Archivada la causa de cuatro periodistas acusados de falso testimonio sobre una agresión policial

Casi dos años después de ser formalmente investigados por falso testimonio, el juzgado de Instrucción 2 de Madrid ha archivado la causa contra cuatro periodistas que habían atestiguado una agresión policial a uno de ellos cuando cubría para El Salto Diario un mitin de VOX en Vallecas (Madrid), en abril de 2021. El denunciante y los testigos se convirtieron así en denunciados y se enfrentaban a una pena de uno a tres años de prisión –más multa–.

«La noticia la he recibido con alegría, pero también la he recibido tarde. Estamos hablando de una pena de banquillo de casi dos años. Y, aunque se haya archivado el caso, esto deja constancia del funcionamiento de la propia justicia en sí: con unas incongruencias increíbles, la jueza absuelve al policía porque dice, por un lado, que nuestros testimonios no coinciden entre sí; y, por otro, que nos hemos puesto en común acuerdo para mentir en el juicio. O una cosa o la otra», sostiene Guillermo Martínez, el periodista que denunció la agresión policial. Además, la justicia lo ha exonerado de las costas que le impuso previamente al reconocer que la jueza que abrió el proceso por falso testimonio no probó en la sentencia que absolvió al agente la supuesta temeridad y mala fe a la que se remitía.

Según manifestó Martínez, el policía lo agarró, empujó al suelo y agredió mientras trabajaba. La sentencia absolvió al agente y la jueza pidió la apertura de un proceso penal por falso testimonio tanto para el periodista como para los tres testigos, compañeros de profesión, que acudieron al juicio y relataron los hechos. «Todo pese al informe forense que acreditaba un hematoma perfectamente compatible con un porrazo policial, tres vídeos del suceso y la declaración del denunciante y los tres periodistas que vieron los hechos: Fermín Grodira, Juan Carlos Mohr y una reportera de Público«, informa en un comunicado CNT Prensa y Comunicación.

«Celebramos el archivo de un procedimiento penal que nunca debió ocurrir. Este caso agranda la impunidad de la violencia policial ejercida contra periodistas y lanza un mensaje de las consecuencias que puede tener denunciarla a nivel judicial. También reiteramos la petición de la derogación de la Ley Mordaza, que limita la libertad de información tanto a la ciudadanía como al periodista en su función de informar, pese a no haberse aplicado en este caso», añade el comunicado.

Ya absuelto, Martínez afirma que, aunque lo recibió con pesar, no le sorprendió cuando la jueza abrió un procedimiento contra él y sus compañeros. «Hemos visto que se persigue al sindicalismo, a los activistas que lanzan remolacha a esculturas de piedra… ¿Qué nos podemos esperar? No es especial por ser periodista ni mucho menos. Nos afecta a cualquier persona que comunique o, directamente, participe o se salga de intereses muy concretos marcados por las élites políticas, judiciales o incluso culturales».

CNT incide en el comunicado en ese aspecto: «Este caso ejemplifica la alianza de los distintos poderes del Estado contra la libertad de información y la rendición de cuentas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Si la primera jueza que absolvió al policía y mandó a juicio a los periodistas fue receptora de una medalla al mérito policial a propuesta de la Brigada Provincial de Información de Madrid, la jueza que instruyó la nueva causa por falso testimonio, María Cristina Díaz Márquez, tiene una medalla de la Policía Municipal de Madrid, fue directora general en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz (PP) y de Seguridad en la Comunidad de Madrid cuando era presidenta su amiga Cristina Cifuentes».

El sindicato recuerda que la jueza, exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, fue la misma que ordenó la detención de las periodistas que grabaron la protesta climática en el Museo del Prado en noviembre de 2022, acusadas de los delitos de daños, daños contra el patrimonio histórico y alteración del orden, cuya causa ha sido sobreseída recientemente. También exigió a elDiario.es que diese a la familia del dictador Franco el nombre de la fuente que filtró la lista de tesoros del pazo de Meirás pese a que la protección de las fuentes es un derecho constitucional y que la Fiscalía pedía el archivo.

«La Audiencia Provincial tuvo que archivar la causa iniciada por la familia Franco y continuada por el juzgado y recordarle a esta jueza cómo hacer su trabajo. La Audiencia Provincial de Madrid ya cuestionó la profesionalidad de Díaz Márquez cuando mandó archivar la denuncia de Vox contra José Félix Tezanos, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tras recordarle a la jueza que nunca debió haberla admitido a trámite, como dijeron Fiscalía y Abogacía del Estado», añade CNT, que subraya que en el caso de los cuatro periodistas en Vallecas fue la jueza quien pidió la apertura de un proceso penal por falso testimonio pese a que la defensa del policía no lo solicitó.

El sindicato, además, destaca la lentitud en sobreseer esta causa y la de las periodistas que cubrieron la acción climática: «La misma jueza tardó menos de mes y medio en archivar una investigación contra tres detenidos en las protestas contra la amnistía de noviembre de 2023 en la calle Ferraz de Madrid pese a que la Fiscalía pidiese que fuesen investigados por un delito de desórdenes públicos». Actualmente, sigue pendiente el juicio a un segundo policía denunciado por agredir a un periodista durante el mismo mitin de VOX en Vallecas.

«No olvidamos a las organizaciones que firmaron el manifiesto de apoyo a del #CasoPeriodistasVallecas y a quienes apoyaron la caja de resistencia para pagar su defensa legal. Agradecemos la solidaridad tanto pública como privada de tantísimas personas y colectivos que luchan por la libertad de prensa y contra la impunidad de la violencia estatal», prosigue el sindicato en el comunicado, en el que también critica la falta de apoyo en el caso de Vallecas y de la protesta en el Museo del Prado de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM): «Reiteramos que las asociaciones de prensa son instrumentos apegados al poder responsable de nuestra precariedad que no luchan por dignificar las condiciones de las trabajadoras«.

Dos años del encarcelamiento de Pablo González

CNT recibió la noticia del archivo de la causa el mismo día que se cumplieron dos años del encarcelamiento en una cárcel polaca del periodista Pablo González, para quien pide su liberación. «Por último, tampoco olvidamos que la represión policial y judicial es algo que persigue de manera constante a la CNT y sus militantes. Así sucedió con el “No Caso 14N”, donde dos cenetistas riojanos, Jorge Merino y Pablo Alberdi, se enfrentaron a un proceso que se prolongó casi ocho años, cuando el primero de ellos ni siquiera estaba en el lugar de los hechos enjuiciados».

«Desgraciadamente, –añade– lo hemos vuelto a ver con las llamadas Las 6 de La Suiza. Seis compañeras de CNT Xixón han sido condenadas a tres años y medio de prisión por hacer sindicalismo. La sentencia equipara piquetes informativos y concentraciones de trabajadores a las puertas de la pastelería La Suiza con coacciones y amenazas. Desde aquí, enviamos todo nuestro apoyo y un abrazo fraterno para las compañeras».