Política
Sánchez nombra a los nuevos ministros de Industria y Sanidad
José Manuel Miñones ocupará la cartera de Sanidad mientras que Héctor Gómez Fernández será el nuevo ministro de Industria
Con los ojos puestos en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, Pedro Sánchez ha llevado a cabo la que, parece, será la última remodelación del Consejo de Ministros de la legistatura. La salida de Carolina Darias, candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ha propiciado el nombramiento de José Manuel Miñones, doctorado en Farmacia, como nuevo minsitro de Sanidad, una de las carteras por la que han pasado un mayor número de nombres desde que Sánchez fuese investido presidente del Gobierno en 2018. Miñones, exalcalde de Ames (A Coruña), ocupaba ahora el cargo de delegado del Gobierno en Galicia.
Por su parte, la hasta ahora ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, será la candidata socialista a la alcaldía de Madrid, una plaza clave para el PSOE en los próximos comicios. En su caso, será sustituida por Héctor Gómez Fernández, diplomado en Turismo y portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados durante esta legislatura. Sánchez ha definido a Miñones y Gómez como «dos excelentes sevidores públicos con una trayectoria intachable y un compromiso inquebrantable en defensa del interés general».
Durante la declaración institucional en la que el presidente del Gobierno ha anunciado los nombramientos, Sánchez también ha aprovechado para agradecer a las ministras salientes el trabajo realizado en el Ejecutivo. Así, ha asegurado que el nombre de Carolina Darias «siempre quedará unido al éxito de la campaña de vacunación del coronavirus» y al «fortalecimiento de la sanidad pública». También ha destacado el papel de Reyes Maroto para «reindustrializar la economía, impulsar el comercio y para modernizar uno de los principales sectores económicos de nuestro país que tanto sufrió durante la pandemia», en referencia al turismo.
«Con estos nombramientos», ha proseguido el presidente, «el Gobierno afrontará la recta final de la legislatura, un periodo en el que vamos a continuar profundizando en los grandes objetivos que anuncié en el discurso de investidura». Entre las tareas pendientes del Ejecutivo se encuentra la aprobación de la Ley de Vivienda, una de las leyes en la que existe una mayor división entre Unidas Podemos y el PSOE. El Gobierno de coalición, sin embargo, no podrá cumplir con uno de sus principales compromisos: la derogación de la ley mordaza.
Europa Laica advierte que el dinero que recibe la Iglesia Católica es muy superior a las personas que representa.
Critica la “atadura” de los acuerdos con la Santa Sede
El presidente de la asociación Europa Laica, Juanjo Picó, ha explicado el significado de laicismo en la sociedad y las instituciones, advirtiendo de la “atadura” que suponen los acuerdos de la Santa Sede con el Estado.
En una conferencia organizada por Izquierda Unida de Ávila, enfocada a la explicación didáctica del significado de laicidad y su transposición práctica, Picó partió del análisis de la plasmación de este concepto en la Constitución Española, que en su artículo 16 proclama que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Por eso defendió “la atadura que supone la permanencia de los acuerdos con la Santa Sede, que amarran la acción de los gobiernos a la hora de establecer legislación más acorde con ese principio constitucional”. En este sentido, recordó que los acuerdos, firmados cinco días después de la aprobación en referéndum del texto constitucional, “ya indican que la declaración de aconfesionalidad venía negociada en paralelo con la voluntad de trabarla en su desarrollo”.
Según Picó, “laicidad es una forma de organizar la convivencia entre diferentes en un plano de igualdad”, por lo que “no es un valor moral ni de creencia, sino un valor democrático”. “Un estado no puede ser ateo, como no puede ser creyente, puesto que esos son valores del individuo, de su ámbito privado”, ha destacado.
El presidente de la Asociación Europa Laica ha considerado que “la sociedad española en la actualidad se encuentra secularizada en muy alta proporción, ya que tan solo un 5% de los españoles y españolas tienen práctica religiosa una vez a la semana”. Sin embargo, “la participación de una creencia religiosa, cristiana católica, en los mecanismos del poder político y, sobre todo, económico es muy superior”, dado que recibe “de una u otra forma, una inyección económica de doce mil millones del dinero público puesto en sus manos”.
Picó defiende la desaparición de las casillas en la declaración del IRPF que destinan parte de los impuestos a la Iglesia Católica y a otros fines sociales. “Los servicios a los ciudadanos son una obligación del estado y este no debe delegarlo en iglesias u ONGs”, por lo que aboga por no marcar ninguna de las dos casillas.