La resistencia frente al desalojo: la ofensiva antiokupas se ceba con los centros sociales

En la sala más grande del centro, un par de DJs pinchan algo de música mientras algunas decenas de jóvenes bailan y charlan. En la biblioteca, ya prácticamente desmontada, dos personas revisan algunos libros. En el garaje, otros rematan unas pancartas: “La Ferro no se vende”, se puede leer en una de ellas, ya terminada.

Es sábado y La Ferroviaria acoge la denominada como “Fiesta de Resistencia”. El evento se produce cuatro días antes de que se ejecute la orden de desalojo prevista contra este centro social okupado y autogestionado situado en el distrito de Arganzuela, en Madrid. Desde que el inmueble fue okupado en junio de 2021, La Ferroviaria ha servido como lugar de reunión para multitud de organizaciones por el derecho a la vivienda, como la Plataforma de Afectados por la Hipotéca (PAH) de Centro-Arganzuela o el Sindicato de Inquilinas, o feministas, como la Asociación Feminista de Arganzuela, o para grupos de consumo y cooperativas de producción, como Surco a surco. Entre sus paredes, explican desde el centro, también han nacido nuevas organizaciones.

El inmueble, tras mucho tiempo cerrado, ha acogido, en los casi tres años de vida del centro social, clases de yoga, de boxeo, talleres de bicis, conciertos, teatro… Unas iniciativas que, a partir del próximo miércoles 13 de marzo de 2024, podrían dejar de existir, al menos en ese lugar.

Desde La Ferroviaria explican que ha sido el Banco Santander, a través de su gestora de inmuebles Retailcompany, el que ha solicitado el desalojo del inmueble: “Llevaba más de diez años cerrado pero desde que se okupó han decidido que querían recuperarlo”, aseguran desde el colectivo. Asimismo, sostienen que la entidad financiera nunca ha tenido la intención de negociar y optaron por la vía judicial desde el primer momento.

La cooperativa agroecológica Surco a surco será una de las organizaciones afectadas si finalmente se produce el desalojo, ya que tendrán que encontrar un nuevo espacio en el que poder reunirse. “Pero no solo nos afecta a nosotras, sino que es una pérdida enorme para el barrio, porque La Ferro ha sido un punto de encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades, desde gente mayor que venía a jugar a juegos de mesas hasta gente más joven que venía a escuchar techno o niños a participar en talleres o a clases particulares”, explican. Y añaden: “Este ha sido un espacio que escapa de las lógicas de la mercantilización de una ciudad como Madrid, y por eso se lo quieren cargar”.

El objetivo, aducen, será resistir, y para ello han convocado una concentración el miércoles a las siete y media de la mañana para frenar el desalojo y defender el espacio.

Una ofensiva contra la okupación

La Ferroviaria no es el único centro social okupado amenazado en los próximos días. También en Madrid, en el barrio de Moratalaz, La Bankarrota podría ser desalojada una semana después, el 20 de marzo. Este espacio, otrora sucursal de Bankia, es ahora propiedad del fondo de inversión Arguijo, y fue socializado en 2015 y puesto a disposición del barrio. Nueve años después, podría desaparecer.

Antes que La Ferroviaria y La Bankarrota, fueron desalojados en Madrid el histórico Patio Maravillas, La Dragona o La Ingobernable, este último paradigma y ejemplo de la ofensiva de la derecha madrileña contra este tipo de espacios. José Luis Martínez-Almeida, introdujo este centro social en su campaña electoral: “Cuando sea alcalde de Madrid los okupas de La Ingobernable van a dejar de vivir a costa de los madrileños y se van a ir a su casa”, aseguró en mayo de 2019. Dicho y hecho: tras ganar las elecciones, el nuevo alcalde apenas tardó unos meses en desalojar el centro social en una operación considerada ilegal por parte del Tribunal Supremo.

