El Gobierno aprueba una nueva ley para consolidar la economía social

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Integral de la Economía Social y la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027, unas medidas que, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, constituyen un «espaldarazo para dinamizar, visibilizar y consolidar» un modelo productivo que engloba alrededor de dos millones de puestos de trabajo en España.

“El avance de la economía social no es solo positivo para el sector, sino para el conjunto de la sociedad. Es sinónimo de estabilidad y valores democráticos”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El anteproyecto mejora y actualiza la Ley de Cooperativas, la Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social. Así, el nuevo texto integral hace una nueva definición del movimiento cooperativo ajustado a los principios de la alianza cooperativa internacional y se adaptará el funcionamiento interno de las cooperativas a las nuevas formas comunicación y participación basadas en la implantación de las nuevas tecnologías.

Además, la nueva normativa también pretende agilizar el ejercicio de su actividad y mejorar su funcionalidad. «Con la nueva legislación se busca fomentar este tipo de empresas, que están demostrando ser un nicho de innovación en el sistema empresarial español», explica el Ministerio de Trabajo.

En materia de igualdad, se creará el Comité de Igualdad como órgano social que desarrolle los Planes de Igualdad Cooperativos «para hacer más efectiva esa igualdad que forma parte de los principios cooperativos y que, además, le permite contar con las mismas condiciones que la empresa privada tradicional», informa el Gobierno. En la actualidad, las mujeres suponen más del 60% de la fuerza laboral de la economía ocial en España.

Por otro lado, se clarifican las tipologías y el catálogo de empresas que integran el sector y que actualmente está conformado por cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo, mutuas y sociedades laborales, entre otros.

Sobre las modificaciones en la ley de empresas de inserción, ideada para facilitar la participación laboral de personas en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social, el anteproyecto incorpora una nueva definición de colectivos y personas que están expuestas a esas circunstancias, ampliando el foco en los factores que determinan la vulnerabilidad y/o exclusión social.

La nueva normativa incorpora también nuevas fórmulas asociativas que ya están reconocidas a nivel europeo, como es el caso de las empresas sociales, que comparten los principios de la economía social y tienen que reinvertir en la empresa el 95% de los beneficios.

La Estrategia como hoja de ruta

«La Estrategia Española de Economía Social es una hoja de ruta que permite avanzar al sector y afianzar el desarrollo de una forma de entender la economía que ya constituye el 10% del PIB en el país», añade el Ministerio de Trabajo. Entre sus actuaciones, prevé promover la creación de plataformas colaborativas mediante asistencias técnicas y apoyo financiero, apoyar el emprendimiento colectivo en zonas rurales o respaldar la integración de las mujeres en situación o riesgo de vulnerabilidad a través de las fórmulas de la economía social.

El Consejo de Ministros también ha aprobado la distribución entre las comunidades autónomas de 2.903 millones de euros para políticas activas de empleo. Estos fondos se financian a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.