Lo que la portada de Obregón oculta

La fotografía de Ana Obregón en una silla de ruedas con un bebé en brazos resume la infamia que es el negocio de los vientres de alquiler. Quienes se esfuerzan por presentar estas clínicas como empresas serias y profesionales, que garantizan el bienestar del menor, ya pueden dejar de intentarlo. 

Una mujer de 68 años que no podría adoptar en su país, España, porque la edad máxima está en torno a los 50 años para que la criatura tenga probabilidades de ser cuidada, al menos, hasta la mayoría de edad. Una persona en duelo por la muerte de su hijo que anuncia la compra de un bebé con un “llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola”. Una ciudadana que se fotografía en una silla de ruedas con el recién nacido para recrear las supuestas molestias que le habría causado un parto inexistente.

Todas estas circunstancias evidencian que la empresa contratada no muestra el mínimo interés por el bienestar de la criatura. Su fin es entregar al recién nacido a una persona que no cumple con los requisitos que se exigen para el acogimiento familiar o la adopción, en los que los rigurosos exámenes que pasan los adultos buscan garantizar que el menor va a vivir en un hogar seguro, estable emocional y psicológicamente, y en el que se va a poder desarrollar de manera plena. 

«Lo que oculta esa portada es cómo el sistema capitalista convierte los deseos de los ricos en derechos, y los derechos más básicos de los pobres en explotación»

Pero lo más grave de esa portada es lo que oculta: las mujeres que tienen que quedarse embarazadas y entregar al bebé que han gestado durante unos nueve meses para conseguir el dinero que necesitan. Porque como me dijo el director de la clínica de vientres de alquiler más importante de Ucrania, BioTexCom, “no he conocido a una sola mujer con una buena situación económica que haya decidido pasar por este proceso por amabilidad”. Lo que oculta esa portada es cómo el sistema capitalista convierte los deseos de los ricos en derechos y los derechos más básicos de los pobres en explotación.

Lo que oculta esa portada es que, si aceptamos que se puedan comprar niños y niñas, ¿por qué no órganos? Lo que oculta esa portada son las llamadas “granjas de mujeres”, los abortos provocados para reiniciar el proceso de gestación y aumentar los beneficios, las separaciones forzosas de las madres que no querían entregar a sus criaturas…

Lo que oculta esa portada es que el negocio de los vientres de alquiler se sustenta en el afán por la perpetuación genética de personas que siguen dándole al ADN un valor determinante –cuando lo que sí van a heredar esos bebés es la visión de un mundo de castas en el que la sangre de la madre gestante vale menos que la de los contratantes–.

Lo que oculta esa portada es que para muchas personas los vientres de alquiler son el pase VIP que les permite saltarse el proceso garantista de la adopción. Lo que oculta esa portada es el fracaso de una Unión Europea en la cual la mayoría de los países prohíben los vientres de alquiler, pero registran a los bebés comprados por esta vía.

Ni todo vale ni podemos seguir permitiendo que todo lo compre el dinero. El Parlamento Europeo declaró que los vientres de alquiler son contrarios a la “dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima”; la CEDAW “que es una grave explotación reproductiva de las mujeres y convierte a los recién nacidos en objeto de transacción contractual y comercial”; el Tribunal Supremo que las mujeres y los menores son “tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad”; y la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos los define como una forma de violencia de género.

Y, sin embargo, la única vía que acabaría con este negocio, la prohibición de registrar a los menores –avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos– sigue sin barajarse en los distintos Parlamentos. Delitos tan graves, como sostienen estos organismos internacionales y nacionales, no pueden seguir cometiéndose con total impunidad. El Gobierno y el Parlamento tienen que actuar ya.