Tras otros intentos de okupación y posteriores desalojos, el proyecto anunció su fin: “Después de casi seis años arrebatando cachitos de Madrid a los poderes que se han encargado de destruir sistemáticamente cada reducto de la ciudad que hacía que la vida mereciese la pena ser vivida, pensamos que la mejor manera de continuar y expandir las luchas es poner punto final a nuestro viaje”, explicaron en un comunicado publicado en marzo de 2023.

Años después del desalojo, el inmueble que acogió a La Ingobernable sigue cerrado. La promesa de Almeida de convertirlo en un nuevo centro de salud todavía continúa en el aire, aunque finalmente fue cedido a la Comunidad de Madrid con esta intención. Antes, sin embargo, el Ayuntamiento trató de cederlo a una fundación vinculada al exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, para levantar un museo judío, una decisión que finalmente fue revocada. Ahora, sus puertas y ventanas tapiadas solo guardan una victoria ideológica del PP, cuya intención, según los hechos, no fue poner el inmueble a disposición de los madrileños y madrileñas, como prometió en campaña, sino, como denuncian los colectivos afectados, criminalizar la socialización de espacios públicos.

Otros centros sociales, por el contrario, sí han conseguido resistir la ofensiva contra la okupación, como La Atalaya, en Vallecas, o La Casa Invisible, en Málaga, entre otros. Este último espacio lleva años intentando que el Partido Popular, que gobierna el Ayuntamiento desde 1995, regularice su situación y ceda el inmueble en el que levantaron el proyecto en 2007. Este centro social, explican a lamarea.com, consiguió llegar a un acuerdo con el consistorio en 2011 para la cesión del edificio si llevaban a cabo la rehabilitación del mismo; un pacto que, aseguran, el PP finalmente no cumplió.

Desde entonces, se han enfrentado a varios intentos de desalojos fallidos: “Como han visto que esta vía de confrontación directa no les funciona, han acometido una vía judicial y nos han clausurado la barra y el patio. Como no consiguen echarnos, llevan a cabo una censura cultural indirecta. Aquí decimos que nos intentan matar a pellizcos”, ironizan desde el espacio malagueño.

Otros centros sociales como La Villana, también en Madrid, han optado por el alquiler o la compra del espacio para consolidar el proyecto de autogestión, a pesar de que la mayor parte de sus miembros proceden de la tradición okupa: “Está claro que hay una presión administrativa y policial para intentar eliminar este tipo de espacios porque suponen cuestionar el actual modelo económico y porque se salen del sistema”, explica Beatriz García, de La Villana y militante de PAH Vallecas.

Para Miguel Ángel Martínez, catedrático de Sociología Urbana y de la Vivienda en la Universidad de Upsala (Suecia), “la derecha siempre ha mantenido un discurso muy duro contra la okupación”. Es por eso que no considera que en la actualidad haya una ofensiva mayor contra este tipo de espacios: “Sí es cierto que se produjo una reacción contra la okupación muy fuerte principalmente entre 2019 y 2020 auspiciada por los medios de comunicación, pero que en realidad era una réplica a la legitimación que se había logrado tras la crisis de 2008, donde movimientos como la PAH habían logrado construir un marco que había convencido a mucha gente de que okupar era legítimo tras una crisis que había dejado a miles de personas en la calle. Ahora, sin embargo, el marco predominante es que los okupas son unos caraduras y unos vagos”, explica Martínez, que este año publicará el libro Centros sociales autogestionados (Akal) junto con Ibán Díaz Parra.

Por su parte, el profesor de Geografía Humana en la Universidad de Oxford, Alexander Vasudevan, también reconoce una mayor intensificación de los ataques contra el movimiento okupa como consecuencia de “una mercantilización sin precedentes de la vivienda”: “Los activistas por la vivienda en toda Europa han sido cada vez más criminalizados, marginados y vilipendiados. Los espacios improvisados y, a menudo, precarios que crearon han sido demolidos y sus ocupantes desplados por la fuerza”, asegura el autor de La ciudad autónoma (Alianza Editorial, 2023). Asimismo, señala que los espacios comunitarios son un blanco para la derecha y la extrema derecha, que aprovechan “la escasez de viviendas y otras crisis relacionadas con la vivienda como parte de una retórica más amplia basada en un discurso conspiracionista y xenófobo”.

