La ley de amnistía insiste en la Constitución como base de su legitimidad

«Toda amnistía se concibe como una figura jurídica dirigida a excepcionar la aplicación de normas plenamente vigentes, cuando los actos que hayan sido declarados o estén tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo de responsabilidad se han producido en un contexto concreto». Así comienza el texto de la futura ley de amnistía, que se remite desde el principio a la Constitución y que será presentada en el Congreso de los Diputados para su tramitación por la vía urgente.

«La amnistía ha sido utilizada en numerosas ocasiones en nuestra tradición jurídica. No es una vía novedosa, cuenta con numerosos precedentes en España. El más importante, pero no el único, es la Ley de Amnistía de 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre)», añade. «Además, se reconoce en el orden constitucional de buena parte de los países de nuestro entorno geográfico e influencia jurídica. Así, está prevista expresamente en los textos constitucionales de Italia, Francia o Portugal, que han aplicado esta medida en diversas ocasiones, siendo la más reciente la Ley 38-A/2023, de 2 de agosto, de Portugal, que amnistía a todos los jóvenes de entre dieciséis y treinta años por la comisión de determinados delitos, con motivo de la visita del papa Francisco a dicho país».

Como estaba previsto en el acuerdo anunciado por PSOE y Junts, la norma, contra la que están protestando el PP y la ultraderecha de VOX en las calles, abarcará desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, el día de su registro en la Cámara. De ese modo, amnistiará, según el Título I, los actos tipificados como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contable vinculados, de una u otra forma, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017, declarados ambos inconstitucionales.

También incluye acciones cometidas en este periodo aunque «no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración”. No obstante, a diferencia del texto del acuerdo entre el PSOE y Junts, la ley no hace referencia a los supuestos casos de lawfare.

«La aprobación de esta ley orgánica se entiende, por tanto, como un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población», dice la norma.

«Unas consecuencias, además, que podrían agravarse en los próximos años a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no sólo a los líderes de aquel proceso (que son los menos),sino también a los múltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados públicos que ejercen funciones esenciales en la administración autonómica y local y cuyo procesamiento y eventual condena e inhabilitación produciría un trastorno grave en el funcionamiento de los servicios en la vida diaria de sus vecinos y, en definitiva, en la convivencia social», añade el texto de la ley, que será apoyada en el Congreso por todos los grupos que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez salvo por Coalición Canaria.