Las claves de un gobierno progresista más allá de la amnistía: del trabajo decente al despido restaurativo

Todo comenzó con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La entonces conocida –mucho más que ahora– como ministra «comunista» llegó a un acuerdo con todos los agentes sociales, empresarios incluidos, para elevar hasta los 950 euros la cuantía. Ocurrió poco antes de la pandemia, a principios de 2020, y aquel incremento suponía 50 euros más con respecto al último realizado por el Ejecutivo en solitario del dirigente socialista Pedro Sánchez.

Desde entonces hasta ahora, la vicepresidenta en funciones y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no ha parado de marcar la agenda política con una batería de mejoras laborales: ley rider, ERTE, reforma laboral, registro de horarios, nuevas subidas del SMI… «Abandonemos las distopías, soñemos. Si no tenemos futuro ni podemos pensarlo, no tenemos vida. […] Abandonemos las distopías y caminemos hacia las utopías«, dijo Díaz en unas jornadas sobre transición digital y cambios en el mundo del trabajo organizadas por la Fundación Espacio Público.

Para muchos colectivos damnificados durante años por políticas de derechas, la reedición de un gobierno progresista de coalición era prácticamente una utopía días antes del 23 de julio, cuando se celebraron las últimas generales. Hoy, sin embargo, la realidad es que PP y VOX no gobernarán España por el momento. El encargo del rey a Sánchez para afrontar un proceso de investidura apunta a que, a diferencia del fiasco de Feijóo, esta vez sí saldrán los números. De no salir, además, Sánchez volvería a tener argumentos, de cara a quienes lo acusan de incumplir la Constitución en la negociación con los partidos independentistas, para poder ganar unas hipotéticas nuevas elecciones. El CIS, al menos, es lo que dice.

De lo que no habrá dudas si finalmente se cumple la formación del gobierno de coalición será de la continuación en el avance de los derechos laborales iniciado en aquel viaje común entre PSOE y Unidas Podemos, entonces liderado por Pablo Iglesias, que ha durado hasta ahora.

«Es clave que alcancemos un acuerdo de gobierno ambicioso. Es evidente que estamos trabajando para que transitemos en una salida democrática en nuestro país, pero la aportación de Sumar tiene que ver con ganar derechos para nuestro país, los trabajadores, para un nuevo estatuto del becario, para reducir la jornada laboral, abordar el despido, la ley de cuidados, una ley de sanidad que regule los tiempos máximos de espera, salud mental, calidad en la educación pública…», dijo Díaz antes de la reunión con Sánchez. «En definitiva –añadió–, para que tengamos igualdad fiscal, porque sigue pasando en España que los que más tienen menos aportan a las arcas públicas; y sigue pasando que hay una enorme desigualdad entre lo que tributa un autónomo o una pyme y una gran corporación en nuestro país».

Tras el encuentro de ambos dirigentes este mismo miércoles, el PSOE ha confirmado que deberán avanzar en todas estas cuestiones que tienen que ver con el día a día de la clase trabajadora. Y el mismo Sánchez se refirió a ello en su primera comparecencia tras el encargo del rey: «Confío en que podamos conformar un gobierno de coalición progresista para consolidar los derechos y también, por qué no, para ampliarlos«. Hasta Feijóo, para sorpresa del hemiciclo, apoyó en su discurso de investidura fallida la subida del SMI que su partido tanto había despreciado.

La idea, han confirmado los dos partidos del gobierno de coalición, es tener cerrado el acuerdo antes de que finalice octubre. «Desde Sumar, no nos conformamos. Queremos un gobierno que reduzca la jornada laboral, suba salarios y aborde el problema de la vivienda», ha concluido Díaz.

Despido restaurativo

El encabezamiento del programa con el que Sumar se presentó a las elecciones del 23J es muy claro: «Una democracia económica y ecosocial al servicio de las personas». Así, entre las medidas que el partido liderado por Díaz planteará para una nueva legislatura se encuentra el despido «restaurativo».

Se trata de un nuevo modelo en el que la indemnización, más allá de los días por años trabajados, tendrá en cuenta factores determinantes como la edad de las personas trabajadoras, su formación o el sexo, que, en el caso de las mujeres, suele conllevar, además, discriminaciones o desventajas. Este nuevo modelo incide en la individualización del perjuicio que ese despido puede tener en los afectados y, en teoría, podría disuadir al empresario del despido improcedente.

