Cuatro años de cultura de guerra y pandemia

Si se quiere evaluar el desempeño del Ministerio de Cultura en una legislatura como la que ha terminado con la convocatoria de elecciones generales, es muy complicado decidirse por un indicador donde colocar la lupa, las cosas como son. Las medidas de urgencia de la pandemia, la lluvia de millones de la recuperación que bajan de los cielos europeos y que dios dirá, o lo que se ha podido hacer desde aquel enero de 2020 en el que nadie sabía lo que era un pangolín conforman un maremágnum tipo “hago lo que puedo con mi pelo” que vamos a intentar desenredar.

Para añadir más dudas, el equipo del Gobierno que regula el sector cultural y protege a sus 695.300 personas empleadas (datos de 2022) cambió a mitad de legislatura. Un capitán del barco bajó y subió otro en julio de 2021, y así como en otras áreas de gobierno la continuidad y viento en popa han sido la marca, en cultura sí ha habido una sensible diferencia de gestión y de miradas entre José Manuel Rodríguez Uribes y Miquel Iceta. Dos ministros con la misión de controlar uno de los timones más difíciles, el de un sector tantas veces irregular como este, y en un contexto lleno de incertidumbres.

En cualquier caso, y dejando ya las metáforas marineras aparte, si miramos el plan normativo de cada año del Ejecutivo, sí se pueden observar algunos hitos. Este documento, en ocasiones, es un trampantojo que ni los del Barroco. No deja de ser propaganda, y se vende de una forma deliberada y consciente la idea de que, cuando una ley se aprueba en la sede del Ejecutivo, entrará en vigor rauda y veloz: una de las falsedades más asumidas, pero también acordadas con algunos medios, en esto que se llama el relato de la política hoy en día.

¿Renovar la idea de patrimonio?

Un buen ejemplo es la propuesta de ley anunciada en enero de 2020 para resignificar conceptos de patrimonio y adecuarlos a las nuevas realidades patrimoniales: inmaterial, intelectual, subacuática, industrial o bibliográfica. Lógicamente todo cayó ante las urgencias de la pandemia de la COVID-19, y se volvió a citar como proyecto para 2021 y 2022. Tras un primer estudio del anteproyecto en el Consejo de Ministros en junio de 2021, fue cayendo en el olvido, aderezado por el cambio de cartera ministerial de Uribes a Iceta, para terminar desapareciendo en marzo de 2022 del ideario normativo tras un anuncio de “profunda revisión del anteproyecto”. Directa al cajón.

“A esta Ley le faltó diálogo con las Comunidades Autónomas, que son las que cuentan con una parte importante de las competencias en materia de Patrimonio Histórico”, explica Inmaculada Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. En cuanto a patrimonio, y más allá de los proyectos de ley fallidos, en estos cuatro años se ha presentado la candidatura de los olivares de Andalucía como Patrimonio Universal de la Unesco, sin aprobar, y sí han recibido la catalogación como tal el Paseo de Prado y los Jardines del Buen Retiro en Madrid, en 2021.

Cultura audiovisual y digital

Más suerte han tenido las distintas modificaciones que afectan a varios aspectos de la propiedad intelectual. Se anunció a principios de legislatura la idea de crear una Fiscalía especial antipiratería –idea heredada del gobierno del PP, que la citaba ya en 2016– pero nunca transmutó en algo tangible. En lo que sí se había avanzado era en la Ley de Derechos de Autor, que estaba en proceso de enmiendas en el Congreso de los Diputados. “Es una de las reformas normativas que aparecen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PRTR, y una reivindicación histórica del sector que está muy cerca de ver la luz”, reflexionaba optimista Ballesteros antes de la convocatoria de elecciones. El limbo parlamentario de estos meses, con las campañas electorales sobrevolando cada decisión, tampoco permitía saber si decaería igualmente en el final de legislatura.

Es el mismo caso que el de la Ley de Cine y Comunicación Audiovisual, que llegó con la inocencia del 28 de diciembre de 2022 al Congreso y que también se ha quedado en el aire. De haber sido tramitada y aprobada, se habría dado paso a la creación del Spain Audiovisual Hub con diferentes medidas de digitalización, sostenibilidad y adaptación a políticas de género europeas del sector. Relacionado con este ámbito pero de impacto directo en el sector televisivo, sí se aprobó la Ley General del Audiovisual en verano de 2022, en la que principalmente se incorporan directivas europeas que establecen obligaciones para las nuevas formas de consumo audiovisual (plataformas de streaming), de doblaje y subtitulado en lenguas cooficiales y normativa de inversión en producciones de mujeres.

Esta ley protagonizó de forma sorpresiva la negociación de los presupuestos generales de 2022 con ERC condicionando su apoyo al porcentaje de doblaje en lenguas cooficiales. Para la directora del Observatorio de la Fundación Alternativas, esta norma hace aguas por algunos sitios: “Debería poner más atención en la diversidad cultural, y sigue sin gustarnos la definición de productor independiente”, explica. Tampoco las cuotas de producción de mujeres le resultan satisfactorias ya que, según ella, no se han tenido en cuenta las reivindicaciones de asociaciones de mujeres cineastas como CIMA.

