Medio ambiente
El Gobierno exime de la evaluación de impacto ambiental (EIA) a modernizaciones de regadíos de más de 100 hectáreas
El Ejecutivo aplica lo que denominan “evaluación ambiental alternativa” a las modernizaciones de regadíos financiadas por Europa. Desde el Ministerio de Agricultura reconocen que, si se aplicase lo que dice la ley (evaluación ambiental para todos los proyectos de más de 100 hectáreas), “las obras no se ejecutarían en plazo, con el consiguiente daño a la economía española”. Con este argumento, en 2024 han eximido de la EIA a un regadío de casi 7.000 hectáreas y varios que rondan las 4.000.
Por no perder los fondos europeos. Esa es la razón por la que el Gobierno de España está eximiendo de realizar la evaluación de impacto ambiental (EIA) a modernizaciones de regadíos de más de 100 hectáreas (que son las que están obligadas por ley a hacerla).
Desde el Ministerio de Agricultura, en declaraciones a lamarea.com, rechazan que se trate de una exención, sino que se les aplica una “evaluación ambiental alternativa”. En lo que va de año (como se puede comprobar en las referencias de los Consejos de Ministros) ya se ha aplicado esta rebaja en los requisitos ambientales a 18 obras de modernización de regadíos (una de las cuales mide casi 7.000 hectáreas y varias de ellas rondan las 4.000).
Asimismo, aseguran que la fórmula es “plenamente garantista desde el punto de vista ambiental, y persigue la ejecución en plazo (antes de agosto de 2026) de los proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De otro modo, si aplicásemos la evaluación ambiental prevista en la Ley, no se conseguiría, con el consiguiente daño a la economía española y al medio ambiente al no alcanzarse los objetivos ambientales del Plan”, argumentan.
Legislación contradictoria
En junio de 2023, a través del Real Decreto 445/2023, el Gobierno de España modificó la Ley de evaluación ambiental. Entre las variaciones, se incluyó la obligatoriedad de someter a una evaluación ambiental ordinaria (antes era simplificada) a los “proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, incluida la transformación en regadío y la mejora o consolidación del regadío, que afecten a más de 100 hectáreas”. Desde entonces, las obras de 10 a 100 hectáreas tendrán que pasar la simplificada (anteriormente, no tenían ninguna exigencia).
La medida supuso un endurecimiento de los requisitos ambientales, que fue criticado por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), por considerar “desproporcionado” exigir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para las obras de modernización de un regadío y que, en cambio, “no se pida lo mismo para las obras de demolición de presas con una capacidad menor a los 10 hectómetros cúbicos”. También calificaron de “grotesca, la equiparación de los proyectos de transformación de regadío con los de consolidación, mejora y modernización de regadíos”.
El presidente de la Federación, Juan Valero de Palma, manifestó entonces que “el sector del regadío tiene entre sus prioridades el cuidado y respeto del medio ambiente. Pero estamos sufriendo un trato injusto en la Ley de Evaluación Ambiental. Es urgente modificar los anexos para que las obras de modernización no deban someterse a ese tipo de evaluaciones, salvo cuando se realicen en zonas especialmente sensibles, lo que cobra especial importancia después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya marcado la modernización de obras hidráulicas como un reto para su próxima legislatura. Pues gracias a estas obras podemos producir más alimentos usando menos agua y energía y, en definitiva, beneficia al conjunto de la sociedad”.
Un mes después, como recuerdan fuentes de Agricultura a preguntas de este medio, se aprobó, en el Consejo de Ministros del 11 de julio de 2023, un protocolo “mediante el cual se aplica a determinados proyectos de modernización de regadíos comprendidos en el PRTR una tramitación ambiental alternativa”.
¿Por qué estos proyectos no pasan el examen ordinario?
Para eximir de la EIA a estos proyectos, el Gobierno se ampara, en primera instancia, en el artículo 8.3 de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Este estipula que, “en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado”, se podrá “excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.
La excepcionalidad de estas obras se le otorga gracias al artículo 66 del Real Decreto-ley 36/2020, que determina lo siguiente: «Se entenderá que concurren circunstancias excepcionales en el caso de los proyectos financiados total o parcialmente mediante el Instrumento Europeo de Recuperación, cuando se trate de meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes, que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o adición de nuevas construcciones ni afección sobre recursos hídricos y entre cuyos requisitos se incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones ambientales, tales como la eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la reducción de su impacto ambiental o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente”.
