Amnistía Internacional: “La masacre de Melilla podría haberse cobrado más de cien vidas”

“Me dicen que todavía no saben dónde está la gente”. Mazzen se refiere a los desaparecidos en la masacre de la frontera de Melilla el 24 de junio de 2022. Este joven sudanés es uno de los supervivientes de unos hechos que siguen en la más absoluta impunidad después de un año. “Echo de menos a mi mejor amigo. No está allí. Estoy seguro de que está muerto. Pero no tenemos ninguna posibilidad de saber dónde está su cuerpo. Pero está muerto porque no hay noticias de él. Si estuviera vivo, me llamaría”, explica angustiado a la investigadora de Amnistía Internacional que le ha entrevistado en París, desde donde espera poder ir a Reino Unido. 

Un año después de que las imágenes de cientos de hombres heridos y moribundos yaciendo junto a la valla de Melilla estremecieran a la opinión pública, España y Marruecos mantienen un pacto de omertá para ocultar lo ocurrido. Por su parte, el Reino de Marruecos no concede visados a las familias de los muertos y desaparecidos para que puedan viajar a reconocer a sus seres queridos. De hecho, los cadáveres de las personas fallecidas permanecen en la morgue de Nador sin que hayan podido ser identificados “debido a la inacción y los obstáculos del propio gobierno marroquí”, sostiene el informe que ha publicado Amnistía Internacional coincidiendo con el primer aniversario de la masacre.  

Por su parte, la Fiscalía española archivó la causa en diciembre de 2022 y se limitó a recomendar al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska que abriera un expediente administrativo contra algunos Guardias Civiles que, como demuestran imágenes de vídeo, arrojaron piedras a las personas que intentaban saltar la valla.

“No se ha abierto ninguna investigación adecuada sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos lados de la frontera”, denuncia la ONG. Y recuerda otro aspecto crucial para dirimir las responsabilidades en este caso. Según toda la documentación disponible, tanto las vallas construidas por España como los puestos fronterizos que encontramos a lo largo de todo su perímetro en Melilla, están en territorio español. Es decir, las cargas y agresiones sufridas por los migrantes ocurrieron bajo jurisdicción española. Y por ello, según el derecho nacional e internacional, España está obligada a investigar no solo la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España implicadas sino también la de las marroquíes. Una actuación que según las entrevistas realizadas por investigadores e investigadoras de Amnistía Internacional podrían haber acabado con las vidas de más de cien seres humanos.

El 24 de junio de 2022, unos 2.000 hombres, en su mayoría sudaneses, trataron de cruzar de Marruecos a España por el puesto fronterizo de Barrio Chino. La violencia policial empleada para impedirlo acabó con la vida de, al menos, 37 personas. Y, según Amnistía Internacional, el número de desaparecidas alcanza las 80. “Seguimos hablando de desaparecidos porque sus familiares no conocen su paradero, pero Amnistía Internacional teme que muchos de ellos podrían haber fallecido”, recoge la investigación para la que la ONG ha entrevistado a trece hombres en Melilla que lograron cruzar la frontera, 12 que no pudieron pasar del lado marroquí de la valla, dos abogados en Marruecos de las familias de cinco desaparecidos, así como a un superviviente en París y otro en Rabat.

¿Qué pasó en la frontera de Melilla el 24/06? by Tom James – Citizen Evidence Lab on Sketchfab

Hasta ahora, una investigación del Defensor del Pueblo acreditó que la policía española devolvió al menos a 470 personas de forma sumaria y sin garantías a Marruecos. Después, la policía marroquí trasladó en autobuses a medio millar de supervivientes a zonas remotas de Marruecos, algunas hasta a más de 1.000 kilómetros de la frontera, para dejarles tirados en la carretera sin atención médica.

“Amnistía Internacional ha tenido acceso a testimonios que indicaban que algunas personas fueron trasladadas en autobús sin recibir ningún tipo de asistencia médica a pesar de la gravedad de las lesiones. Algunos murieron en el traslado. Otros, a pesar de estar heridos, fueron abandonados a su suerte al sur de Marruecos”, leemos en el documento.

