El giro ultra del proceso constitucional chileno

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El martes 30 de mayo por la tarde, la Comisión Experta del Proceso Constitucional 2023 terminó de votar los artículos del Anteproyecto de Nueva Constitución, listo para el Consejo Constitucional. Desde el 7 de junio, día de su instalación, los 51 electos tienen la base de un trabajo que deberán continuar y finalizar durante los próximos meses. Fue un avance importante en el nuevo proceso: una consejera entonó el himno nacional y hubo aplausos, pero la escena estuvo lejos de la épica que envolvió el día en que se instaló la Convención Constitucional en 2021. 

En esa ocasión, hubo ovaciones, lágrimas y se captaron imágenes históricas que daban cuenta de un punto de inflexión en la vida política y social. Lo que vino después fue una secuencia de hechos que generaron la confusión internacional, pues el estallido social y los eventos que le sucedieron dieron como resultado la propuesta de la que sería la Constitución más progresista del mundo, pero no logró entusiasmar a buena parte de la población y finalmente fue rechazada por un 62% de los votantes en un plebiscito de salida celebrado en septiembre de 2022. 

Ante ese aplastante resultado, el presidente Gabriel Boric propuso “prolongar este proceso por un año y medio más para discutir todo desde cero” y dejó en manos del Congreso una nueva hoja de ruta para redactar una Constitución que consiguiera un apoyo mayoritario. La fecha elegida para ir a las urnas fue el 7 de mayo pasado. El resultado del nuevo consejo constitucional fue llamativo: no sólo quedaron fuera partidos históricos como la Democracia Cristiana o nuevas fuerzas políticas que habían tenido un buen despegue, como el Partido de la Gente, sino que además el Partido Republicano (PR), de extrema derecha y con una postura contraria a cambiar la actual Constitución, consiguió 23 escaños de los 51 que comprende el consejo. 

El resultado repercutió de inmediato en el Gobierno de Gabriel Boric, y tensó aún más las relaciones con algunos partidos de la ex Concertación que hoy se encuentran en sus filas. “Nuestro país, una vez más, utiliza el diálogo para resolver sus diferencias, porque hemos entendido que la democracia se fortalece y se defiende con más democracia, no con menos”, dijo Boric en una rueda de prensa en la que aprovechó para felicitar a los Republicanos y pidió que el proceso “no sea de vendettas”. 

Se habló de un voto de castigo al Gobierno y su cuestionado liderazgo. También de una campaña de desinformación y de la desafección de los votantes después de las polémicas que enfrentó el proceso anterior. También se dijo que fue el factor del voto obligatorio. Pero lo cierto es que no existe una sola explicación para comprender por qué los chilenos y chilenas apoyaron la idea de cambiar la nueva Constitución y eligieron a un presidente de izquierda como Gabriel Boric para, en menos de un año, rechazar la propuesta y luego elegir a casi la mitad de los consejeros afiliados a la extrema derecha.  

Para entender desde cerca un resultado que desde lejos se ve contradictorio hay que concentrarse en las cifras: en el plebiscito de entrada, realizado en octubre de 2020, a un año del estallido social y con voto voluntario, casi seis millones de personas aprobaron la posibilidad de reemplazar la actual Constitución por un nuevo texto. Dos años más tarde, ya con el borrador en mano y con el voto obligatorio, 4.859.103 aprobaron la propuesta, por lo que la diferencia entre quienes votaron sí entre ambos procesos es de alrededor de un millón de votos. 

En medio del proceso constitucional se celebraron las elecciones presidenciales, que también aportaron sorpresa al vaivén político chileno. Durante la primera vuelta, fue el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien sacó la mayoría de votos con un 27,91%, frente al 25,7% de Boric. Sin embargo, Boric ganó en la segunda vuelta con un 55,87% , donde nuevamente se impuso el factor del voto voluntario.  

“Se ha pasado de un proceso muy abierto a uno muy cerrado, con dos órganos designados y un solo órgano electo mucho más pequeño”

“Por una parte, yo creo que sí hay un voto fuerte antiincumbente y antioficialismo, pero además, en la última elección, los partidos en general, en especial la ultraderecha y también los medios de comunicación, marcaron la campaña no en los proyectos de Constitución, sino en temas coyunturales que poco tienen que ver con la Constitución como, por ejemplo, temas de seguridad”, explica Julieta Suárez-Cao, académica de la Universidad Católica de Chile y miembro de la Red de Politólogas. 

Suárez-Cao considera que en cada elección las motivaciones son variadas: hay gente que vota en una ola antioficialista, pero también existen otras razones que pueden explicar la misma conducta, aunque recalca que el apoyo al Gobierno se ha mantenido estable. “Así lo muestran encuestas de imagen positiva y de aprobación al Gobierno, si se consideran los votos de la centroizquierda con el porcentaje del Apruebo. Dentro de todo lo que está en el aire, me parece que retienen esa parte del electorado”, argumenta.

El gran contraste entre ambas experiencias se ve también en todos los mundos que estaban representados entre los 154 constituyentes del proceso anterior y el perfil de los 51 consejeros actuales. El único representante indígena no fue elegido por escaño reservado, hay paridad pero no diversidad entre las mujeres que llegaron al consejo. Para la académica, las diferencias saltan a la vista: de un proceso muy abierto a uno muy cerrado, con dos órganos designados y únicamente un órgano electo mucho más pequeño. 

