Memoria en Chile. ¿Por qué en España no sucede lo mismo?

“Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”. Estas fueron algunas de las últimas palabras que Salvador Allende dirigió a su país aquel 11 de septiembre de 1973 en el que el ejército se sublevó contra el Gobierno. Medio siglo después, esas grandes alamedas se siguen abriendo a paso lento y con la mejor letra que puede hacer una sociedad en la que va a más el negacionismo de su pasado más traumático.

Ejemplo de ello es la condena a los siete militares que participaron en el asesinato de Víctor Jara, cuyo cuerpo fue encontrado en las inmediaciones del Estadio Nacional de Santiago de Chile con 44 impactos de bala cinco días después de la sublevación. Los antiguos militares que formaron parte de ese asesinato fueron condenados por la justicia hace apenas unos días. ¿Qué diferenció a la dictadura de Pinochet del franquismo? ¿Por qué en España parece imposible enjuiciar los crímenes de la dictadura que sufrió durante cuatro décadas? 

“En Chile se ha dado un proceso lento que todavía continúa, pero no hay que olvidar que todo lo avanzado ha sido bajo la Constitución aprobada por el propio Pinochet”, explica Luciana Fazio, especialista en Historia internacional contemporánea. La gran diferencia entre los dos países radica en que la Corte Suprema chilena tumbó la ley creada por los militares, lo que ha permitido enjuiciarlos y condenarlos. Muy diferente es lo sucedido en España con la Ley de Amnistía aprobada en 1977, una suerte de ley de punto final que actualmente deja sin castigo penal los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el yugo de Franco y durante la Transición posterior. 

En España se negoció la impunidad

Desde el punto de vista de esta experta, la clave está en que la Transición española fue un proceso negociado: “Con el objetivo de lograr la democracia, quedó enterrado todo lo sucedido durante el franquismo”, apunta. En Chile sucedió algo similar, pero de un modo totalmente diferente. Tan diferente, que su periodo transicional se dio con Pinochet vivo y un puesto de senador vitalicio. “Lentamente se ha ido adquiriendo conciencia de la importancia de las políticas de memoria realizadas tanto por gobiernos de derechas como de izquierdas”, explica Fazio.

Aquí radica otra de las grandes diferencias con el caso español, donde se ve esta política de memoria como algo partidista, innecesaria para una derecha que incluso se niega a condenar la dictadura en sede parlamentaria. “Quizá Gabriel Boric se ha empeñado más en sacar a la luz lo sucedido y reivindicar a los desaparecidos por su ideología de izquierdas, pero siempre dentro de un sistema económico y constitucional heredado del pinochetismo”, esgrime la especialista italiana.

Para Misael Arturo López Zapico habría que retrotraerse a los inicios de ambas dictaduras para entender sus consecuencias a nivel social y, por ende, las políticas de memoria actuales llevadas a cabo por los dos países. Él es docente de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y uno de los editores del libro coral Resonancias de un golpe. Chile 50 años (Catarata, 2023), en el que también participa Fazio. “La actitud de Allende aquel 11 de septiembre evitó una posible guerra civil en donde el ejército era claramente superior a cualquier otro grupo con acceso a armas”, inicia su diatriba.

Diferencias desde los inicios con Chile

Y ahí empieza el mito, el símbolo de las grandes alamedas que no solo se espera que se abran en el país latinoamericano. “Él se suicida como consecuencia del golpe y la situación en el ejercicio de la presidencia en el Palacio de la Moneda y no pide que la gente se enfrente a los militares”, añade. En cambio, en España la Guerra Civil fue larga y cruenta, con una estela de torturas, desapariciones y asesinatos en la retaguardia que infundieron un miedo que tuvo un reflejo en el escarnio efectuado por el ejército chileno décadas después. “En Chile se da una masacre de la oposición mediante el uso despiadado de la violencia, y eso hace que no sea hasta los años 80 cuando empiece un nuevo ciclo de protestas cívicas contra el régimen”, señala el docente universitario.

Así se llega a unos años en los que, paradójicamente, el desarrollo de la Transición en España se toma como referencia a un posible proceso similar en otros países. “El plebiscito de 1988 en Chile en el que el pinochetismo se quiere institucionalizar a sí mismo es, en realidad, el inicio del fin de la dictadura al ganar el NO”, y todo gracias a la organización de los partidos opositores que se rearman a partir de 1985 viendo esta posibilidad como una sinigual para poder derrocar el régimen.

No hay que olvidar que Pinochet goza de una vida “bastante plácida”, como caracteriza López, hasta que enferma y viaja a Londres. Ese es el momento que el juez español Baltasar Garzón aprovecha para reclamar su detención y ser juzgado por crímenes de lesa humanidad bajo el precepto de la justicia universal. Eso es lo que ocurre actualmente con la macroquerella argentina que intenta hacer llegar a las víctimas del franquismo la verdad, justicia y reparación que su propio país les niega. A pesar de ello, Pinochet murió en la cama.

