Medio ambiente | Política
VOX nombra como directora de producción ganadera de la Generalitat Valenciana a una empresaria de las macrogranjas
Organizaciones ecologistas reclaman a Carlos Mazón la destitución de Leticia Sanchiz Becquet, por la incompatibilidad del cargo que ocupa con su actividad empresarial.
Una empresaria del sector ganadero está al frente de la dirección general de Producción Agrícola y Ganadera de la Generalitat Valenciana. Leticia Sanchiz Becquet ha sido nombrada este mes de septiembre para este puesto directivo de la Conselleria de Agricultura, que dirige José Luis Aguirre (VOX).
Organizaciones ecologistas y sociales denuncian que su nombramiento «puede traer irregularidades y facilidades en la expansión de la ganadería industrial». Las entidades señalan en un comunicado que Sanchiz mantiene «39 cargos societarios en varias empresas pertenecientes al Grupo Sanchiz, el cual gestiona numerosas macrogranjas dentro y fuera del territorio valenciano».
Amigos de la Tierra, CERAI, Ecologistes en Acció País Valencià, Justicia Alimentaria, Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Transición Verde han remitido una carta a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana (PP) en la que exigen la destitución de la directora general de producción agrícola y ganadera debido al «fuerte conflicto de intereses» que representa su designación con su actividad empresarial.
Las asociaciones señalan que, según el artículo 12 de la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ejercer cargo público es incompatible con “el desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público”. Por lo que no se conforman con que cese sus funciones en las sociedades en las que trabaja, sino que consideran que no puede seguir en este cargo públio.
Amigos de la Tierra apunta que la nueva directora general contaba hasta hace algunos días con cargos directivos en empresas valencianas como Inversiones Ganaderas Porcinas SL, Granja de Ves SL y División de Inversiones Agrícolas y Ganaderas SL, empresa promotora de la controvertida macrogranja de Ayora (Valencia). El año pasado se aprobó la ampliación de esta instalación que tiene permiso para albergar 7.200 cerdos en una población de 5.200 habitantes. La ONG asegura que dicha ampliación “estuvo llena de irregularidades” ya que la empresa promotora “recibió una subvención de 230.000 euros incluso antes de contar con la Declaración de Impacto Ambiental aprobada” y la explotación funcionó de forma “ilegal” hasta ser finalmente regularizada en 2022.
Grupo Sanchiz gestiona numerosas macrogranjas dentro y fuera del territorio valenciano con una gran concentración en Castilla-La Mancha. Amigos de la Tierra estima que el grupo Sanchiz cuenta con unos 322.000 cerdos. «Esto supone una cantidad de 692.000 m³ de purines, 2.299 toneladas de nitrógeno que van a parar a los campos y a los acuíferos de las zonas de ubicación, con una producción de 2.930 toneladas de metano, lo que supone la contaminación de acuíferos y tierras de cultivo de la zona».
Las organizaciones solicitan además la destitución de Leticia Sanchiz porque «representa un modelo de gestión ganadera nada acorde a las necesidades y tradición de nuestro territorio valenciano». «El sector porcino se encuentra en marcado auge en el Estado español a expensas de la salud de las poblaciones colindantes a estas explotaciones, de los recursos finitos y necesarios para la vida como el agua o el suelo y de las formas de vida tradicionales como la ganadería extensiva y regenerativa», advierten.
“Me van a detener por ser insumiso y desobediente”, Oscar Reina denuncia persecución judicial
En un mensaje en Facebook, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) informa de la orden de “búsqueda y captura” emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla en su contra, por no aceptar una citación judicial injusta en un juicio que es un montaje.
La represión ejercida por el Estado va más allá del caso catalán, es una herramienta del Estado contra todas y todos aquellos que tratan de cuestionar al Régimen en sus aspectos económico, político, social y laboral. Así lo comprobaron los trabajadores de la Bahía de Cádiz a finales de 2021 cuando convocaron una huelga general del metal por el convenio en la provincia a lo que el Gobierno PSOE-UP respondió enviándoles una tanqueta. O los trabajadores de Tubacex para quienes la fiscalía pedía 4 años de prisión un piquete, o las trabajadoras de La Suiza en Gijón que también se enfrentan a penas de cárcel. También los trabajadores del campo andaluz como Reina sufren la represión constante en su lucha diaria contra la un sistema de explotación y opresión. Luchadores como ellos no agachan la cabeza e incorporan a su lucha la pelea por una amnistía para todxs lxs luchadorxs y por el derecho a decidir de los pueblos.
“Si me quieren detener, que me esperen, que yo no me escondo, aquí damos la cara, estos días seguramente puedan encontrarme en los tajos de aceitunas que recorremos todos los años o a pie de fábrica o defendiendo la Sanidad, la Educación y los derechos públicos y comunes. Aquí estoy y estaré, siempre con el Pueblo, con la mirada alta, las manos limpias y la conciencia tranquila de estar y hacer lo que debo”, ha escrito Reina.
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