Privatizar para renacionalizar de modo parcial a los 26 años: los ruinosos vaivenes del Estado con Telefónica

La actual ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, aseguró que “Telefónica es la empresa más estratégica de España”, después de que el operador de Arabia Saudí, STC Group, anunciara la compra del 9,9% de la compañía (operación que aún no se ha formalizado). Ahora, en lo que parece una clara respuesta a esta hipotética y potente llegada de capital extranjero, el Estado, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), está estudiando la posibilidad de entrar de nuevo en el accionariado de la teleco, después de su privatización en 1997.

En un comunicado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del pasado 30 de octubre, se informó de que la SEPI lleva tiempo monitorizando la situación de Telefónica, SA “y está llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía”. Dicho análisis, aclaran, “no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición”.

De hacerse, supondría renacionalizar Telefónica muy parcialmente, 26 años después de haberla privatizado. La gran diferencia es que el Estado llegó a poseer el 31,86% de la teleco, y ahora (aunque de momento sólo son elucubraciones) se habla de que podría adquirir un 5%.

El error de la privatización de Telefónica

Esto revelaría, según el profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid y responsable de políticas económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, “el disparate que supuso la privatización de Telefónica y de otras empresas públicas estratégicas». «Demuestra que no se pueden dejar empresas que son oligopolio o monopolios, o que están en sectores especialmente sensibles, en manos de intereses privados”, analiza.

A esto se refirió Joaquim Vergés, del Departamento de Economía de la Empresa de la Universitat Autónoma de Barcelona, en su estudio Balance de las políticas de privatización de empresas públicas en España (1985-1999), publicado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. “La hipótesis de que ciertas grandes privatizaciones vienen explicadas por la necesidad o conveniencia de desmonopolizar y/o desregular una determinada actividad o sector resulta, a pesar de lo que sugieren los planteamientos habituales, difícil de sostener en el caso de empresas como Campsa, Enagás, Retevisión, Telefónica o REE», afirmó Vergés. «En éstas –añadía– se han privatizado actividades que presentan características de monopolio natural, manteniéndose (total o parcialmente) la situación de monopolio de las empresas en cuestión (situación de monopolio sobre la que difícilmente se podría defender lo contrario en términos de racionalidad económica)”.

Recuperar la teleco

La privatización de Telefónica comenzó con Felipe González (PSOE) y terminó con José María Aznar (PP) en febrero de 1997, mediante una Oferta Pública de Acciones (OPV) sobre el 20,9% que todavía mantenía el Estado. Lo que supuso unos ingresos, de acuerdo con la SEPI, de 3.786,38 millones de euros. Fue la mayor OPV realizada en España hasta esa fecha.

En un artículo publicado en Mundo Obrero, Sánchez Mato cifra en 23.900 millones de euros el dinero que el Estado ha dejado de percibir por salirse de Telefónica: 20.002 millones por los dividendos no percibidos entre 1997 y 2003 y 10.102 por el valor de la participación estatal (que fue del 31,86%). A esto habría que restarle, con los cálculos de Mato, los ingresos por la privatización (3.786,38 millones) y las ampliaciones de capital que se ha ahorrado el Estado: harían un total de 6.139 millones de euros.

Es decir, comenta el economista, no sólo fue un grave error, sino también un “negocio ruinoso”. Puesto que, a precio de mercado, la adquisición ahora por parte del Estado del 5% de Telefónica (que es el porcentaje con el que elucubran diversos medios) supondrían unos 1.100 millones de euros. No obstante, aclara, estas operaciones se hacen fuera de mercado y las fórmulas para rubricarlas son múltiples, por lo que no se puede conjeturar con lo que tendrá que pagar el Estado si finalmente retorna al accionariado de la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete.

Con un 5% se puede tener el control

Actualmente, según la web oficial de Telefónica, las participaciones significativas en la empresa son: BBVA (4,87%), Blackrock, Inc (4,48%) y CaixaBank (3,5%). Ergo, con un 5%, el Estado sería el mayor de los minoritarios (siempre a la espera de lo que acabe pasando con el operador saudí).

Respecto al poder que el Estado podría ejercer sobre la compañía con ese 5%, Sánchez Mato sostiene: “Con un 5%, un Gobierno decidido puede hacer que Telefónica sea un instrumento público potente. Y con un 99,9%, un Gobierno que no quiera puede hacer que no valga de nada. Así que todo depende de la voluntad del Ejecutivo. Pero el PSOE no está en ésas”.

El Estado, además, tiene un 17% de CaixaBank (a su vez accionista de Telefónica) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

En respuesta a STC

Lo que sacudió el avispero fue el anuncio por parte de STC de que había adquirido una participación del 9,9% en Telefónica, por un importe total de 2.100 millones de euros.

La inversión, explicaron, se realizó mediante la adquisición de acciones representativas del 4,9% del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros que confieren una exposición económica sobre otro 5,0% del capital. STC Group, detallaron, obtendrá los derechos de voto correspondientes a ese 5% mediante la liquidación física de los referidos instrumentos financieros tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias. El grupo saudí también aclaró que no tenían la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica.

Que el porcentaje total estuviera por debajo del 10% evitaba que STC se topara con una parte del Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, el llamado ‘escudo antiopas’.

Pero chocaba con otra, la referida en el artículo 18 respecto a que las inversiones extranjeras (entre el 5% y el 10%) en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional (como es el caso de Telefónica) sí precisan de la anuencia del Ministerio de Defensa.