Sí se pudo modificar la Ley de Depósito Legal en agosto del pasado año, para activar el registro de una versión digital previa a la impresión de libros y publicaciones con la mirada puesta en la ayuda para crear salas de lectura digitales. Más recientemente, ya en marzo de este 2023, se ha podido legislar el pago del canon digital por copia privada en aparatos electrónicos y, en esta concreción que llega con cuatro años de retraso, se han podido equiparar las descargas por música a las relacionadas con la lectura de prensa, algo muy solicitado durante años por el sector periodístico y literario.

El gran ‘hit’: el Estatuto del Artista

De lo que más ha sacado pecho el Ministerio de Cultura en cuanto a su capacidad normativa es del Estatuto del Artista, que ha contado varias veces a lo largo de la legislatura como si fuera de nueva creación, cuando en realidad es el desarrollo de una decisión de 2018. Un portavoz de la Unión de Actores y Actrices concreta los anuncios: “Se han impulsado dos medidas, que son troncales y muy importantes: la prestación contributiva por desempleo de los artistas y las pensiones de jubilación”.

Desde el sindicato señalan que en estas regulaciones queda patente el aprendizaje de las medidas de urgencia aplicadas en 2020 y 2021 en cuanto a ayudas de urgencia para los artistas, y atribuyen mucho del mérito a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, a su escucha activa en cuanto a propuestas y soluciones. “Queremos ser muy prudentes, vamos a esperar a que entren en vigor las dos medidas a partir del 1 de julio. Sí entendemos que desde el cambio de ministro ha habido un giro de planteamiento y más conversación con el sector, aunque entendemos que a Uribes le cayó toda la pandemia encima”, reflexionaban también antes de la derrota de la izquierda el 28-M. Otra de las entidades representativas, la Unión de Músicos, hacía extensiva la felicitación “a todos los partidos políticos que lo habían respaldado en el Congreso sin ningún voto en contra”, en declaraciones de su presidente, Guillem Arnedo.

Nada es perfecto, y desde las dos organizaciones apuntan a que han quedado compromisos del Estatuto por desarrollar, como son el régimen fiscal del artista, que es un trabajador intermitente por definición, entre otros aspectos de Seguridad Social.

La lluvia de millones de la recuperación

Desde la creación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han hecho tantos anuncios de inversiones extraordinarias en cultura y tan concentrados en el tiempo, que prácticamente no da tiempo a abrir un documento en Word para apuntarlos cuando ya aparece otro más. Dos son los momentos clave a este respecto: las medidas extraordinarias por la pandemia en 2020 y 2021 y los proyectos de recuperación desde finales de 2021.

Con respecto a los primeros, se habilitaron pronto, en mayo de 2020, las ya citadas prestaciones especiales de desempleo para artistas por paro forzado de la actividad derivada de los confinamientos y posteriores restricciones que, en general, tienen una buena valoración por parte de quienes los recibieron. Eso sí, varias fuentes consultadas coinciden en que es imposible sacar una cifra de trabajadores beneficiados, debido a la irregularidad del sector.

La industria del cine recibió especial apoyo a través de convocatorias extraordinarias desde el Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el ICAA. Por ejemplo, llegaron ayudas directas que no se habían convocado nunca hasta entonces, como los 13,2 millones de euros para salas de exhibición y el aliento a la producción de largos y cortometrajes, estas habituales y en convocatoria anual, pero que han visto aumentados sus importes.

Las ayudas al sector musical en 2020 también triplicaron su presupuesto hasta los 16 millones de euros, y las artes plásticas en su conjunto hasta los 39 millones de euros, entre otras. Se activaron otras iniciativas de nueva creación, como el apoyo a la movilidad de los autores, o incluso ocho millones, más recientemente, para la promoción del sector del videojuego. El impulso de los anuncios subordinados al PRTR está lleno de grandes cifras destinadas al fomento de la lectura, a la creación, digitalización y publicación en el sector editorial cultural, a la innovación en empresas creativas, e incluso a la exhibición internacional, pero aún es pronto para ser analizadas. Desde La Marea hemos pedido al Ministerio de Cultura y Deporte algunos datos de cobertura de todas estas convocatorias de ayuda para poder analizarlos, pero al cierre de este artículo no habían sido recibidos.

El bono cultural, la sorpresa

En diciembre de 2021, como medida de recuperación pospandemia y preguerra de Ucrania (esto sin saberlo, obviamente), se anunció para el año siguiente el llamado bono cultural, una aportación anual de 400 euros para que las y los jóvenes que cumpliesen 18 años se animen a consumir cultura en todas sus acepciones. En su primer año de vigencia, el mismo ministerio que mantiene el Premio Nacional de Tauromaquia excluyó de las actividades subvencionadas las corridas de toros, algo que tuvo que cambiar para el año 2023 vía sentencia del Tribunal Supremo. De las 500.000 potenciales beneficiarias y beneficiarios para 2022 (cifra de quienes nacieron en 2004 y por tanto alcanzarían la mayoría de edad), más de cuatro de cada diez no lo solicitaron.

Lo saben en la Fundación Alternativas, y esperaban mejoras. “Esperamos que pueda mantenerse más allá de los fondos Next Generation EU, y que se corrijan los errores que se puedan identificar para ampliar el impacto en las próximas convocatorias”, específica Inmaculada Ballesteros, antes de identificar como la principal asignatura pendiente de esta legislatura en cuanto a Cultura, la reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, el INAEM. “Es necesario modernizar las estructuras de las artes escénicas, apostar por la creación contemporánea ampliando la ayuda a los creadores que son la base de la industria”, reivindica.