Economía
Empresas sancionadas por la CNMC reciben licitaciones de Defensa por 2,6 millones de euros
Competencia multó a cuatro empresas por repartirse licitaciones del Ministerio de Defensa a través de dos cárteles. Desde que se inició el expediente sancionador (y aun después de que se oficializara la multa) algunas de ellas han obtenido multitud de contratos públicos millonarios.
Las empresas multadas, el pasado 25 de julio, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por repartirse varias licitaciones del Ministerio de Defensa a través de dos cárteles, han seguido obteniendo adjudicaciones millonarias (tanto del sector de la defensa como de otros) después de que se iniciara el expediente sancionador (el 30 de diciembre de 2021). Algunas de ellas incluso lo han hecho una vez castigadas. De hecho, si se contrapone el valor de estos contratos públicos que han conseguido tras la incoación del expediente, con el montante impuesto como pena, la balanza les resulta realmente favorable.
La CNMC multó a cuatro empresas y seis directivos que “se repartieron contratos. En concreto, llevaron a cabo pactos de no concurrencia, emitieron ofertas de cobertura, retiraron o no justificaron ofertas e instrumentalizaron el sistema de colaboración temporal entre empresas (UTE)”, apuntan desde Competencia.
Estos acuerdos anticompetitivos, agregan, “afectaron a casi un centenar de contratos valorados en 60 millones de euros: 13 acuerdos marco (AM), sus correspondientes 81 contratos (CBAM), y otros 10 contratos públicos. Las licitaciones estaban relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento”.
Este tipo de acuerdos están prohibidos por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, y suponen una infracción muy grave constitutiva de cártel, que puede ser sancionada hasta con un 10% del volumen de negocio de las empresas.
Este medio se ha puesto en contacto con la CNMC, tanto por vía telefónica como por correo electrónico, pero no ha recibido respuesta.
Star Defence Logistics & Engineering, S.L. (SDLE)
SDLE es, informan en su web, proveedor habitual de las Fuerzas Armadas Españolas, de la OTAN y de Naciones Unidas. Desde 2009, manifiesta, se ha posicionado “como uno de los proveedores principales del sector militar español y líderes en países como Jordania”. Competencia les multó con 3.302.912 euros por el cártel que formaron junto a Cohemo y JPG.
La CNMC inició el expediente sancionador contra todas las empresas implicadas el 30 de diciembre de 2021. Antes había inspeccionado las sedes de cada una de ellas. Concretamente, en la de SDLE estuvieron los días 9 y 10 de junio de ese año.
Tal y como se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Sector Público (dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública), a SDLE se le adjudicaron 19 contratos por valor de 6,4 millones de euros en 2022. En lo que va de 2023, ya se ha llevado ocho, por una cantidad de 7,1 millones. Así pues, desde que se incoó el expediente, ha obtenido licitaciones que suman 13,5 millones de euros.
Entre todas las de 2023 destaca sobre todo la última, cuya adjudicación se formalizó el 1 de agosto de 2023 (fecha posterior a la de la imposición de la multa), por un coste total de 2,6 millones de euros, para el apoyo al mantenimiento de vehículos de la familia BMR/VEC. La adjudicataria es la UTE entre SDLE y Cohemo y el órgano adjudicador es el Ministerio de Defensa.
Comercial Hernando Moreno Cohemo, S.L.U. (Cohemo)
Cohemo es la empresa que ha recibido la segunda sanción más cuantiosa por parte de Competencia: 1.517.944 (1.067.944 euros por el cártel entre ellos, SDLE y JPG; y 450.000 por el que formaron con Casli). La inspección de sus instalaciones también se produjo entre el 9 y el 10 de junio de 2021.
Esta compañía, que nació en 1993, se autodefine “como una empresa familiar, cuya principal actividad era la distribución de repuestos para vehículos militares del Ejército de Tierra Español”.
En 2022 se adjudicó 41 contratos por una suma total de 12,6 millones de euros. En 2023, ya lleva 22, que ascienden a 15,1 millones de euros. En total, 27,8 millones de euros desde que se inició el expediente.
Con fecha posterior a la sanción, ha obtenido el contrato de 2,6 millones de euros, gracias a su UTE con SDLE. Y otro, de 43.363,93 euros, el 8 de agosto de 2023, también del Ministerio de Defensa, para el “mantenimiento y adquisición de clase IX para blancos abatibles”.
Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios, JPG, S.A. (JPG)
La inspección en la sede de JPG (en cuya web se afirma que son un “referente en el sector de defensa español, con más de 60 años de existencia”) se realizó entre los días 3 y 4 de noviembre de 2021. De ahí deriva la sanción de 1.304.220 euros por el cártel con Cohemo y SDLE.