Reducción de la jornada laboral

Como trasfondo de este reconocimiento, está el «trabajo decente», una expresión que se irá escuchando cada vez más en el Congreso en los próximos tiempos. Y en las conversaciones. El 7 de octubre, de hecho, se conmemora la jornada mundial dedicada a ello. Acuñado por la OIT en 1999, el término se refiere a poder desempeñar un trabajo productivo «en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, en el que los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social”. Tanto PSOE como Sumar lo tienen en sus líneas de gobierno.

Enmarcada en un Estatuto del Trabajo del siglo XXI, Sumar, por su parte, considera necesario articular una red básica de derechos, desde autónomos hasta cooperativas. Por un lado, el partido aboga por la reducción de la jornada laboral: «En 2024, se establecerá por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas y se abrirá un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta alcanzar las 32 horas semanales». Y, por otro, insiste en la flexibilización horaria y en la posibilidad de combinar el trabajo presencial con el telemático para garantizar no sólo el bienestar de los trabajadores y trabajadoras sino la productividad. Es, lo que en el programa se denomina como «soberanía del tiempo» y «humanización del trabajo».

«Alcanzaremos una ordenación del tiempo de trabajo corresponsable e igualitario que facilite la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal, evitando que muchas personas (mayoritariamente mujeres) se vean obligadas a reducir su jornada o a renunciar a su carrera profesional para poder conciliar las responsabilidades familiares y laborales», explican.

La diputada Aina Vidal fue muy contundente en su réplica a Feijóo durante el debate de investidura. «Usted aprovecharía cualquier oportunidad que tuviera para ser presidente. El problema es que no tiene los apoyos. […] Usted no ha renunciado a nada porque no tiene nada. Esa es la verdad. Una renuncia es, por ejemplo, la que las mujeres protagonizan cuando tienen que interrumpir su trabajo para los cuidados en su casa. Eso es renunciar a una carrera profesional, eso es una renuncia».

Contra la brecha salarial de género

Sobre ese aspecto, Sumar propone que todas las empresas vuelquen la información de sus registros retributivos (y, en el caso de las empresas que realicen planes de igualdad, también la información sobre la valoración de puestos de trabajo) en el sistema centralizado que se creará para medir la brecha salarial: «La información contenida en dicho sistema será integrada en el algoritmo HER, a partir de cuya explotación se desarrollarán las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de brecha salarial de género«.

El programa también menciona específicamente la mejora de las condiciones de las trabajadoras del hogar, que han venido sufriendo una discriminación histórica, en especial las mujeres migrantes. Fue sólo hace un año cuando el Congreso ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que equipara derechos laborales básicos de las trabajadoras del hogar con los del resto de trabajadores. 

Reducción de la precariedad

Otra de las preocupaciones de Sumar, claves a la hora de cerrar un futuro acuerdo de gobierno, es la precariedad, fundamentalmente la que se deriva de los contratos a tiempos parciales. «En los casos de jornada ordinaria marginal, la remuneración de la persona trabajadora será, al menos, un 10% superior a la que proporcionalmente le correspondería por tal jornada», se puede leer en el programa.

Por otra parte –prosigue–, debe consolidarse la jornada realmente realizada, de tal forma que, salvo en caso de negativa expresa por parte de la persona trabajadora, ésta tendrá derecho a consolidar como jornada ordinaria un porcentaje de las horas complementarias realizadas el año natural anterior.

Además, propone la participación sindical en el diseño, la regulación y la evaluación de los algoritmos en el ámbito laboral para prevenir y eliminar los sesgos discriminatorios.

Derecho a formación

El partido liderado por Yolanda Díaz también pretende avanzar en la formación entendida como un derecho. Y, por ejemplo, apuesta por un permiso anual. Con él, la empresa o la persona autónoma tendrá derecho a una bonificación de las cuotas empresariales y la persona trabajadora se considerará en situación legal de desempleo a efectos de percibir prestación por desempleo durante la misma. Por el contrario, incrementarán a las empresas que no realicen formación para su personal durante un año natural la cuota por este concepto en el año siguiente en un determinado porcentaje.