Córdoba esconde una de las mayores fosas de fusilados de Europa

En las entrañas de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba dormita desde hace 87 años una de las mayores pesadillas de su historia. Los restos de más de 4.000 republicanos, fusilados por el ejército golpista de Franco, se amontonan en varias fosas comunes diseminadas bajo los camposantos. Si se confirma el dato, estaríamos ante uno de los mayores enterramientos de fusilados de todo el sur de Europa.

El listado provisional de 2.203 represaliados da una idea de la atrocidad perpetrada por los sublevados en una ciudad que no registró ni un solo disparo tras el 18 de julio de 1936. Córdoba cayó en manos del coronel Cascajo sin resistencia alguna. Y las nuevas fuerzas militares se entregaron a un exterminio sistemático bajo el puño de hierro de Don Bruno, delegado de Orden Público desde el 22 de septiembre de ese año.

Por mandato directo de Queipo de Llano, Bruno Ibáñez puso en marcha una despiadada maquinaria de represión que se llevó por delante la vida de hasta un centenar de represaliados al día. En el funesto listado se contabilizan fusilados de 289 municipios pertenecientes a 43 provincias españolas. Solo siete provincias quedaron fuera del poder aniquilador de los golpistas cordobeses. Y figuran ejecutados de hasta 16 países diferentes, incluida la francesa Renée Lafont, la primera mujer periodista fallecida en una guerra.

Todo indica que estamos ante una de las fosas comunes más mortíferas de la Guerra Civil. Hasta ahora, la de Málaga había sido la más numerosa, con 2.840 víctimas exhumadas hace ya algunos años. Córdoba puede ahora superar esa cifra. “Si se cumplen las expectativas, desde luego va a ser una de las más grandes”, sostiene el periodista Juan Miguel Baquero, experto en la represión y autor de varios trabajos relacionados con la memoria histórica.

Todas las grandes sepulturas de la Guerra Civil se encuentran en la mitad sur de la península. Así queda perfectamente identificado en el plan de exhumaciones diseñado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. “Podemos establecer una línea que va desde Castilla-La Mancha hasta Andalucía”, explica Fernando Martínez, historiador y responsable de memoria histórica del gobierno de Pedro Sánchez. “Algunas se están exhumando y otras quedan todavía por exhumar”. Se refiere a fosas comunes en las provincias de Ciudad Real, Alicante, Huelva y Jaén. Todas con una previsión de víctimas por encima del millar, según indica Martínez.

La fosa de Pico Reja, en Sevilla, acaba de ser exhumada y se han contabilizado 1.786 víctimas de la violencia política. En la capital hispalense aún queda otro gran enterramiento, el de Monumento, que podría albergar entre 4.000 y 5.000 cadáveres, conforme a los datos proporcionados por el secretario de Estado. Y la de Córdoba, repartida en dos cementerios distintos, también podría registrar guarismos muy elevados, según indican los estudios previos. “Podría ser una de las más grandes”, admite Fernando Martínez. “En Sevilla creíamos que en Pico Reja iban a aparecer mil víctimas y acabaron saliendo 1.786. Cuando empiecen las exhumaciones se verá”.

Exhumación en Córdoba

El inicio de las exhumaciones de Córdoba es cuestión de semanas, si no sobreviene un nuevo incidente que vuelva a paralizar el procedimiento. Carmen Jiménez es historiadora y ha formado parte del equipo técnico que ha documentado y localizado las fosas de represaliados de los cementerios de La Salud y San Rafael. Tiene ya sobre sus espaldas una solvente trayectoria profesional en la materia. “En efecto, podríamos estar ante una de las mayores fosas comunes de España. Si se conserva y no ha sufrido muchas remociones, estaríamos hablando de esos parámetros”, asegura. El problema de este tipo de enterramientos, sostiene Jiménez, es que se encuentran debajo de cementerios que permanecen vivos y suelen integrar cadáveres de procedencias distintas a la represión política. “No tenemos fosas única y exclusivamente dedicadas a fusilados”, aclara.

De ahí la dificultad de las labores de identificación. Otro contratiempo serio es que los cadáveres se encuentran en varias fosas repartidas en los dos cementerios. Algunas ya están localizadas. De otras hay indicios que se verificarán cuando comiencen las excavaciones. El proceso de exhumación es sumamente complejo. Los antropólogos forenses examinarán cada cuerpo para determinar si falleció de forma violenta. “Hacen un trabajo magnífico y la información que nos suministran es totalmente fiable”, asegura Carmen Jiménez. Y luego, de cada sujeto se extraerá ADN que será cotejado con el aportado previamente por las familias. En el año 2019, ya se hizo una primera recogida de muestras entre los allegados. En solo un día, se recogieron 150. Luego se han sucedido las aportaciones de ADN, que serán decisivas para el reconocimiento de los cadáveres.

En el cementerio de San Rafael, hay altas probabilidades de que aparezca un nuevo y puntiagudo escollo cuando los expertos comiencen a desenterrar cuerpos. Todo indica que una de las fosas está justo debajo de las sepulturas de los golpistas, a quienes se cedió precisamente el suelo en el que yacen los restos de sus víctimas. Si se confirma este extremo, la recuperación de ese conjunto de represaliados afrontará, con toda seguridad, obstáculos jurídicos y administrativos complejos.

Otras conjeturas elevan el número de fusilados en Córdoba a casi 5.000. Gran parte de ellos fueron ejecutados en los primeros meses tras el golpe militar. Hasta febrero de 1937, eran detenidos y ajusticiados sin procedimiento judicial alguno. Luego fueron constituidos los Consejos de Guerra para dotar de cierta formalidad a las ejecuciones. En todo caso, Málaga, Sevilla y Córdoba constituye el triángulo de la muerte de la represión franquista. “Tendríamos que irnos a la guerra de los Balcanes para encontrar fusilamientos masivos como estos”, asegura el periodista Juan Miguel Baquero.

Las exhumaciones de Córdoba están en la recta final. Desde que en diciembre de 2020 cuatro administraciones firmaran el protocolo y comprometieran 1,6 millones de euros para los trabajos, el proceso ha tropezado con sucesivos obstáculos. El último de ellos se produjo a las puertas de las elecciones municipales, cuando una empresa impugnó el pliego de adjudicación y tuvo que ser nuevamente redactado. La fosa de Monumento, en Sevilla, se encuentra en una fase más embrionaria. Lo cual arroja cierta incertidumbre sobre su efectiva realización. “El nuevo alcalde ha llegado diciendo que lo de la memoria es un derroche, así que es probable que no lo haga”, teme Baquero.

El asunto podría complicarse notablemente si hubiese finalmente un cambio de gobierno y VOX entrara eventualmente en el Consejo de Ministros. Fernando Martínez no desea contemplar siquiera ese escenario. “Estamos hablando de una cuestión de humanidad, de derechos humanos. Y estamos hablando de un requerimiento internacional por parte de todos los organismos de carácter humanitario para que se proceda a la exhumación de las víctimas y se les dé digna sepultura”, argumenta, solemne, el secretario de Estado de Memoria Democrática. En su opinión, quien paralice las actuaciones previstas se estará comportando con “mucha crueldad” en relación a los familiares.

Antonio Deza es presidente de la asociación de víctimas Dejadnos Llorar. Al borde de sus 87 años, reclama un esfuerzo decidido de parte de las administraciones públicas para poner fin a una pesadilla que pronto cumplirá 90 años. “Pido un acto de justicia”, reclama. Y sentencia: “Esto es una vergüenza para Córdoba. ¿Cómo se puede enfrentar al futuro teniendo una de las fosas comunes más grandes del mundo?”.