Y, finalmente, recurren a ese examen alternativo que se pactó en julio de 2023 como sucedáneo de la EIA, con el que “se garantiza de una manera muy robusta el más elevado nivel de protección ambiental en la ejecución de los proyectos, así como el cumplimiento de los principios de precaución y acciones cautelares, desarrollo sostenible e integración de los aspectos ambientales”, aseveran en el Ejecutivo.
¿Cómo es esta evaluación ambiental alternativa?
En concreto, explicaron en el Ministerio, esa variante del examen ambiental consiste en exigir a los ejecutores del proyecto que aporten un informe de cada uno de los requisitos establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, y otro sobre los efectos perjudiciales de la aplicación de la evaluación de impacto ambiental para la finalidad del proyecto, con base en la normativa europea (Directiva 2014/52/UE).
También se les pide un documento en el que conste la evaluación positiva en el cumplimiento del principio de “no causar un perjuicio significativo” (Do No Significant Harm), recogido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo. Y una certificación, en su caso, de que las actuaciones no conllevan repercusiones sobre los hábitats y especies objetivo de conservación en los espacios incluidos en la Red Natura 2000.
Por añadidura, han de entregar un informe favorable del organismo de cuenca correspondiente, respecto a la compatibilidad con su planificación hidrológica vigente y a la no afección a los recursos hídricos.
Para finalizar, si en el proyecto se va a ejecutar alguna balsa, será necesario el informe favorable de la Administración competente sobre seguridad de presas, embalses y balsas.
Un regadío de casi 7.000 hectáreas
Entre los proyectos que se han beneficiado de la evaluación alternativa en 2024, destaca, por su magnitud, el de “aprovechamiento de agua y ahorro de energía para las comunidades de regantes del sector X y XI del Canal del Flumen, mediante modernización y captación de agua a mayor cota para evitar bombeos (Huesca)”.
Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), consiste en modificar la actual toma de agua. La nueva “abastecerá una Balsa de Recepción, que a su vez alimentará una Balsa de Regulación”. De la primera partirá una tubería que alimentará a la segunda y conducirá caudales a una zona regable de 2.775,61 hectáreas. De la de Regulación partirá la tubería general 2 que conducirá caudales a otra zona regable de 3.955,46 hectáreas. Casi 7.000 hectáreas en total.
El segundo, por superficie (4.603 hectáreas), es el proyecto de modernización del regadío en la Comunidad de Regantes de la Ribera Alta del Porma, fase I (León). En este caso, se incorporará una estación de bombeo y se construirá una balsa con capacidad para 294.046,16 m3.
Mientras favorecen a los infractores, se ensañan con quienes defienden la salud de nuestra Madre Tierra, nada nuevo bajo el sol.
SEIS ACTIVISTAS DE ECOLOGIAS EN ACCION A JUICIO EN A CORUÑA por una denuncia falsa de la Cámara Oficial Minera.
Las activistas de Ecologistas en Acción reafirmaron en el Juzgado que se trata de una campaña de intimidación por parte del lobby minero con la que pretende silenciar las protestas utilizando el acoso judicial.
Los hechos se remontan a septiembre, después de que activistas de Ecologistas en Acción entregarán en la sede del organismo botellas con agua de las minas de Touro y San Finx.
La empresa de la mina de San Finx acaba de ser sancionada con una multa de 180.000 euros por vertidos ilegales de metales pesados, que la Cámara Minera intentaba negar.
DEFENDER LOS ARBOLES NO ES DELITO.
La Plataforma de vecinos y ecologistas de Lutxana y Barakaldo en defensa de los árboles de Serralta quiere hacer pública su solidaridad con la persona encausada y solicita el archivo de una causa judicial, que tiene su origen en un “ecocidio” consumado e impune. “Bastante dolor y sufrimiento es ver caer nuestros árboles de toda la vida bajo las motosierras, para tener que pagar ahora por tratar de impedirlo”.
El 7 de septiembre de 2022, decenas de vecinos y ecologistas de Lutxana y Barakaldo protestaban por la tala indiscriminada de árboles en la Avenida Serralta de Lutxana (Barakaldo), con motivo del inicio de las obras de urbanización del Parque Serralta. Finalmente, más de 40 árboles de gran porte fueron talados.
En el transcurso de la protesta, desarrollada de forma pacífica, un vecino de Barakaldo fue identificado y denunciado por provocar daños en una motosierra, con la que se estaba ejecutando la tala de los árboles. A su vez, el vecino denunciaba a uno de los trabajadores por provocarle lesiones leves, al intentar arrebatarle la motosierra. El próximo 21 de marzo sobre las 09:40h ha sido citado como denunciante y denunciado para la vista oral del Juicio por delitos leves, por presuntas lesiones y daños, en el Juzgado de Instrucción 2 de Barakaldo.
