Entrevistas | Sociedad

“Los grandes propietarios y las constructoras no quieren que haya un parque público de vivienda en España”

La Ley de Vivienda es ‘light’, dice Alejandro Inurrieta, por la presión que ejercieron los ‘lobbies’ sobre el PSOE para dejar el control de precios fuera del texto.

Alejandro Inurrieta, expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler. DANI DOMÍNGUEZ

No es que lo que está por llegar en el mercado de la vivienda sea bastante negro, es que “no hay futuro”. Alejandro Inurrieta, economista y expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, es tremendamente pesimista con el devenir del sector. Y la Ley de Vivienda no le hace cambiar de opinión: “Sin un control de precios, es papel mojado”.

El mercado del alquiler, señala, “es una selva y un medio de vida para mucha gente, que no quiere que entren empresas formales y organizadas”. Por eso, enfatiza el experto, “hay un conjunto de personas que nunca tendrán un acceso asequible a la vivienda. Siempre lucharán contra una situación irreversible. Las condiciones seguirán siendo draconianas”.

Con La Marea habla de la situación presente y de la actualización del censo de vivienda elaborado por el INE, con el que tampoco está muy de acuerdo: “Todo lo que hay alrededor de la vivienda vacía es un agujero negro. Nunca sabremos, con la metodología actual, cuántas realmente podrían estar disponibles para sacarlas al mercado del alquiler”.

El anterior censo de vivienda del INE se hizo en 2011, ¿por qué se ha tardado tanto en hacer otro?

El INE ha cambiado su metodología: ahora lo hace mediante un muestreo, antes contaba las viviendas. Esto ha reducido la calidad de la estadística y hace que sea más difícil ver la realidad. Máxime en el caso de la vivienda vacía, donde la información que se tiene normalmente es mucho menos fiable.

El problema es que es muy difícil determinar qué es una vivienda vacía. Es muy complicado de analizar, porque meten también vivienda casi destruida, que tiene su referencia catastral, pero es inhabitable. Todo lo que hay alrededor de la vivienda vacía es un agujero negro. Nunca sabremos, con la metodología actual, cuántas realmente podrían estar disponibles para sacarlas al mercado del alquiler.

¿Y cómo se podría mejorar el sistema estadístico?

Quien más se aproxima a los países que mejor lo hacen en Europa es Catalunya. Allí había un conocimiento bastante alto de las personas que vivían de alquiler, gracias al depósito de fianzas en la Administración. Eso, que es una cosa que debería ser normal, pues no lo es. Catalunya y Euskadi son las que más se acercaban a la realidad, pero en el resto hay un gran déficit estadístico.

En Francia, por ejemplo, el registro de los contratos de alquiler lo hacen los ayuntamientos. Es la Administración más cercana al ciudadano y, por tanto, tiene la capacidad de registrar estos contratos y de saber cómo están los precios en cada zona de la ciudad. Y si el ayuntamiento es pequeño, podrían hacerlo las diputaciones. Eso ayudaría a mejorar las estadísticas, pero en España no hay interés en que esto suceda.

Pero actualmente es obligatorio depositar las fianzas.

Es obligatorio, pero no se cumple. En este mercado no hay inspectores. Esa labor deberían hacerla los inspectores de consumo, pero no hay. Cuando uno tiene un problema con su casero, o se va a un juzgado, o no hay ningún estamento público que le ayude. En Europa hay mecanismos de arbitraje muy desarrollados. En España estamos a años luz. Y no hay interés por mejorar.

Según el INE, sólo el 16,1% de las viviendas están en alquiler. Teniendo en cuenta que comprar una casa es algo reservado para unos pocos ahora mismo, la situación parece realmente problemática.

El tema del alquiler, como te he dicho, es un agujero estadístico. No se sabe cuánta gente de verdad vive en España de alquiler, no hay una estadística fiable. No sé si el 16% es la realidad. Los alquileres no están fiscalizados por Hacienda, la declaración de la persona que recibe un rendimiento es voluntaria, hay mucha gente que lo hace (porque tiene reducción), pero otra mucha que no (para tener un dinero en negro).


«Cuando uno tiene un problema con su casero, o se va a un juzgado o no hay ningún estamento público que le ayude»


¿Habría que obligar a declararlo?

Por supuesto. Y no sólo eso, habría que obligar a registrar los contratos de alquiler, que es otro de los puntos negros que tenemos en España: no hay capacidad para saber realmente cuántas personas viven de alquiler con un contrato. Porque también hay gente sin contrato. Falta mucha regulación y no confío mucho en la Ley de Vivienda, porque si gana la derecha la va a derogar.

Si la Ley de Vivienda siguiera en vigor, ¿servirá para mejorar las cosas?

Es una ley de mínimos, que ha salido con mucha dificultad, y que no va a solucionar el problema principal que es el de la carencia de un parque público de viviendas. El mercado del alquiler es una selva, no hay control, y esta ley tampoco establece ningún mecanismo para ejercerlo. ¿Va a bajar los precios? No. ¿Va a hacer que no suban tanto? Puede ser.

