Javier Milei, presidente de Argentina, ha elevado al Congreso un proyecto de ley que de facto supone la derogación del propio Congreso y la promulgación de un Estado autoritario unipersonal y plenipotenciario. La Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos es una norma habilitante que faculta a Milei para prescindir del resto de herramientas legales y constitucionales de contrapoder de la República Argentina.
El artículo principal de una ley ómnibus -de más de 300 páginas- establece que el presidente estará facultado para declarar la «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. El texto indica que Milei podrá aumentar ese periodo de manera unilateral dos años más, hasta el final de su legislatura.
Este artículo bastaría por sí solo para poner sobre alerta a los interesados en preservar la democracia, pero el proyecto de ley incluye otras medidas igualmente graves y que declaran un estado de sitio efectivo. La ley convierte la protesta en delito con una reforma del Código Penal que castiga con penas de tres meses a dos años a quien «sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
La reforma incluye penas de dos a cinco años para quien organice protestas o coordine una reunión o una manifestación. Asimismo, la ley reforma lo que se considera una reunión o manifestación, que será, según el artículo 331, ”la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”. Con esta argumentación, si se considera que alguien organiza en la calle una reunión de tres personas podrá ser penado con condenas de entre dos a cinco años de cárcel.
Tomarse la ley por su cuenta
La Ley ómnibus incluye una norma que faculta a los ciudadanos para tomarse la ley por su cuenta al incluir una reforma de la legítima defensa que permite asesinar de manera impune: “Quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carece de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”. Es decir, si alguien desiste de cometer un delito y sale huyendo se le podrá disparar por la espalda con total impunidad y no habrá manera de exigir responsabilidad penal.
Esta ley no es la primera que incluye una violación flagrante de los derechos de los ciudadanos argentinos. La Ley ómnibus enviada al Congreso fue precedida de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que ha entrado en vigor sin ni siquiera pasar por el Congreso. Dos leyes derogatorias de la democracia en solo un mes.
Tras promulgar la derogación efectiva del Congreso con un DNU, Milei acudió al programa de Mirtha Legrand para explicar de manera jubilosa que el magnate Elon Musk le había llamado para decirle que estaba muy interesado en el litio de Argentina y que otras corporaciones de EEUU también querían hacerse con el preciado mineral. Un ejemplo sencillo y claro de lo que busca Milei: el expolio del patrimonio de los argentinos y el sometimiento de los recursos naturales a las leyes del mercado.
El shock que anunció Javier Milei en su toma de posesión mientras de manera simbólica daba la espalda al Congreso era un adelanto de lo que haría. El Decreto de Necesidad y Urgencia que promulgó el pasado 21 de diciembre entra en vigor hoy día 28 de diciembre y es difícil encontrar un constitucionalista en Argentina que no lo declare anticonstitucional. El proceso legal para tumbarlo ya ha comenzado, pero para entender la inconsistencia de la urgencia de las más de 300 medidas de desregulación de economía basta con atender a la derogación de la Ley de Warrants, que data de 1914. Es difícil argumentar la urgencia para derogar una ley que tiene más de 100 años. El DNU también deroga la Ley de tierras que impide a los extranjeros tener más de 1.000 hectáreas en propiedad, tener tierras protegidas o adquirir tierras fronterizas.
Allanar el camino a multimillonarios tecnológicos
Asimismo, se incluye la privatización de las empresas públicas y engrasa el camino para que sean adquiridas por corporaciones internacionales y multimillonarios tecnológicos. También se apuesta por la eliminación de las ayudas y subvenciones al transporte para las clases populares, el fin de las regulaciones para los alquileres que implicarán subidas exponenciales además de acabar con los controles de precios para la energía y los alimentos. Ello supondrá un aumento del coste de la luz, el gas, la gasolina y los suministros básicos hasta del 700%.
La estrategia de Javier Milei pasa por producir un shock tan inmenso que sea incapaz de valorarse en su totalidad por los argentinos. En el poco tiempo que lleva presidiendo el gobierno ha promulgado una devaluación masiva del peso por parte de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, un Decreto de Necesidad y Urgencia con más de 300 medidas desregulatorias que despojan de derechos y ayudas a los argentinos más vulnerables y una Ley ómnibus que busca facultar a Javier Milei para actuar como un monarca absoluto que prescinde del Congreso.
Cada ley, cada medida de todos los paquetes, es por sí misma un atentado a los derechos fundamentales de los argentinos y a la soberanía del pueblo, pero al convertirse en un expolio masivo y constante es imposible valorar la importancia y la profundidad del retroceso democrático de las medidas. El liberalismo de Milei no es diferente al históricamente conocido: seguridad, autoritarismo y desregulación masiva.