Juicio a Boliden 25 años después: ¿hemos aprendido algo de Aznalcóllar?

“Las autoridades andaluzas y españolas nada han aprendido de lo ocurrido desde 1998 hasta ahora, y siguen permitiendo que las multinacionales, antes Boliden y ahora Grupo México, jueguen a la ruleta rusa con nuestro medio ambiente”. Isidoro Albarreal, miembro del Área de Minería de Ecologistas en Acción Andalucía, se refiere así a la próxima reapertura de la mina de Aznalcóllar, 25 años después del vertido de lodos tóxicos al río Guadiamar tras la rotura de la balsa, a las puertas de Doñana. 

No era algo de lo que no se hubiese advertido: “La contaminación que sufren los ríos Agrio y Guadiamar, aparte de ser evidente, si no se clausuran las presas, corre el riesgo de provocar un desastre natural de incalculables consecuencias, ya que el Guadiamar es uno de los afluentes que atraviesa el Parque Nacional de Doñana”, había escrito tres años antes el ingeniero de minas Aguilar Campos a la Administración.

Pasó. Y después de un rocambolesco proceso judicial que ha durado los mismos 25 años, el mismo cuarto de siglo, este martes tiene previsto comenzar en Sevilla un juicio contra Boliden, la empresa que gestionaba la explotación cuando se produjo el vertido, que supuso uno de los mayores desastres medioambientales de Europa. “Quien contamina paga”, se ha venido repitiendo como un mantra incluso desde la propia Administración. La realidad es que la empresa nunca ha soltado un euro y continúa sin reembolsar los 89,8 millones de euros que le reclama la Junta de Andalucía por la reparación de los daños ocasionados. La empresa sueca, en su página web, resume de esta manera los hechos: “se produjo un accidente”, “se llevaron a cabo grandes y exitosos esfuerzos para poner soluciones”, “las disputas legales sobre los costes continúan”.

“En la década de los 90, la multinacional sueca Boliden crea un conglomerado de empresas, Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV, para eludir (con éxito hasta la fecha) sus responsabilidades. Y, desde 2015, se repite la operación: en este caso, la multinacional Grupo México ha creado y usado un conglomerado de empresas, junto con la sociedad ‘pantalla’ española Minorbis, para intentar reabrir la mina de Aznalcóllar sin ni siquiera presentarse al concurso por los derechos mineros. Para ello han creado la empresa Minera Los Frailes, a partir de empresas anteriores como AMC Mining Iberia”, denuncia Albarreal. En otras palabras: aunque en esta ocasión no habrá balsa, todo conduce a la misma historia, según los ecologistas. La reapertura está pendiente de la autorización ambiental unificada.

De Aznalcóllar a Riotinto

La Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE y hoy gobernada por el PP con mayoría absoluta, considera que Boliden está «obligada por ley» a pagar por la restauración medioambiental. Boliden, sin embargo, no solo considera que la Junta gastó más en la creación de un corredor verde sino que pone el foco en la propia responsabilidad de la Administración pública: «autorizó el recrecimiento» de la balsa que se rompió. 

Estas mismas circunstancias se están repitiendo de manera muy similar en determinados proyectos mineros impulsados por la Junta de Andalucía, en cuyo organigrama figura ahora una consejería denominada específicamente Industria, Energía y Minas. El de Riotinto es un ejemplo de ellos.

Actualmente, según el Observatorio Ibérico de la Minería, el principal riesgo ambiental es el “altísimo riesgo de rotura de las balsas de residuos mineros”, que ocupan 580 hectáreas, construidas en diferentes fases desde 1969 hasta la actualidad. “Un informe técnico ha concluido que la probabilidad de rotura catastrófica de las balsas por un episodio de licuefacción llegaba al 95% en un periodo de 19 años, si no se tomaban medidas urgentes”, informa el Observatorio.

Hasta aquí, como sostiene también Albarreal –que lleva denunciando de la misma manera la actividad minera en Cobre Las Cruces, a diez kilómetros de Aznalcóllar, y cuya empresa fue condenada por contaminación de un acuífero–, el caso de Riotinto es un claro ejemplo de repetición. 

Desde el reinicio de la actividad en 2015, se impuso como condición el espesamiento de los lodos hasta un 50% de contenido sólido antes del vertido, para garantizar la estabilidad de las balsas. “Esa condición nunca se ha cumplido: se vierten lodos con un contenido sólido de apenas un 35% y sin haberse construido la planta de espesamiento”, denuncia el observatorio. “En julio de 2020 –añade–, la Junta de Andalucía modificó las autorizaciones para eximir a la mina del cumplimiento de esa condición y actualmente se está tramitando un recrecimiento de 42 metros de los muros de la balsas, para albergar otros 161 millones de toneladas de residuos en forma lodos, al menos hasta 2031”. 

El Observatorio también incide en las denuncias realizadas por parte de la población próxima a la mina: “daños por vibraciones en las viviendas y la contaminación atmosférica por nubes de polvo con valores medios de cobre, zinc y arsénico, hasta diez veces en relación con otras poblaciones, lo que ha llevado a una denuncia penal por parte de la Fiscalía”.

En este contexto, en el que las empresas mineras también han renovado su lenguaje  –“minería del siglo XXI”–, el presidente andaluz, Juanma Moreno, mantiene un discurso constante de “revolución verde y sostenible”: “[La minería] Es un sector crucial para la economía, crucial para la sociedad y, en definitiva, crucial para el presente y el futuro de todos”, dijo en un acto el pasado año. En la misma intervención, mencionó la transición energética, la responsabilidad medioambiental, la lucha contra el cambio climático y anunció el aumento en un 20% de la “producción” de la minería metálica. Todo junto. “Es hora de crecer y de creer. Y una vez más, nos toca a todos estar la altura de estos imponentes desafíos (…) Esta legislatura va a ser la legislatura de la autorización de los grandes proyectos mineros en Andalucía”.

Este mismo lunes, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, aseguraba que, desde la Administración autonómica, se está trabajando para que no vuelva a producirse jamás un desastre como el de Aznalcóllar.