Hecha la ley, hecha la trampa. Los grandes despachos de abogados ya están trabajando en cómo burlar la ley: un buen ejemplo es lo que están pasando con las inmobiliarias y los gastos de gestión, que no paran de buscar fórmulas para seguir cobrándoselos al inquilino.

Esta ley per se, sin un control de precios, es papel mojado. El mercado del alquiler es un medio de vida para mucha gente, un caldo de dinero negro, y les molesta que entren empresas formales y organizadas, que hagan que este mercado sea mucho más profesional.


«El tema del alquiler es un agujero estadístico. No se sabe cuánta gente de verdad vive en España de alquiler, no hay una estadística fiable»


¿Hay mucha presión sobre los partidos para no intervenir este mercado?

Claro. El problema de la Ley de Vivienda es que el PSOE recibió muchísima presión de los lobbies para que la ley no entrara en lo que quería Podemos, es decir, en el control de precios. Por eso se ha hecho una cosa liviana, light, para salir del paso, y que no soluciona, ni mucho menos, los grandes problemas que tiene el mercado de la vivienda en España, que tienen que ver con el parque público.

Por mucho que se les llene la boca con la vivienda pública, si llegáramos al 20% o 30% que tienen en los países europeos (aquí estamos en un 2%), el valor de la vivienda en España caería, y eso no lo quieren los grandes propietarios y las constructoras. Si tú inundas el mercado de vivienda barata, como el precio del alquiler determina el precio de compra en el futuro, obviamente, el precio al que vas a poder vender baja mucho. Por eso hay tanta resistencia en España a construir vivienda pública. Si hubiéramos tenido el mismo modelo que en Austria o Alemania, el valor medio de la vivienda en este país sería infinitamente más bajo.

¿En otros países europeos no hay esa presión sobre los gobiernos?

Empezaron mucho antes y ya tienen una estructura hecha. En Viena tienes el 50% del parque público. Eso ya es irreversible. La gente sabe que no puede especular con la vivienda. Y hay muchos profesionales liberales, con buenos sueldos, que están toda la vida de alquiler, porque les sale a cuenta. Y también hay vivienda privada a precios asequibles, porque si tienes mucha pública, los propietarios no pueden subir mucho los precios de la privada.

¿En qué se quedarán entonces (si sigue gobernando) las promesas de Pedro Sánchez sobre la vivienda pública?

Esas cosas se dicen sin pensar y sin hacer números. Para empezar, desde el Estado no se construyen las viviendas, porque son competencia autonómica y municipal. Son las Comunidades Autónomas las que deciden cuántas viviendas se hacen y en qué régimen. Se les da un dinero y ellas hacen de su capa un sayo. En Madrid, por ejemplo, se siguen subvencionando viviendas para rentas por encima de 100.000 euros, o sea para hijos de personas que viven en Valdebebas. Son modelos en los que se usa el dinero público pero que no solucionan el problema de acceso para gran parte de la población: mujeres solas, madres solteras, jóvenes, gente mayor…

Hay un conjunto de personas que nunca van a tener un acceso asequible a una vivienda. Siempre vamos a estar luchando contra una situación irreversible, porque en España nunca vamos a tener un modelo de vivienda como el que tienen los países más avanzados.

¿Qué se puede hacer para frenar los desahucios?

Cuando hay un desahucio, la ONU te dice que no se puede llevar a cabo sin una solución habitacional. Se produce, vienen las cámaras, esa noche la familia duerme en un hotel pagado por el Ayuntamiento, y a los tres o cuatro días, ya no sabemos lo que pasa. No sabemos si esas personas están viviendo en la calle.

Pero los ayuntamientos no tienen capacidad. Es que no hay vivienda en España y la poca que había se ha vendido a fondos buitre para hacer caja. Prima el negocio. Como en la educación o en la sanidad. Parte del Estado del bienestar se ha convertido una actividad especulativa.

¿Habría que obligar a los bancos a poner a disposición de las Administraciones públicas un porcentaje de las viviendas vacías que tengan?

Eso sería un remedio a corto plazo. También se podría haber hecho que la Sareb fuera una entidad pública de verdad y haber puesto todo ese parque en alquiler. Eso hubiera mitigado la situación, aunque no habría resuelto el problema estructural. Necesitamos 7 millones de viviendas públicas para alcanzar unas ratios similares a los de los países europeos. Si una vivienda tarda dos años desde que se empieza hasta que se termina, pues calcula.


«No hay vivienda pública en España y la poca que había se ha vendido a fondos buitre para hacer caja. Prima el negocio. Como en la educación o en la sanidad»


Ve el futuro muy negro.

No hay futuro. En España esto ya es estructural. La vivienda va a seguir siendo un bien de mercado, no de uso. No se van a regular los precios y quien quiera alquilar una vivienda a un precio razonable se tendrá que ir, en el mejor de los casos, a un pueblo, y si no, volver a casa de sus padres.

