Una planta solar en una zona de “biodiversidad excepcional”

En la puerta de la instalación, una enorme valla publicitaria indica que ahí comienza el complejo de plantas fotovoltaicas Cabrera Solar, en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). En una garita, el vigilante indica que para poder entrar en el recinto, hemos de contar con el permiso de Statkraft. El logo de esta compañía aparece en el cartel publicitario, en el que, por el contrario, no está el de Amazon.

Cabrera Solar es la primera planta que abastece a la multinacional estadounidense Amazon en España. Comenzó a funcionar en noviembre de 2020, aunque la inauguración oficial de la misma se hizo en junio de 2021 con la presencia del entonces consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. Desde sus inicios, esta planta ha estado rodeada de polémica. A mediados de 2017, cuatro filiales de la compañía británica Solarcentury solicitaron la autorización administrativa para la construcción de sendos proyectos fotovoltaicos inferiores a 50 MW: Los González, Hazas de la Sesenta, El Primo Alemán y Cerrado Cabrera.

A finales del año siguiente, la Junta de Andalucía concedió las autorizaciones administrativas tras ser sometidas a información pública. Tras esto, en enero de 2019, la Asociación Sociedad Ecologistas Al Wadi-Ira – Ecologistas en Acción presentó un recurso de alzada en el que exigía “el reinicio del procedimiento de información pública del proyecto” al considerar que habían sido excluidos del trámite de audiencia. La organización consideraba que eso suponía “una situación de indefensión efectiva”.

Desde la asociación Al Wadi-Ira sostenían que el proyecto recurrido y las plantas fotovoltaicas a las que dará servicio respondían “a intereses exclusivamente económicos del sector sin que se haya valorado suficientemente la pérdida del suelo, el paisaje ligado a la propia actividad agrícola y a elementos territoriales”. Asimismo, defendían que dicho proyecto provocaría “un irreparable daño medioambiental”. Para sustentar el recurso, incluían un informe elaborado por José Prenda Martín, catedrático de Zoología de la Universidad de Huelva, en el que el experto aseguraba que la zona elegida para la implantación de las plantas fotovoltaicas “tiene una biodiversidad excepcional”. A pesar de todo ello, la planta comenzó a funcionar en octubre de 2020.

Unos meses antes, en julio, la polémica había sido laboral. Varias decenas de operarios reclamaban impagos de una de las empresas que había participado en la construcción. Algunos días después, la subcontrata apuntó a “un retraso puntual” y aseguró que los trabajadores ya habían cobrado las retribuciones que reclamaban.

Cambio de manos

Apenas unos días después de la puesta en marcha del complejo solar, la compañía noruega Statkraft, propiedad del Estado de Noruega, compró la compañía Solarcentury y, con ella, su cartera de proyectos, si bien la instalación de Alcalá de Guadaíra se mantuvo en manos del fondo alemán Encavis, quien participó en la financiación de la construcción de dicha planta. En total, el proyecto obtuvo una financiación de 96 millones de euros, de los cuales 43,5 millones fueron aportados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Aunque en la web del BEI se explicaba que Cabrera Solar iba a producir energía para “casi 145.000 hogares españoles”, se reconocía que Amazon iba a adquirir “un volumen sustancial de la electricidad generada”. Según ha podido saber este medio, se trata de tres cuartas partes de la energía generada.

Estos, sin embargo, no han sido los dos únicos problemas que ha presentado Cabrera Solar desde sus inicios. La instalación, de 200 MW en total, fue fraccionada en cuatro proyectos de menos de 50 MW. De esta forma, la administración encargada de la autorización fue la Junta de Andalucía en lugar del Ministerio para la Transición Ecológica, quien se encarga de aquellos que superen los 50 MW. Los estudios de impacto ambiental, analizados por un consultor ambiental que prefiere no dar su nombre para evitar posibles represalias laborales, no recogen los impactos sinérgicos o acumulativos de las diferentes plantas fraccionadas, que son tratadas de forma individual: “Bajo mi punto de vista, en este caso concreto se podría estar cometiendo un fraude, por cuanto que se abordan los proyectos de forma individual, por separado, y sin contemplar tal y como exige el artículo 35 de la Ley de impacto [Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental], los efectos sinérgicos y acumulativos de las distintas plantas”, asegura este especialista.

Desde Statkraft explican que la propiedad de las plantas, desde principios de 2020, corresponde a Encavis, por lo que no han respondido a determinadas preguntas. No obstante, como compradores de Solarcentury, sí han respondido a las cuestiones relacionadas con la petición de los permisos y el desarrollo de la instalación. Así, la multinacional noruega asegura que el proyecto se regía, “en el momento de su tramitación (2017-2018), por la ley Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que no pedía en aquel entonces reflejar esos impactos sinérgicos y acumulativos”.

Según el profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Almería, Abel La Calle, esto es “mentira”: “Por encima de esa ley andaluza están la Ley 21/2013, que es de ámbito nacional, y la directiva 2011/92, que es de aplicación obligatoria en todos los países de la Unión Europea. Y ambas recogen la obligatoriedad de hacer referencia a los impactos acumulativos. Esto no se puede eludir”, explica el experto.

Repreguntados por esto, desde Statkraft aseguran no haber podido recabar más información y remarcan que “la empresa que desarrolló estas plantas fue Solarcentury y no Statkraft”. Amazon ha evitado responder a las preguntas concretas relacionadas con la instalación fotovoltaica de Cabrera Solar. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía tampoco ha respondido a ninguna de las cuestiones enviadas por este medio a pesar de la insistencia.

Este reportaje forman parte de una investigación conjunta entre La Marea y el Investigative reporting project Italy (IRPI). Con financiacion de Journalismfund Europe.