La sociedad civil de Guatemala se instala en la protesta para defender su frágil democracia

Guatemala vive sus horas más graves en lo que va de siglo. Desde el miércoles 12 de julio, miles de ciudadanos defienden en las calles y en las redes lo que les queda de su frágil y deteriorada democracia. Tuvieron que esperar 17 días para que se oficializaran los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales y, justo cuando llegó ese momento, el Ministerio Público anunció que cancelaba al opositor Movimiento Semilla por un supuesto caso de corrupción por firmas falsas. La Fiscalía también allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Semilla, un partido progresista que surgió de las históricas protestas anticorrupción de 2015, sorprendió al poder guatemalteco en la primera vuelta del pasado 25 de junio al obtener el 11,77% de los sufragios. Su candidato, el académico Bernardo Arévalo de León, aparecía de los últimos en las encuestas, pero el resultado le permite pasar a la segunda vuelta, que se celebrará el próximo 20 de agosto.

La fuerza que ha obtenido más votos que Semilla es la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de la ex primera dama Sandra Torres, con un 15,86%. De hecho, el voto nulo fue el ganador, al alcanzar el 17,38%.

Este escenario rompió los planes del poder guatemalteco, que en 2019 logró que su candidato se impusiera a Sandra Torres, a quien consideran vencible. Al eliminar a Semilla de la ecuación, Vamos, el partido ultraderechista que ahora gobierna, ascendería una posición y podría pasar a la segunda vuelta, a pesar de que su candidato, Manuel Conde, solo ha reunido un 7,83% de los votos.

“Lo que ha ocurrido puede ser considerado un golpe judicial, porque se ha instrumentalizado a la Fiscalía y al poder judicial para desvirtuar la voluntad popular”, indica a La Marea desde su exilio en Washington DC Juan Francisco Sandoval, quien fue jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público hasta su destitución hace dos años por la actual fiscal general, Consuelo Porras. “Desconsuelo”, como la apodan los manifestantes, está sancionada por EEUU debido a sus acciones “corruptas y antidemocráticas», y contra ella se dirigen las protestas estos días por considerar que está al servicio del presidente, Alejandro Giammattei.

La Ley Electoral y de Partidos de Guatemala, que tiene rango constitucional, prohíbe que se anule una formación política durante el proceso electoral. El jueves, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, anuló legalmente la solicitud de la Fiscalía de suspender a Semilla de las elecciones.

El Tribunal Supremo Electoral también se mantuvo firme en que la segunda vuelta será el 20 de agosto con los dos candidatos que ganaron en junio. La ONU, la UE, la Organización de los Estados Americanos (OEA), EE. UU. y entidades como Human Rights Watch (HRW) han condenado este intento de interferir en las elecciones y han pedido respetar los procesos democráticos. La Fiscalía, sin embargo, ha dicho que continuará investigando a Semilla, y el partido teme nuevas acciones en su contra.

Protesta permanente en la Fiscalía para que “Guatemala florezca”

La decisión de la Corte de Constitucionalidad ha permitido que la campaña siga. Sin embargo, nadie se confía. “Si bien la sentencia de la Corte da un respiro, la situación sigue siendo tremendamente frágil y requiere de la atención constante de la comunidad internacional para proteger el derecho al voto”, escribe en Twitter Juan Pappier, subdirector en funciones de HRW. Los guatemaltecos no dan nada por seguro y por eso se mantienen en protesta continua frente al edificio de la Fiscalía en la capital, que el Gobierno ha blindado con vallas y refuerzos policiales y militares, así como ha hecho con el Palacio Nacional de Cultura, sede presidencial.

“Tengo miedo y vivo en incertidumbre. He visto lo que son capaces de hacer y sé que no se van a detener tan fácilmente. Es por eso que tenemos que salir a manifestar”, ha dicho a La Marea Lourdes Flores, una médica guatemalteca de 35 años que participa estos días en las protestas junto a su novio, Mario Corado, ingeniero de 34 años. Su pancarta, como la mayoría, alude al regreso de la primavera y al florecer del país. “A Guatemala se la conoce como el país de la eterna primavera por su clima. También es una alusión a la pequeña primavera que tuvimos en 2015”, explica en referencia a las protestas que forzaron la renuncia del entonces presidente —y ahora presidiario— Otto Pérez Molina por corrupción.

Las manifestaciones, como el voto de Semilla, se concentran en los principales entornos urbanos, sobre todo en Ciudad de Guatemala (la capital) y en Antigua Guatemala. También se han movilizado los guatemaltecos en México, Estados Unidos o Alemania. “Este nivel de rechazo y de participación, y de estar pendientes de la situación, no sucedía en Guatemala desde las protestas de 2015”, señala Gustavo Marroquín, profesor de historia en la Universidad Rafael Landívar. Y añade: “El hartazgo por los descarados actos de corrupción e impunidad parece haber empujado a la sociedad hasta la desesperación, y a las calles. Hay una buena probabilidad de que esta vez la sociedad se mantenga firme en su rechazo a un sistema que nos ha tenido sometidos por generaciones”.

Nadie baja la guardia. “De la Fiscalía se puede esperar cualquier cosa, están llevando al límite al país con tal de hacer prevalecer el sistema ante cualquier cambio”, alerta el historiador. “El sistema”, “el poder” de Guatemala le pertenece a lo que se ha denominado “el pacto de corruptos”, un grupo de políticos, empresarios, militares y supuestos narcotraficantes que tienen “cooptado el Estado”, según denuncia Semilla y sostienen centros de estudios reconocidos como Insight Crime.

“Se vienen días duros en los que nos jugaremos el futuro de las próximas décadas”, asegura Marroquín, quien teme a “las cartas escondidas” que aún tenga el sistema que ha dominado el país desde el fin del conflicto armado interno en 1996.