TRES ACTIVISTAS DENUNCIADOS POR UN PARROCO DE CARABANCHEL.
En entorno de la Ermita de la Antigua, el edificio con más años de Madrid, ha sido tradicionalmente un territorio abandonado por las administraciones y que ahora está pendiente de la ejecución del plan Urbanístico Cárcel de Carabanchel, APR 11.01. Este plan, cuestionado por el vecindario y por una veintena de entidades ciudadanas, prevé la destrucción de una zona verde, la desaparición de 700 metros de la vía pecuaria Vereda Camino de Boadilla, el arrase o enterramiento definitivo de un poblado carpetano y luego romano, el olvido de los restos –sepultados– de la derribada cárcel de Carabanchel, etc.
Los tres activistas denunciados forman parte de la plataforma ciudadana Carabanchel Historia y Patrimonio, que respalda y mantiene todas esas reivindicaciones. Son asiduos, desde hace unos siete años, en el entorno de la Ermita.
La tarea de mostrar, de forma voluntaria y altruista, los valores arquitectónicos y pictóricos de la Ermita parece haber desatado un ataque de celos por parte del párroco y de los empleados del cementerio anexo, que vienen actuando, incluso con amenazas, contra las personas de Carabanchel, Historia y Patrimonio.
Por otro lado, la Vereda que discurre a lo largo del cementerio y de la Ermita es lugar de vertido de escombros, neumáticos y residuos de todo tipo, que precisamente han sido recogidos en muchas ocasiones por grupos de ciudadanos a lo largo de los 700 metros de vía pecuaria para depositarlos justo en el punto al que llegan los servicios municipales de limpieza, lugar que coincide con las proximidades de la Ermita, lo que ha hecho que el párroco denuncie de amontonar ahí los residuos (para que los recojan los servicios municipales) justo a quienes están cuidando y adecentando la zona.
Si lo he entendido bien, ésto es como la PAC, cuanto más tienen más los benefician. Lo de siempre.
Las Confederaciones Hidrográficas siempre van del lado de los regantes, no de la sostenibilidad ni de la Nueva Cultura del Agua.
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La sostenibilidad turística ALTERNATIVA del caciquismo PP/VOX aragonés.
Plan Pirineos: a menos nieve más dinero público para las estaciones de esquí.
En opinión de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón «el anuncio del señor Azcón de que redistribuirá los fondos europeos de sostenibilidad turística en proyectos para el sector de la nieve por valor de 57 millones de euros, muestra la ausencia de política de este ejecutivo para afrontar el futuro más que incierto de las estaciones de esquí aragonesas y el efecto del cambio climático en nuestro Pirineo»
La inversión de Fondos Europeos de Sostenibilidad en la telecabina que conectará Benasque y Cerler por 19 millones y la unión de estaciones de Astún y Candanchú por 22 millones, «no tienen nada que ver con la promoción del turismo sostenible, tal como imponen los Fondos Europeos, sino con proyectos de construcción de miles de apartamentos en las zonas de Benasque y Astún-Candanchú. No hay voluntad de apoyar otro desarrollo en los valles que no sea el inmobiliario», añaden desde la plataforma que defiende las montañas aragonesas.
La ausencia, en el Plan Pirineros, de una estrategia meditada para abordar la transformación del turismo de montaña «lo ilustra el hecho de que la reciente ampliación de Aramón Cerler por Castanesa no ha podido abrir esta temporada ni un solo día por falta de nieve», sostienen…
https://arainfo.org/plan-pirineos-a-menos-nieve-mas-dinero-publico-para-las-estaciones-de-esqui/
Por «modernización de regadíos» se refieren a regar más pagando una factura energética menor por ello. Es decir, poder esquilmar más a saco y sin cortapisas los recursos hídricos de tod@s.
Esto es directamente una locura!!!… Como puede decir la administración que ahora es una “evaluación ambiental alternativa” para modernizaciones de regadíos, nos toman el pelo. Que poca seriedad y conciencia hay sobre el agua, se abre la puerta a graves daños ambientales sin la debida evaluación y control ¡Y más en grandes explotaciones!…
La experiencia nos ha demostrado que ignorar las consecuencias ambientales puede tener un alto precio a largo plazo. Un saludo, Pau de OVACEN