Las fronteras verticales del sur de México

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Yolanda muestra orgullosa las fotografías que le manda su familia desde República Dominicana. Sentada en una cafetería cerca del centro de la ciudad chiapaneca de San Cristóbal de las Casas, recuerda cómo está siendo su travesía. O más bien se arrepiente de haberla comenzado. Originaria de Haití, tuvo a sus cinco hijos en República Dominicana. En 2015 migró hacia Chile en busca de una oportunidad económica para ayudar a su familia pero, debido a la precariedad y la explotación, inició hace seis meses su periplo hacia Estados Unidos, con la compañía de su hijo mayor. Sus ojos se pierden cuando recuerda lo vivido en la selva del Darién. “Tomé agua de muerto”, dice al recordar que bebió el agua de un río que almacenaba cadáveres a su paso. 

La mujer cuenta que cada noche llora por aquellas personas a las que vio morir, por aquellas mujeres a las que –asegura– vio ser violadas. Al salir de aquel “infierno”, se dio cuenta de que solamente era el inicio de un camino donde habría más extorsiones, engaños y violencia, especialmente a su llegada a México. Su objetivo es seguir hacia el norte pero, como tantas otras personas, sufre lo que se conoce como las fronteras verticales: controles migratorios acompañados de violencia, eternos procesos administrativos que dificultan su tránsito y el aumento de los discursos de odio. “Llegamos a Palenque y a mi hijo lo apresaron. Estuvo 15 días en la estación migratoria de San Cristóbal y le exigían 800 dólares. Tuve que pedir a mi familia que consiguiera ese dinero y lo mandara a un número de cuenta para que pudiera salir”. Las estaciones migratorias son lugares considerados como entornos torturantes por varias organizaciones de la sociedad civil.

«Hay una política de quebrantamiento y elementos de tortura social con el propósito de desanimar el proceso migratorio»

Alejandra Elizalde coordina el programa de género y migración de la organización ‘Formación y Capacitación’, que ofrece acompañamiento integral a mujeres migrantes. Además, es de las pocas entidades en la región que tiene permiso para entrar en las estaciones de Comitán, San Cristóbal y Tuxtla. La coordinadora destaca que el incendio en la estación de Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo, puso en el foco mediático lo que llevan denunciado durante años. “Hay una política de quebrantamiento y elementos de tortura social con el propósito de desanimar el proceso migratorio. Al final, el muro que Trump decía que México iba a pagar no fue uno físico, sino hecho de barreras que conllevan graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.

Entre las violaciones que documentan en las estaciones se encuentra el hacinamiento o la falta de acceso a servicios básicos. “Hemos visto cómo, por ejemplo, en el ala de mujeres de Comitán la luz está encendida las 24 horas, o cómo en otras estaciones las personas no tienen derecho a salir al aire libre o comunicarse con sus familiares. También hemos reportado centros sin agua corriente, baños con cisternas rotas o sin elementos de separación entre áreas. Constantemente documentamos actos crueles, degradantes e inhumanos”. 

Y, como en el caso de Yolanda, Elizalde manifiesta que durante los últimos años son muchas las mujeres que emprenden las rutas migratorias. “Ya hemos superado el imaginario del hombre joven que viaja solo. Ahora también migran mujeres solas, con sus hijas e hijos y familiares. Y esto tiene que ver con las políticas extractivistas y de muerte que nos sacan de nuestros territorios. También huyen de la violencia estructural y patriarcal. De hecho, alrededor de un 80% escapa de la violencia de género o de intentos de feminicidio”.

Tapachula, primer tapón del sur

El río Suchiate, linde entre México y Guatemala, es uno de los pasos más concurridos de la frontera sur del país. Los balseros, mexicanos a un lado y guatemaltecos al otro, alternan el servicio de transporte a los centenares de personas migrantes que lo cruzan a diario a través de improvisadas embarcaciones formadas por llantas de tractor y planchas de madera. Pese a estar a escasos 200 metros del controlado Puente Internacional Rodolfo Robles, al cruzar el río, a las personas migrantes sólo les esperan dos paradas de refrescos y un mural: “Bienvenidos a México. Paso El Palenque”.

Los primeros controles empiezan al recorrer, a pie o en furgoneta, los 37 kilómetros hasta llegar a Tapachula, cabecera municipal. En el camino les esperan tres retenes migratorios, que muchas de las personas evitan bordeando los cerros, y constantes camionetas enrejadas patrullando la ruta: se las conoce como perreras.

Tapachula es la primera telaraña administrativa en la que quedan atrapadas las personas migrantes en México. Miles de ellas se agolpan en sus calles con el objetivo de no ser detenidas y sobrevivir el tiempo suficiente para obtener una cita en la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), institución absolutamente sobresaturada. De las 37.606 solicitudes de asilo recibidas durante el primer trimestre del año en el país, un 57,5% fueron registradas en esta ciudad. Aunque el permiso de refugio no es en sí un documento de tránsito, acaba siendo una alternativa para muchas personas cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos. Y más, después de que el pasado marzo el Instituto Nacional de Migración diera instrucciones de no otorgar permisos para el tránsito de migrantes. Este continuo cambio de políticas y leyes hace que todo el proceso sea mucho más confuso y desgastante.

Diego Lucero, psicólogo y miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, asegura que, pese al desbordamiento, no hay una voluntad explícita de revertir la situación: “Con la llegada del Gobierno de la Cuarta Transformación, los discursos que se promovieron fueron los de garantizar los derechos humanos. Sin embargo, la realidad es que en los últimos cinco años ha habido más desinformación, arbitrariedad y desesperación”.

«Que no haya un número significativo de denuncias responde claramente al miedo», dice Orlando

Al exterior de las oficinas de la COMAR, centenares de personas hacen cola a diario. Entre ellas está Orlando, un migrante haitiano que llegó a Tapachula esperando que su estancia en la ciudad fuera lo más breve posible. Tres años más tarde, sigue atrapado en la laberíntica burocracia migratoria. Está plenamente integrado en el sistema económico informal, creado por y para las personas migrantes en las plazas del centro de la ciudad. Vende chips de móvil a las recién llegadas y las orienta sobre dónde ir o con qué entidades contactar. Con eso, puede pagar el alquiler de una cama compartida, en una habitación compartida, en un piso compartido y ahorrar algunos pesos para mandarlos a sus dos hijos, a los que tuvo que dejar en Haití.

Sobre el aumento de los discursos de odio y la estigmatización, Orlando destaca que el racismo viene, principalmente, por parte de los cuerpos de seguridad. “Quien debe protegerte es quien más te violenta”, manifiesta Lucero: “Que no haya un número significativo de denuncias responde claramente al miedo. Aquí, exigir un derecho significa convertirse en el enemigo”.

Sin embargo, es la solidaridad entre las propias personas migrantes la que permite que muchas de ellas sigan adelante, como concluye Lucero: “Las organizaciones sociales no somos las únicas garantes de los derechos humanos. La gente está organizada, se comunica y convive. Y a través de esta cotidianidad se generan mecanismos para seguir resistiendo y transformando el miedo en un puente para intentar alcanzar su objetivo. Y, al final, muchas de ellas lo logran”.