Decae la ley de amnistía tras el voto en contra de Junts

La votación se alargó, descanso mediante, pero el resultado fue el anunciado desde primera hora. La ley de amnistía no ha sido aprobada hoy debido al voto negativo de Junts, que había impuesto algunas enmiendas como condición para apoyar el texto. Ninguna de ellas ha salido adelante y, en consecuencia, los de Carles Puigdemont dieron su negativa al texto actual, que contó con 171 síes y 189 noes, estos últimos por parte de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, además de Junts.

Ante este escenario, la proposición volverá a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la cual «deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes«, según recoge el Reglamento de la Cámara Baja.

Durante las intervenciones previas a la votación, Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha asegurado que la posición de su partido se ha «mantenido» desde el principio: «Firmamos con el Partido Socialista […] la amnistía integral, una amnistía que no deje a nadie atrás, a nadie, una amnistía que repare la represión que el independentismo catalán sufre desde hace muchos años». Nogueras, sin embargo, considera que el texto actual «es un buen punto de partida» pero «tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado».

Este ha sido, para la formación independentista, el motivo de su voto en contra. La ejecutiva de Junts considera que la redacción actual puede permitir que que determinados jueces reabran casos que deberían estar amparados por la ley.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la diputada Pilar Vallugera ha defendido que la amnistía «va de las 1.500 personas que hace siete años que tienen su vida en tela de juicio porque el Estado les está reprimiendo». Asimismo, ha asegurado que la aplicación del derecho de gracia, en esta ocasión, «va de demostrar también en Europa y en el mundo la falta de democracia subyacente en las raíces del Estado español«: «Va de demostrar que lo judicial se cree que es el legislativo, y si los jueces quieren hacer leyes, que se presenten ya a las elecciones».

Gerardo Pisarello, de Sumar, en línea con las intervenciones de Martina Velarde (Podemos) y de Míriam Nogueras (Junts) ha criticado duramente al poder judicial y, en concreto, al juez García Castellón (instructor de la causa del Tsunami Democrático), al que ha acusado de ser «un juez parcial» por reabrir casos que llevaban años «durmiendo el sueño de los justos» en vísperas de las negociaciones por la ley de amnistía. Para el portavoz de Sumar, el magistrado estaría cometiendo un delito de prevaricación.

En el turno de Vox, Santiago Abascal ha definido la ley como «la mayor fechoría cometida por representantes públicos en nuestro país desde Largo Caballero e Indalecio Prieto», obviando, de forma interesada, el golpe de Estado franquista. A sus críticas se ha unido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha definido la norma como «un pago» del Gobierno al independentismo para que Pedro Sánchez sea presidente: «Esta ley es infame desde el minuto uno. Pero cada día, hasta llegar a hoy, la han convertido en una obscenidad mayor», ha denunciado Feijóo, que ha retirado las enmiendas de su partido para poder ser el último en intervenir.

Desde el PSOE, sin embargo, el diputado Francisco Aranga Vargas ha defendido que «el Estado de derecho prevalece, ha prevalecido y prevalecerá» después de la aprobación de esta ley. Además de ello, ha añadido que «España sigue sin romperse» a pesar de los vaticinios de la derecha y la ultraderecha, y ha sostenido que la «ley es buena para Catalunya» y, por ende, «buena para España»: «Es una ley que desde la Constitución trabaja por la convivencia».