Las diferencias entre ambos casos también remiten a la duración de las dos dictaduras. Mientras en España se sufrieron casi cuatro décadas de subyugación autoritaria y dictatorial, en Chile no llegó a los 20 años, al terminar en marzo de 1990. De todas formas, en ninguno de los países los victimarios rindieron cuenta de sus actos al terminar ese periodo histórico.

La pedagogía social como política de memoria

Chile adelantaría a España en cuanto al ejercicio democrático que supone, al menos, intentar saber qué ocurrió durante la dictadura. “Inicialmente no se buscaba la justicia como tal, sino tener conocimiento de cómo se había desarrollado el pinochetismo y de qué forma había arrasado con la vida de miles de personas”, agrega López. El tiempo pasó, el enjuiciamiento de Garzón se recibió con ambivalencia por la sociedad chilena y las políticas de memoria se convirtieron en políticas de Estado.

Aunque el número de personas que no censuran el pasado dictatorial de Chile ha ido en aumento en los últimos años, como ha sucedido en España, Italia o Alemania, el país latinoamericano ha apostado por esta pedagogía mediante la creación de lugares de memoria, en los que se explica con toda crudeza cómo se vulneraban los derechos humanos sistemáticamente. “Eso es muy distinto a lo que ocurre en España, donde es muy difícil que estas cuestiones ocupen el espacio público. Ni siquiera hay una placa en la Puerta del Sol, la antigua Dirección General de Seguridad franquista y actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde se recuerde que en sus sótanos se torturaba a opositores al régimen”, añade López.

“Han llegado a ser una referencia en la materia con ese Museo de la Memoria en Santiago de Chile, un ejemplo que se estudia sobre cómo se puede recuperar la memoria traumática de un país sin dejar de lado a los asesinados, torturados, los bebés robados y los exiliados”, continúa el editor de la monografía citada. 

La Constitución española, con limitaciones no corregidas a tiempo

Al fin y al cabo, como decía Fazio, la Transición negociada en España sepultó un pasado que florece de entre las cunetas todavía por abrir. “Pocos reivindican el proceso. Parte de la izquierda se siente incómoda con su relato y para la derecha, que la intenta reivindicar, aquel proceso supuso un freno más que un apoyo. Y luego está la actual extrema derecha que plantea un relato alternativo”, especifica el profesor de la UAM.

Ese pacto entre fuerzas tan dispares entre las que se encontraban antiguos integrantes del franquismo y comunistas vilipendiados por la dictadura confluyó en la Constitución española de 1978. La Carta Magna se aprueba con un sector importante de la sociedad con mucho empuje en la calle pero sin apenas peso político, mientras que hay un sector político con mucho peso pero sin apenas legitimidad social.

“Por eso la Constitución nace con algunas limitaciones que no son corregidas a tiempo, y se sigue sin hacer. En 2023 llegamos tarde, muy tarde, y eso es una deuda contraída por los gobiernos de izquierdas al no haber querido enfrentar ese pasado”, sostiene López en referencia a lo ya expresado por Fazio. 

El estado de las cosas, al igual que en Chile, también va cambiando en España. La actual Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que ha venido a mejorar la anterior –la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero–, ha supuesto un pequeño y tímido paso más en lo que a políticas de memoria se refiere en España. “Sin embargo, el ciclo político internacional apunta a un auge del populismo de extrema derecha del que no nos libramos. El relato negacionista ha calado entre los más jóvenes porque no saben realmente lo que supuso el franquismo”, determina el experto en Historia Contemporánea.

Las grandes alamedas esperan tras la derogación de la Ley de Amnistía

Preguntados por qué debería cambiar para que la verdad, justicia y reparación tan exigida por el movimiento memorialista fuera una realidad en España, los dos especialistas aluden a la Ley de Amnistía de 1977, que habría que derogar. El motivo principal es que amnistía crímenes de lesa humanidad, algo no permitido por el ordenamiento judicial internacional y que no prescriben con el paso del tiempo.

Quizá así, algún día, en España se pueda saber quiénes fueron los victimarios de tantas miles de personas desaparecidas y asesinadas bajo el franquismo. Por lo pronto, los exmilitares chilenos Edwin Dimter Bianchi, Ernesto Bethke Wulf y Juan Jara Quintana cumplirán 15 años de cárcel por el asesinato de Víctor Jara. Los también condenados Raúl Jofré González y Nelson Haase Mazzei han huido y Hernán Chacón Soto se ha suicidado tras conocerse la sentencia definitiva. El exfiscal militar Rolando Melo Silva también fue condenado a 8 años como encubridor del crimen. Poco a poco, el hombre libre y la sociedad mejor que trae consigo se abre paso por las grandes alamedas.