La Fiscalía se querella contra ‘El Litri’ (extorero) por un presunto robo de agua junto a Doñana

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla ha interpuesto una querella contra el extorero Miguel Báez, más conocido como ‘El Litri’, por un presunto expolio de agua de un acuífero cercano a Doñana. Según ha adelantado El País, el matador, ahora empresario, compró una finca de secano en 2019, la cual transformó en regadío para plantar 360 hectáreas de olivo hiperintensivo. Para regar los terrenos, Báez supuestamente ha extraído casi de 2.400 millones de litros (más de dos millones de metros cúbicos) del agua subterránea de forma ilegal durante los últimos cuatro años, de acuerdo con el escrito formulado por Fiscalía.

Por ello, el ministerio público acusa al extorero de un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público hidráulico, que cifra en 574.308 euros. Los cuatro pozos de la finca Carrascalejo, situada entre Húevar del Aljarafe y Sanlúcar La Mayor, en la provincia de Sevilla, fueron cerrados de manera cautelar hace casi un año, según publica El País, así como la balsa de riego. Por ello, el Seprona de la Guardia Civil visita los terrenos cada dos semanas para supervisar que las captaciones de agua no hayan sido reactivadas.

Estas medidas fueron tomadas tras una denuncia de la organización ecologista WWF en 2021: «Nosotros solemos hacer un trabajo rutinario en Doñana y alrededores y fuimos viendo la transformación progresiva de esta finca de secano a olivar hiperintensivo», explica Felipe Fuentelsaz, coordinador de Agricultura y Agua de WWF España. Tras presenciar estos cambios, solicitaron la documentación que acreditase el permiso para regar los terrenos: «Fue entonces cuando la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir nos confirmó que solo tenían una concesión para el riego de menos de cinco hectáreas, por lo que elaboramos un informe y lo denunciamos ante Fiscalía, que ahora ya ha decidido tomar acciones».

Fuentelsaz asegura que la finca extrae el agua del acuífero de Campo de Tejada, el cual no pertenece directamente a Doñana, aunque no descarta afecciones indirectas al Parque Nacional por su cercanía al río Guadiamar, eje fundamental del agua en Doñana.

Los casos anteriores

Báez se enfrenta un precedente: hace algunas semanas, el Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla emitió una sentencia calificada como «histórica», que sanciona con tres años y medio de cárcel a los cinco hermanos propietarios de la finca Hato Blanco Viejo, situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), por hechos acaecidos entre 2008 y 2013. Según el fallo, los hermanos Campo Peña contaban con una concesión para el riego de 456 hectáreas. Sin embargo, durante el periodo 2008-2013 “los cinco acusados, teniendo plena conciencia de la protección legal y valor ambiental del espacio de su propiedad en la finca […] han incumplido de forma deliberada las condiciones establecidas por el organismo de la cuenca”, llegando a duplicar el consumo de agua permitido a través de captaciones ilegales. Estos “abusos” ya habían provocado en años anteriores que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir incoara diferentes expedientes sancionadores que “finalizaron todos con cuantiosas sanciones”.

Las reiteradas actuaciones ilegales de los latifundistas han puesto “en grave riesgo” el sistema natural del Parque Nacional de Doñana, asegura la sentencia, provocando una afección directa al acuífero sobre el que se encuentra la finca, actualmente en un “mal estado cuantitativo”. De acuerdo con un informe pericial adscrito a la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, el robo de agua ha sido de tal magnitud que ha provocado un descenso de hasta 15 metros en el nivel freático del acuífero. En total, los daños causados por los acusados en esos años asciende a casi dos millones de euros, que deberán ser abonados por los terratenientes en concepto de indemnización. Además, los cinco hermanos han sido condenados como coautores directos de un delito contra el medio ambiente y un delito de daños al dominio público.

Este caso, no obstante, no es aislado. El pasado mes de junio, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y una patrulla del Seprona de la Guardia Civil acudieron a la finca Aljóbar, también situada en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), con el objetivo de clausurar de manera cautelar ocho pozos presuntamente ilegales que estarían extrayendo agua para el riego de cultivos. Sin embargo, según explicaron a lamarea.com, la propiedad les impidió el paso. Ante ello, solicitaron una orden judicial para poder acceder a los terrenos privados y así llevar a cabo las medidas cautelares que impidan que se siga extrayendo agua. En octubre, desde la CHG aseguran que todavía no han recibido la orden para llevar a cabo estas acciones.