Primera querella contra dos Mossos d’Esquadra por denuncia falsa a periodistas

En junio de 2016, tenía lugar el desalojo del Banc Expropiat, un centro social okupado del barrio de Gràcia de Barcelona. Durante la cuarta noche de manifestaciones para impedirlo, un agente de Mossos d’Esquadra abandonó el cordón policial y agredió con la porra al periodista Jesús Rodríguez, como demuestran imágenes grabadas por los periodistas presentes en los hechos, los testimonios de siete de ellos y una sentencia judicial.

Aquellla noche, en un hospital diagnosticaron que Rodríguez sufría una lesión en la pierna y una fractura en el dedo de la mano. La Audiencia Provincial de Barcelona confirmaría en 2021 que la agresión fue “gratuita” y haciendo un “uso de la fuerza que no estaba justificado”. El mosso fue condenado a dos años de cárcel y dos años de inhabilitación, la suspensión para el ejercicio de la actividad policial y una indemnización de más de 7.000 euros. 

También aquel día, otro agente de la BRIMO sufrió una rotura del tendón de Aquiles. En septiembre de 2017, un año y medio después de los hechos, el fotoperiodista Isidre García Puntí fue acusado de haberle provocado esta lesión al lanzarle una valla. El abogado de la Generalitat de Catalunya, que ejercía la acusación particular, pidió una condena de cuatro años de cárcel y 69.000 euros de indemnización para el fotoperiodista. La sentencia firme del juzgado Penal número 5 de Barcelona consideró probado que “no se puede asegurar que (la valla) fuera agarrada ni lanzada por nadie”. Y añadía que era probable que la lesión se produjera por la patología previa que ya sufría el lesionado. Tres años después de los hechos, el fotoperiodista quedó absuelto.  

Pero aun así, en 2021, en el juicio por las lesiones sufridas por el periodista Jesús Rodríguez, este último agente declaró que aquel día un fotoperiodista lanzó una valla que le causó una lesión en el tendón de Aquiles. Lo hizo cuando ya había una sentencia absolutoria firme hacia Isidre Garcia Puntí. Y en ese mismo juicio, el sargento superior de los otros dos validó estos hechos. Ambos agentes estaban declarando tras haber jurado o prometido decir la verdad. 

Ahora, Irídia y varias organizaciones han presentado por primera vez una querella contra estos mossos, anunciada durante la rueda de prensa de lanzamiento de la campaña#ProuMentidesPolicials. «Se trata de un caso flagrante de acusación y denuncia falsa contra un periodista y de un caso flagrante de falso testimonio ante los tribunales para exculpar a otro agente juzgado por violencia policial», ha declarado la abogada de Irídia, Sonia Olivella.

Impedimentos policiales al ejercicio del periodismo 

Como demuestran los datos del Mapa de la Censura, elaborado por Media.cat, en los últimos años han aumentado los casos en los que cuerpos policiales han protagonizado incidentes con los periodistas y han obstaculizado su trabajo y, por tanto, el derecho a la información, especialmente, durante las coberturas de protestas ciudadanas.

El presidente del Grupo Barnils, Enric Borràs Abelló, ha afirmado que este caso «es importante para toda la profesión». «Que un policía que debería proteger el derecho a la información mienta para obstaculizar el periodismo en lugar de defenderlo, es un ataque grave a la democracia», ha añadido.

Por ello, Iridia y las otras organizaciones que han lanzado la campaña #ProuMentidesPolicials sostienen que, aunque en el caso de Rodríguez y García han podido interponer una querella, “es un hecho excepcional debido a la opacidad y la dificultad para identificar y denunciar casos así”. 

La campaña también busca, según su comunicado, “evidenciar la falta de mecanismos de control válidos y de rendición de cuentas, denunciando la desprotección de los periodistas en el Estado español”. En este desamparo, subraya, juegan un papel fundamental la presunción de veracidad de los agentes policiales y los obstáculos para el ejercicio de periodismo amparados por la Ley Mordaza.  

La campaña cuenta con el apoyo de Free Press Unlimited, una organización que defiende que el acceso a la información, los medios independientes y la libertad de prensa son claves para la ciudadanía y las organizaciones que luchan contra las desigualdades. También considera que los medios de comunicación deben informar de manera independiente y facilitando el debate público con tal de contribuir a un cambio positivo para la sociedad.