El año pasado consiguió 31 contratos públicos que suponían 4,5 millones de euros. En 2023 ha obtenido siete, que se traducen en 2,2 millones. 6,7 en total. No ha tenido ninguna adjudicación desde que se interpuso la multa.
Casli, S.A.
Tras inspeccionar Competencia la sede de esta empresa en las mismas fechas que la de JPG, decidió imponerle una multa de 100.000 euros por el cártel que formó con Cohemo.
Son especialistas en maquinaria desde 1943 y su División de Defensa, subrayan, “participa en programas integrales de reparación y mantenimiento de vehículos blindados y acorazados, de ruedas y cadenas, de combate, transporte de personal o tácticos, contribuyendo así al sostenimiento y modernización de nuestras Fuerzas Armadas”.
Desde que se inició el expediente ha obtenido 32 contratos públicos. Veintitrés en 2022, por valor de 10,1 millones de euros; y nueve en lo que va de 2023, por un montante de 1,2 millones. 11,3 millones en total. Como en el caso de JPG, no aparecen adjudicaciones con fecha posterior a la sanción.
Casli, en declaraciones a este medio (La Marea se ha puesto en contacto con todas las empresas, pero sólo ésta ha contestado), deja claro que la CNMC «ha declarado una infracción limitada a una única licitación puntual, en un único expediente para el suministro de contenedores al Ministerio de Defensa, del que Casli fue adjudicataria, y que finalmente se materializó en un único contrato basado por importe de 58.987,50 euros que, además, nunca llegó a ser ejecutado debido a la imparable subida de precios del transporte y la logística».
Este hecho, agregan, «llevó a Casli a buscar suministradores alternativos, y es por ello que, aunque la CNMC habla de una subcontratación pactada, Casli lo niega rotundamente y defiende lo que fue una simple propuesta de suministro, sujeta a un contexto determinado, y tras haber licitado en pura competencia con todos los demás competidores».
Respecto a las adjudicaciones logradas tras la incoación del expediente, afirman que durante estos años se ha reducido su actividad relacionada con Defensa. En parte, esgrimen, «por la actuación de las empresas competidoras». Por ello, explican, «en 2022 y 2023, las adjudicaciones en este ámbito a nuestra empresa han sido mínimas».
El ECOCIDIO, a debate en el Parlament de Catalunya: un paso adelante para reconocerlo como un crimen
Actualmente, existe una triple crisis ambiental: climática, de biodiversidad y de contaminación. La globalización y la desregulación de los mercados han permitido la externalización de los costes sociales y ambientales de la actividad productiva por parte de las transnacionales en las últimas décadas hasta el día de hoy. Por eso somos testigos de grandes daños ambientales, por los que no se está pudiendo responsabilizar a los culpables.
El ECOCIDIO en sentido amplio es el mal masivo y la destrucción de los ecosistemas, es decir, un mal grave en la naturaleza de forma generalizada o a largo plazo. Esto incluye daños relacionados con las actividades extractivas, la contaminación del suelo y el aire por la actividad productiva, las pruebas y desastres nucleares, los efectos de las armas químicas, los derrames de petróleo, la contaminación de los océanos por los plásticos, entre otros otros.
La CPI es el único foro mundial donde el ecocidio puede ser ilegalizado directamente por aquellos que lo sufren, creándose así una mayor marginalidad hacia aquellos que siguen contaminando. A diferencia de simplemente demandar por la vía civil y, en consecuencia, condenar al pago de una multa a las corporaciones (que ya incluyen esta posibilidad en sus presupuestos), convertir el ecocidio en crimen crearía un delito que comportaría la detención y, por eso, las personas responsables de actos o decisiones que provocan graves daños ambientales, podrían ser sometidas a un enjuiciamiento penal. Además, se trataría de la creación de un marco jurídico internacional preventivo de los peores daños en la naturaleza y protector de las bases de la vida….
En 2022 la ayuda militar española al gobierno nazi y títere USA de Ucrania ascendió a 320 millones de euros, la financiera fue de 350 millones y la humanitaria de 50 millones y en 2023 las ayudas no paran de ascender.
Tambien nosotros somos títeres USA/OTAN.
OTAN, Defensa, Casa Real, una institución medieval impropìa del siglo XXI, todo es el mismo chanchullo capitalista; pero la gente aunque cada vez cuesta más llegar a fín de mes, aunque la precariedad aumenta para la mayoría en beneficio de una minoría, aunque nos dejen sin Planeta habitable, aunque nos recorten derechos y libertades, aunque nos devuelvan a plena dictadura, la gente «no sabe, no contesta»