Habrá un porcentaje de la población que nunca conseguirá destinar menos de un 50% de su salario a la compra o el alquiler de una vivienda. Las condiciones seguirán siendo draconianas para mucha gente.

¿En qué momento reventó todo esto? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Un momento clave fue la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, que provocó una avalancha de capital extranjero que se metió a comprar pisos en España y generó una gran alza en los precios.

Pero luego el problema es que nunca ha habido un parque público como el europeo. Ellos empezaron en los años cuarenta. En España, hasta los años setenta, había una mayoría de personas que vivían de alquiler. Pero luego, con la famosa frase del ministro franquista de “vamos a pasar de los proletarios a los propietarios”, se produjo una venta masiva y hubo un cambio de mentalidad.

Y todo eso de la okupación tiene que ver con los pequeños rentistas. “Es que van a quitarme el piso, me lo van a expropiar…”. Y contratan a esos matones de Desokupa o compran una alarma. Es una psicosis que se ha creado sobre los pequeños rentistas. Y eso es lo que hace que el modelo sea opaco, negro, sin control.

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Comentarios
  1. Ya lo hizo Aznar y por eso estamos así. Y otro dato: en 2004 se construyeron en España mas viviendas que Alemania, Francia e Italia JUNTAS. Opinar sandeces es escupir al cielo.

  2. Sr. Orzowei:

    Si no trabaja usted a sueldo de las patronales de promotores, constructoras, bancos y fondos de inversión, entonces es que desconoce el “mercado” de la vivienda.

    He trabajado más de 40 años al servicio de cooperativas (con socios “reales”, no familiares y empleados del “promotor”, o “la gestora”) que han construido y entregado mas de 4.000 viviendas a sus socios (personas a las que conocí y en casi todos los casos necesitaban y vivieron en la vivienda que les tocó, bien por sorteo, bien por orden de antigüedad).

    También con mi equipo hemos proyectado vivienda pública para las administraciones (fundamentalmente IPPV, IVIMA y EMVSM).

    Y le puedo asegurar que una buena parte de todas ellas, tanto las “públicas”, como las “de cooperativa”, aparte de servir inicialmente para satisfacer una “necesidad” que supuestamente es también un “derecho”, han servido fundamentalmente para enriquecer a los “adjudicatarios” que, tras recibir ayudas publicas en forma de cesión de suelo, subvenciones a fondo perdido, bonificación de tipos de interés y deducciones en la declaración del IRPF, han visto incrementar su patrimonio por la extraordinaria revalorización del precio de sus viviendas que en muchos casos incluso han vendido a precio de mercado, triplicando, o cuadruplicando a veces el coste que pagaron.

    Obviamente todo esto con la complicidad de una administración que no ejerce sus derechos (de tanteo) y de unas leyes (fundamentalmente autonómicas) que, a partir de los años noventa se han redactado a la medida de los intereses de los citados en el primer párrafo y los políticos que como D. Joan Clos (supuestamente “Socialista”) se han convertido en los jefes de algunas de esas patronales.

    La entrevista con D. Alejandro Inurrieta me parece excelente y de recomendable lectura (atenta) y difusión entre nuestro amigos y allegados.

    Únicamente (optimista que soy) discrepo en un punto:

    Me niego a aceptar que “No hay futuro” aunque reconozco que “En España esto ya es estructural”.

    La solución, a medio y largo plazo, pasa por dejar de votar a los partidos que promueven (y se financian, bajo cuerda) estas políticas y amparan y cobijan a estos “hampones”.

    Y, a más corto plazo, por prohibir la venta entre particulares de cualquier vivienda que haya recibido ayudas (del tipo que sean) respetando el derecho de propiedad del primer adquirente mientras la ocupe (y quizá, en determinados casos, la transmisión “mortis causa” a sus herederos directos) y prohibiendo la constitución de hipotecas de riesgo sobre las mismas.

    Fuera de esos casos, los notarios, registradores entidades financieras no podrían actuar en ninguna compraventa que no tuviera como destinataria a la administración pública que “Obligatoriamente” adquiriría la vivienda por su precio oficial actualizado y la pondría a disposición de los “demandantes inscritos en un registro público” ordenada según criterios de necesidad y cumplimiento de condiciones, igualmente “públicos” y consultables por todos.

    Algo de esto ya se hizo (con éxito) en el País Vasco entre 2001 y 2009 hasta que los poderes antedichos les pararon los pies.

    Perdón por la extensión; Pero el asunto es bastante complejo

    Saludos.

  3. -Los precios están altos porque hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Que liberalicen el suelo y ya está.

    -Qué manía con que el Estado solucione el problema. Ese dinero sale de nuestros bolsillos (actuales vía impuestos, o futuros vía deuda). ¿Por qué tenemos que pagar entre todos la construcción de vivienda pública?.

    -Los pisos que tiene la SAREB están en sitios donde no hay demanda, precisamente por eso son difíciles de colocar. Aunque los regalasen eso no haría que bajase el precio del alquiler en Madrid o Barcelona.

    -La solución es más vivienda, no más vivienda pública.

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