Sociedad

Denunciada una alto cargo de La Rioja por tuitear: “Hay gente que explota mujeres: tú que compraste un bebé, por ejemplo”

La directora de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, Sara Carreño, ha sido denunciada por Pedro Fuentes, secretario de la asociación GALEHI, por equiparar los vientres de alquiler con comprar bebés.

Enfermeras cuidando a bebés recién nacidos en una clínica de vientres de alquiler en Ucrania. PATRICIA SIMÓN

La directora de Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, Sara Carreño, recibió este jueves una citación judicial a causa de unos tuits que había publicado el pasado marzo en contra de los vientres de alquiler. Carreño ha sido citada a un acto de conciliación el próximo viernes por una denuncia por intromisión ilegítima en el derecho al honor interpuesta por Pedro Fuentes. Este ginecólogo, obstetra y secretario de GALEHI, “una asociación de familias homoparentales”, según se presentan en su web, es también el expresidente de Son Nuestros Hijos, una entidad dedicada a la defensa de los vientres de alquiler. 

Los hechos denunciados tuvieron lugar el 4 de marzo, cuando Fuentes publicó un tuit preguntando: “¿Alguna vez habéis pensado quién financia a grupos como la Coalición Internacional para la Abolición de la #GestaciónSubrogada? Una red internacional, que da charlas, escribe libros, se reúne con políticos, etc. Interesante, no? Y además A quién beneficia su «activismo»?” (sic). Carreño le contestó: “Quizá la financian mujeres que quieren evitar que se explote a otras mujeres y se compren bebés, por ejemplo. Mire, voy a ver ahora cuánto cuesta hacerse socia”.

A partir de ahí, el debate continuó, como se puede ver en el enlace de todo el hilo, hasta que la directora de Derechos Humanos le contesta: «Hay gente que explota mujeres: tú que compraste un bebé, por ejemplo”. Llegados a este punto, Fuentes le pregunta si le está acusando de un delito, le dice que si ha presentado la denuncia correspondiente y le acusa de estar usando las redes para practicar «matonismo».

El cruce de tuits se cierra con uno de Carreño en el que contesta: “Denúncieme por decir lo mismo que la ley, los tratados internacionales y la jurisprudencia”. Acompaña el tuit con una captura de pantalla de la exposición de motivos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva 1/2023.

De hecho, El Parlamento Europeo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Tribunal Supremo de España y la citada ley sostienen que los vientres de alquiler son un atentado contra la dignidad de los menores y las mujeres, una forma de violencia de género, un trato inhumano y degradante, y que trata a mujeres y niños como mercancía. 

Casi cuatro meses después de aquellos hechos, Carrero ha recibido la citación judicial por la que Fuentes le exige 10.000 euros por atentar contra su honor y una rectificación pública por haber escrito que la “la gestación subrogada” –como él denomina a los vientres de alquiler–, supone «una explotación reproductiva de mujeres» y «una compra de bebés».

En conversación telefónica con La Marea, Sara Carreño explica que no se esperaba esta denuncia y que no va a rectificar. Por su parte, Pedro Fuentes ha colgado a esta periodista después de que se comunicase con él por llamada telefónica al número de contacto oficial de GALEHI.

Carreño recuerda que “los vientres de alquiler son una técnica ilegal en nuestro país” y advierte en su comunicado que “quienes promueven esta vulneración de derechos de mujeres y bebés quieren que dejemos de decir la verdad, de señalar su violencia, su explotación a mujeres, su compra de recién nacidos. Quieren coartar nuestra libertad de expresión y obligarnos a usar sus eufemismos para blanquear estas prácticas que cosifican a mujeres y niños para conseguir que también en nuestro país se pueda explotar mujeres”.

La entidad Son nuestros hijos ha compartido en su página de Facebook la noticia de la denuncia contra Carreño con un mensaje en el que la relacionaban con la condena a la ministra de Igualdad, Irene Montero, argumentando que «ha abierto una oportunidad para poner límite a quienes acusan de delitos desde púlpitos públicos». Y añaden que «ahora que la La Rioja ha votado que pierdan su trabajo todo este grupo de rémoras institucionales, no estaría de más que se fuera pagando una indemnización». Y termina deseando «Suerte, Pedro!».

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