurso de bajada de impuestos esconde una depauperación de los servicios públicos. Eso sería lo honesto, decirle a los ciudadanos que la bajada de impuestos lleva aparejada un recorte en el Estado del bienestar, a ver quién lo acepta.