La impunidad desde entonces es total. Ni el Gobierno de España ni el de Marruecos han realizado ninguna investigación sobre la violencia empleada ni ningún funcionario de ninguno de los dos países ha comparecido hasta ahora ante la justicia para rendir cuentas por “la muerte, la desaparición y las heridas de tantas personas”, como denuncia Amnistía.

Según datos de la Asociación Marroquí de Derecho Humanos, la primera que difundió las imágenes de la masacre y que ha realizado un seguimiento pormenorizado hasta hoy, aún hoy 87 personas continúan encarceladas sin que se sepa nada de sus procesos judiciales ni del paradero del resto de personas que fueron detenidas en aquellos días.  

Además, Marruecos no está concediendo visados a los familiares que desean viajar desde Sudán para reconocer a sus seres queridos ni ha publicado los resultados de las pruebas de ADN que algunos de ellos enviaron hace tres meses a través del Ministerio sudanés de Asuntos Exteriores. 

Como subraya Amnistía Internacional, la situación de las familias es de absoluto desamparo: “No se ha ofrecido ninguna indemnización a las familias de las víctimas por parte de España ni de Marruecos, ni ayuda para conocer su posible paradero”. 

Aunque la respuesta del Gobierno de España a esta masacre es que las personas refugiadas cuentan con vías legales y seguras para pedir asilo en una oficina junto a la frontera de Melilla, lo cierto y sabido desde hace años es que la policía marroquí impide acceder a ella, especialmente a las personas negras. De hecho, desde junio de 2022, cuando tuvo lugar la masacre, no se ha registrado ninguna solicitud de asilo en esta oficina, radicada en el lado español de Beni Anzar. Sin embargo, como recoge el informe de Amnistía Internacional, a las personas que consiguen llegar a territorio español por vía marítima -jugándose la vida en una patera- procedentes de Burkina Faso, Mali y Sudán se les reconoce en más de un 92% de los casos la protección internacional. Estos datos evidencian que tienen derecho al asilo y que se les ponen todos los obstáculos posibles para que no puedan solicitarlo.

Migrantes prefieren Libia a Marruecos

Según testimonios recogidos por Amnistía, la situación en Marruecos para las personas migrantes se han agravado en el último año, por lo que muchas están optando por viajar a Libia, Argelia o Túnez desde donde intentan llegar a Europa en patera. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde enero de 2022, al menos 4.343 personas se han ahogado en estas circunstancias en el Atlántico y el Mediterráneo.

La ONG también denuncia la falta de transparencia que siguen rigiendo los acuerdos en materia migratoria entre España y Marruecos. En cuanto al ocultamiento que hace el Gobierno español sobre el uso que hace de los fondos europeos para el control fronterizo, cita a Fundación Por Causa. Esta entidad reveló que España adjudica seis de cada diez contratos de estos fondos sin concurso público y sin hacer públicas las condiciones. El Ministerio del Interior se escuda en razones de seguridad nacional. 

“Nosotros seguimos buscando a los desaparecidos del 24 de junio y el Gobierno no hace nada”, lamenta ante los micrófonos de la Amnistía Internacional Tariq, pseudónimo de un joven sudanés que sobrevive a las redadas policiales en Casablanca. “A veces viene la policía y nos desaloja, se lleva nuestras cosas y quema nuestras pertenencias”, continúa. Y pese a todo, sabe que no puede volver a Sudán, un país donde la guerra se ha agravado en los últimos meses. “A uno de mis tíos le dispararon hace tres semanas en Jartum. Sobrevivió y ahora se encuentra mejor. ¿Hay alguien con quien pueda ponerme en contacto para sacarme de aquí?”, termina preguntando. 

*Amnistía Internacional ha actualizado datos: 76 personas siguen desaparecidas en el momento de hacer pública su investigación.