Hacienda veta a una filial de Eulen para la contratación pública por una infracción “muy grave”

Eulen Seguridad SA no podrá obtener contratos públicos de la Administración durante siete meses tras una inhabitliación por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Según ha adelantado elDiario.es, se trata de una sanción «muy grave» impuesta por la autoridad laboral en la Comunidad de Madrid por actos «contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores».

Siempre según lo publicado por elDiario.es, el veto hacia la división de seguridad privada de Eulen ha sido ordenada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a través de una resolución dictada el pasado 24 de febrero, aunque la prohibición no entró en vigor hasta el 19 de abril, y se extenderá hasta mediados de noviembre de este año.

Es el artículo 71 de la Ley de contratos públicos el que regula los diferentes motivos que suponen una prohibición para contratar con la Administración para las empresas. Entre ellos se encuentran las condenas en sentencia firme por diferentes delitos o o las infracciones muy graves «en materia laboral o social», que es la razón por la cual Eulen Seguridad SA ha recibido dicha sanción. El veto a la compañía ya se encuentra publicado en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

La división de Seguridad de Eulen, según la página web de la propia compañía, fue constituida hace casi 40 años «para proteger los activos de las empresas». Según sus cuentas de 2021, la multinacional al completo (dedicada a la prestación de servicios para compañías) obtuvo unos ingresos superiores a los 1.500 millones de euros, un 6,4% más que el año anterior. Por su parte, los beneficios netos fueron de 45 millones de euros.

En los últimos años, la empresa multiservicios ha sido condenada en diferentes ocasiones. Así, en 2019 recibió una sanción por despido nulo tras echar a una trabajadora que cuidaba a su bebé mientras estaba de baja por tendinitis. Un año después, fue de nuevo condenada por discriminación salarial en los servicios de limpieza del Hospital público Perpetuo Socorro de Badajoz. De manera más reciente, el juzgado de lo Social número 37 de Madrid obligó a Eulen el pasado marzo a pagar 10.000 euros de indemnización a una delegada de Alternativa Sindical por no entregarle la información solicitada, violando así sus derechos fundamentales.

En 2021, la presidenta de Eulen, María José Álvarez Mezquiriz, y su sobrina Carlota Álvarez Becerril, directora comercial del grupo, participaron de la ampliacion de capital de canal de ultraderecha Estado de Alarma del periodista Javier Negre. De acuerdo con lo desvelado por Wikileaks, el ya fallecido David Álvarez Díez, entonces propietario de Eulen, financió con 20.000 euros el Congreso Mundial de Familias de 2012, un evento de corte ultraconservador que ese año se organizó en España de la mano de Hazte Oír.