Esta vez tampoco hay representantes independientes. “Creo que hay una interpretación bastante consolidada que culpa al fracaso del plebiscito al funcionamiento de la convención y a la apertura que tuvo”, dice la politóloga para explicar que en este nuevo proceso se buscó hacer todo lo contrario. “Ya no hay 17 escaños reservados, no son los 10 pueblos indígenas los representados, las candidaturas independientes no pueden armar sus propias listas. Solamente se mantiene la paridad, pero la representación descriptiva de las mujeres, la presencia, no se tradujo en normas fuertes hacia la igualdad de género en el anteproyecto”, dice Suárez-Cao. La ventaja de la extrema derecha resulta preocupante en un momento simbólico y sensible para el país: en septiembre próximo, Chile conmemora los 50 años del golpe de Estado cívico militar encabezado por Augusto Pinochet. Además de los 17 años que quedaron marcados en la historia, la herencia de la dictadura va más allá de la actual Constitución que rige a este territorio suramericano, pues aún se mantiene una deuda enorme en materia de derechos humanos y los discursos negacionistas han proliferado entre políticos y comentaristas que tienen canales con cientos de miles de seguidores en YouTube. Algunos de ellos incluso se han convertido en diputados del Partido Republicano. 

Sin ir más lejos, Luis Silva, uno de los consejeros del PR, habló de Pinochet reconociendo que tiene “un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista”.  Además, calificó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura como una “mancha” en el legado del dictador. Silva fue el consejero constitucional más votado de la papeleta. Sus palabras repercutieron de inmediato en un país que aún hoy presenta heridas que no han podido sanar y en un año en que el Gobierno ha recalcado la importancia de un “nunca más”. 

El presidente Gabriel Boric no tardó en utilizar su cuenta de Twitter para responder al consejero: ??”Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente antidemócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance para evadir la justicia. Estadista jamás”.

También la ministra portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, abordó la polémica y fue más allá dejando ver su preocupación por una fuerza política con “varios representantes que se han reconocido como pinochetistas”.

“Evidentemente que, a 50 años del golpe cívico-militar, nos preocupa que exista negacionismo, que se pretenda aún justificar o validar un golpe de Estado, una dictadura que violó derechos humanos, que masacró a parte de nuestro pueblo, que persiguió políticamente, que torturó y que generó heridas hasta el día de hoy”, dijo la exlíder estudiantil y exdiputada del Partido Comunista. 

Julieta Suarez-Cao opina que este fenómeno necesita una explicación mucho más amplia. “Es la ausencia de educación democrática profunda. Aparentemente no fue considerado como algo importante por los gobiernos civiles después de la transición y me parece que Chile está definitivamente al debe en todo lo que es educación de derechos humanos, memoria y ni hablemos obviamente de justicia y reparación”, dice la politóloga. 

Los grandes ausentes

La Convención Constitucional se instaló el 4 de julio de 2021 con una escena que dio la vuelta al mundo: Elisa Loncón, constituyente mapuche por escaños reservados, fue elegida la primera presidenta de la instancia e inauguró el proceso con su vestimenta tradicional indígena en el estrado del ex Congreso Nacional. Hoy la presencia de pueblos originarios está muy lejos de esa imagen. Se eliminó la figura de escaños reservados y fue reemplazada por un mecanismo para lograr un cupo supeditado al rendimiento electoral, por lo que el consejo constitucional cuenta apenas con un asiento: el líder mapuche Alihuen Antileo. El resto de los nueve pueblos indígenas no tiene representantes ni voz directa en el proceso. 

Luis Jiménez fue uno de los constituyentes elegidos entre los 17 escaños reservados representando al pueblo aymara en el proceso anterior. Hoy, desde el norte del país, este abogado repasa los desaciertos de la primera Constituyente, observa el proceso actual y compara la disposición que ha regido ambos caminos. “Creo que fue una suma de causales. Es un debate que aún no se cierra y que no tiene una respuesta sencilla”, dice Jiménez sobre el giro que dio el país entre la propuesta progresista de la que él fue parte y el proceso actual. “Y creo que el Gobierno, al intentar comprometer el éxito de su mandato con el éxito de la convención, se vio, por así decirlo, atrapado sin estrategia frente al resultado”. 

El consejero constitucional más votado, Luis Silva, llegó a manifestar su reconocimiento al dictador Pinochet como «un estadista»

Para el representante aymara, el intento del Gobierno por recuperar la agenda y no verse debilitado hizo que en la opinión pública se instalara la idea de culpar a la Comisión Constituyente y que dentro de ella se señalara a los independientes y pueblos indígenas. “Se dijo que todo lo que decíamos nosotros era lo que precisamente la gente había rechazado en el plebiscito”, afirma. 

El exconstituyente se refiere sobre todo al reconocimiento constitucional que tendrían los pueblos originarios en la propuesta anterior y los respectivos artículos que fueron malinterpretados o transformados en bulos, asegurando mentiras como que se refundaría el país, que los símbolos patrios serían reemplazados o que habría una justicia indígena que se aplicaría a toda la población. Una marea de desinformación que fue utilizada como caldo de cultivo por grupos nacionalistas que lideraron una campaña para rechazar la propuesta constitucional. 

En este escenario político movedizo, en el que el ascenso de la extrema derecha sucede a nivel nacional e internacional, Suárez-Cao no sabe si pueden surgir nuevas fuerzas políticas. “Lo que hay es cómo se van realineando. Se juntan, se separan, hay posibilidad de listas únicas, de listas separadas. Todavía eso está un poco en el aire”. Y aunque aún faltan tres años para las presidenciales y el lugar que hoy ocupa el Partido Republicano puede cambiar de manera radical, la politóloga no cree que este proceso determine una buena posición de Kast en los próximos comicios. La realidad ya ha demostrado los giros impredecibles entre una elección y otra.