Pero es probable que también soslayen esta exigencia, ya que, como apunta elEconomista.es, los saudíes podrían haber renunciado a convertir en acciones ese 5% y, por tanto, pretenderían mantener el 4,9% actual.

Sánchez Mato también sostiene esta teoría: es posible que no fuera más que un negocio financiero, comenta, “pero lo han convertido en un problema de país”. Y en STC, continúa, “al ver la escandalera que se ha montado, habrán pensado que qué necesidad tienen de meterse en este bochinche. Convierten lo que no les exige autorización, y se llevan bien con todos, incluido su amigo el monarca español”.

Más de 43.000 millones de euros para el Estado por las privatizaciones desde 1984

La privatización de Telefónica, que ahora podría revertirse parcialmente, es sólo una de las muchas que se produjeron en España desde 1984 hasta la actualidad.

Entre 1984 y 1996, cifran en la SEPI, se realizaron en torno a 70 operaciones de venta de participaciones públicas, y el Estado ingresó más de 13.200 millones de euros.

A partir de 1996, agregan, tras la aprobación (el 28 de junio) del llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, “las privatizaciones fueron programadas con un carácter de globalidad y totalidad, a excepción de determinados sectores, como la minería del carbón, los ferrocarriles, la comunicación y algunas empresas de servicios públicos”.

En ese periodo, salen totalmente del ámbito público unas 50 empresas, entre las que se encuentran las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc. También se vendieron 15 fincas de la empresa Expasa y participaciones minoritarias de otras sociedades.

La mayor parte de estas privatizaciones las realiza SEPI, a las que hay que añadir las ejecutadas, hasta su integración en esta Sociedad Estatal, por SEPPa y por la Agencia Industrial del Estado.

Los ingresos generados por las privatizaciones realizadas durante el citado periodo suman casi 30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a las operaciones de venta concretadas a través de OPV.

Esto hizo, como detalla el economista Eduardo Garzón, en La Marea, que España pasara de tener 130 empresas públicas estatales participadas mayoritariamente y de forma directa en 1985, a sólo 16 en 2019. Y de 800 empresas en 1985 con participación indirecta o minoritaria, a 100.

En este momento, la SEPI abarca 14 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, y dispone de participaciones directas minoritarias en 10 empresas e indirectas en más de 100 sociedades.

El proceso privatizador en España

Germá Bel y Antón Costas, de la Universitat de Barcelona, analizan este desaforado proceso en La privatización y sus motivaciones en España: de instrumento a política. Sitúan el inicio en la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941. En 1976, éste ya se había convertido en el principal grupo industrial de España.

Entre 1977 y 1984, relatan, España experimentó una profunda crisis económica que –como señalan Martín Aceña y Comín en su estudio sobre los 50 años de industrialización de España desde la creación del INI– provocó “el desembarco masivo en el holding de empresas privadas en dificultades”. El INI, completan Bel y Costas, “fue empleado como hospital de empresas”.

Posteriormente, continúa el estudio, tras la llegada del PSOE al Gobierno, en diciembre de 1982, se abordó en el bienio 1983-1985 un proceso de saneamiento de la economía española, que fue el más intenso desde el inicio de la crisis. Tras este periodo, España abordó su integración en un espacio económico más amplio: la Comunidad Económica Europea. Este escenario llevó, desde mediados de la década de los ochenta, a un incipiente proceso de privatización de empresas del sector público.

Las privatizaciones entonces, por lo general, tenían el objetivo de reducir gastos y conseguir ingresos para la Hacienda Pública. Entre 1985 y 1991, se privatizaron 7,6 empresas de media al año.

La privatización como instrumento de política económica

En la década de los 90, indican, se aceptó la idea del empleo de la privatización como instrumento de política económica. Son paradigmáticas las palabras del ministro Aranzadi en 1922: “En este país, el único gobierno que ha privatizado es el socialista. La derecha, ya sea en la época franquista, ya sea en la época democrática, lo único que ha hecho es incorporar al sector publico empresas, como si fuese un hospital”.

Sin embargo, entre 1992 y 1996 hay una clara ralentización: se privatizan un promedio de tres empresas al año.

También en esa época, recuerda Garzón, se firmó el Tratado de Maastricht, que sentaba las bases para la introducción de la moneda única. Puesto que uno de los requisitos para poder formar parte de la unión monetaria era tener déficit público inferior al 3% del PIB, subraya, “el Gobierno de Felipe González encontró la excusa perfecta para vender las joyas de la corona”. Así, se desprendieron, entre otras, de Endesa, Repsol, Argentaria o Ence.

El PP no ocultó que era cuestión de ideología

En mayo de 1996, recuerdan Bel y Costas, el PP accedió al Gobierno de España. Y fue directo: el ministro de Industria, Josep Piqué, señaló: “La reordenación del sector publico industrial del Estado va a incluir en su seno el Plan Estratégico de Privatizaciones, que es un compromiso de investidura del presidente del Gobierno”.

Dicho plan clasificaba a las empresas públicas en cuatro grupos: las inmediatamente privatizables, las que precisaban la previa desregulación de los sectores, las que necesitaban antes un saneamiento patrimonial y las que no eran privatizables ni a corto ni a medio plazo.

En este periodo, las privatizaciones recuperan la intensidad del primero. Había, sostienen los autores del estudio, plena convicción de la superioridad sistemática de la gestión privada.

Por ello, enfatizan, “el Gobierno del Partido Popular situó la privatización en el núcleo de su política económica. Las motivaciones reveladas fueron más de carácter económico, relacionadas con la mayor eficiencia de la empresa privada, que de carácter financiero”.