La izquierda abandona la defensa de la okupación

Según Miguel Ángel Martínez, en España, sin embargo, la ofensiva es muy parecida a la vivida en décadas anteriores: “En la medida en la que no ha cambiado la legislación, los ataques son similares, salvo algunas excepciones concretas contra centros sociales muy emblemáticos”, sostiene el sociólogo, quien recuerda que el Código Penal actual, que incluye la okupación como un delito penal, se elaboró a propuesta del PSOE. “Ni siquiera durante el franquismo fue delito entrar a un inmueble vacío, y solo Izquierda Unida y CiU pidieron sacar la okupación del Código Penal”, apunta.

En las últimas décadas, sin embargo, cree que también la izquierda ha abandonado la defensa de la okupación e incluso la ha perseguido. No en vano, fue el ayuntamiento encabezado por Manuela Carmena el que firmó la primera orden de lanzamiento contra La Ingobernable once meses después de su okupación, si bien anunciaron que no se iba a ejecutar el desalojo y se iba a optar por el diálogo y la negociación.

Rommy Arce fue concejala en el gobierno de Manuela Carmena como parte del proyecto Ganemos, el cual utilizó el edificio okupado del Patio Maravillas como lugar de reunión y de asambleas, un espacio que fue desalojado por la anterior corporación poco antes de la conformación del nuevo equipo de Gobierno. Arce defiende que “el conocimiento y los saberes políticos de este tipo de lucha se recogieron, en gran parte, en el programa de Ahora Madrid”, partido que adquirió “una serie de compromisos en relación al reconocimiento de la legitimidad de los centros sociales, su labor social, cultural…”.

Sin embargo, esos compromisos se fueron desvaneciendo con el paso del tiempo. Para la exconcejala, a Ahora Madrid “le faltó voluntad política y valentía a favor de los centros sociales ante la ofensiva que plantearon Partido Popular y PSOE”, lo cual culminó en una ruptura del ayuntamiento en abril de 2017, cuando Arce y otros tres ediles de Ahora Madrid abandonaron el pleno en el que el partido iba a votar a favor de convertir en apartamentos turísticos una de las sedes del antiguo Patio Maravillas. “Esa votación es el culmen del debate que habíamos tenido y provoca una fractura interna dentro de Ganemos que termina dividiendo a la formación”, explica la exconcejala.

Para el catedrático Miguel Ángel Martínez, la izquierda institucional nunca se ha mostrado abiertamente defensora de la okupación de centros sociales “porque es una batalla que no da votos, más bien resta”. Ante esto, considera que Izquierda Unida “siempre ha sido muy suavecita con estos temas a pesar de que pidió la despenalización de la okupación en los 90”. Sobre Podemos, al nacer al albur del 15-M y en los años en los que la PAH logró una legitimación de la okupación, Martínez sostiene que los morados surfearon esa ola hasta que se convirtieron en partido de gobierno: “Desde entonces, es un tema en el que evitan entrar de forma explícita, aunque hay mucha gente que viene de los movimientos de okupas, pero no hacen gala de ello”.

La fiesta sigue en La Ferroviaria mientras, en el sótano, siguen pintando pancartas: “Dejad espacios para la autogestión”, reza una de ellas. Intentarán resistir, aunque los ánimos están bajos y, algunos colectivos ya buscan alternativas. A poco más de dos kilómetros, en el barrio de Latina, una nueva semilla es plantada pocas horas después de que termine la fiesta. La Rosa es un nuevo centro social okupado en la capital, en pleno centro. “El corazón de Madrid sigue latiendo”, dicen sus balcones. Al menos por ahora.