Economía | Opinión
Tu inflación, sus beneficios
"Los beneficios indecentes en un contexto de crisis son las consecuencias de décadas de legislación nacional y comunitaria a medida de las grandes corporaciones"
Juan Roig, presidente de Mercadona, reconocía el martes pasado que sí, que en su empresa habían subido los precios “una burrada”. Lejos de ser una confesión posterior a un examen de conciencia, el empresario valenciano justificó esta decisión: “Si nosotros no hubiéramos subido los precios, el desastre que hubiéramos generado en la cadena de producción habría sido impresionante”. Es decir, el problema no lo habría tenido Mercadona, sino sus proveedores. Lo han hecho por ellos.
Resultado: un aumento en los beneficios de Mercadona en un 5% durante 2022 hasta los 718 millones de euros. Roig, gracias a dividendos, se ha embolsado 88 millones de euros más los 11 millones de su salario como presidente de la cadena de supermercados. En total, 99 millones de euros en un año: 3.367 veces lo que van a cobrar sus empleados con más antigüedad tras la última subida de sueldo anunciada en enero de este año.
Pero, a pesar de estas cifras sangrantes en un contexto de crisis como el actual, Mercadona no es, ni de lejos, la empresa española que ha hecho más negocio en 2022. Inditex anunció un día después unas ganancias récord de 4.130 millones de euros, las mayores de su historia. Solo Amancio Ortega aumentará su fortuna en 2.217 millones de euros gracias a los dividendos de la multinacional textil. Y todo ello después de la huelga de dependientas de la compañía para lograr una subida de sueldo cuya base se ha situado en 18.000 euros anuales para las empleadas con menor antigüedad.
Y, de nuevo, Inditex tampoco ha sido la multinacional española con más beneficios: la superan, dentro del IBEX 35, Repsol, con 4.251 millones de euros, Iberdrola, con unas ganancias de 4.339 millones de euros el año pasado, BBVA, con 6.420 millones de euros, o el Banco Santander, con 9.605 millones de euros.
En Más difícil todavía (Deusto), el economista y catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Juan Torres define la inflación como una “tapadera” utilizada por grandes empresas para incrementar sus márgenes y beneficios extraordinarios. En España, el informe Análisis de la inflación, de CCOO, demostró a mediados de 2022 que los beneficios fueron responsables del 106,3% del aumento de los precios en el cuarto trimestre de 2021 y del 83,4% en el primer trimestre del año pasado.
Así lo explica Torres:
“En la actualidad, a diferencia de lo ocurrido en otros procesos inflacionarios, cuando ha habido mayor capacidad de negociación por parte de las organizaciones sindicales y los salarios aumentaban como respuesta a la subida de precios, apenas si han crecido. Eso, unido a la cada vez mayor capacidad de las grandes empresas para fidelizar a su clientela, invirtiendo en marketing y publicidad, y la pérdida de competencia efectiva en mercados cada vez más concentrados, es lo que explica que el actual proceso inflacionista tenga como una causa detonante fundamental el aumento de los márgenes de beneficios empresariales”.
Este aumento de poder oligopolístico es lo que permite, además, una mayor capacidad de influencia en las decisiones políticas. Que las medidas adoptadas para paliar la inflación hayan sido bajadas de IVA o rebajas de precios a costa del presupuesto del Estado no es casualidad. En ambos casos, son medidas que no afectan a los beneficios de estas empresas, es más, los financian. El impuesto temporal a las ganancias extraordinarias a la banca y eléctricas es solo un corrector provisional y paliativo que no soluciona los problemas estructurales.
Estos beneficios indecentes en un contexto de crisis son las consecuencias de décadas de legislación nacional y comunitaria a medida de las grandes corporaciones, que han adquirido un poder omnímodo que nadie se atreve a cuestionar de una forma real y que no tiene ningún contrapeso público. Un dominio tal que, en un momento apacible para el poder económico, una empresa como Ferrovial decide cambiar su domicilio social a Países Bajos en un alarde de antipatriotismo con pocos precedentes.
La situación no va a cambiar. No hay valentía política para ello, pero tampoco hay una mayoría social que empuje. El discurso de los medios de comunicación de masas es similar al expresado por el diputado de VOX en el Parlamento de Andalucía Rodrigo Alonso: “Olvídense de los ricos, los ricos son ricos por naturaleza”. Al igual que en la Edad Media la doctrina del derecho divino de los reyes otorgaba a los monarcas un poder natural, absoluto e incuestionable, hoy, los grandes empresarios cuentan con el beneplácito social, legislativo, político y mediático para seguir engrosando sus fortunas mientras tú dejas de comprar pescado porque su precio ha subido.
PD: En lo que se tarda en leer este corto artículo (algo menos de cuatro minutos), Amancio Ortega habría ganado prácticamente lo mismo que sus dependientas con menor antigüedad en un año de trabajo: unos 18.000 euros.
Ese es el problema: NO HAY UNA MAYORIA SOCIAL QUE EMPUJE.
Con el fútbol y las redes sociales basura parece que la gente se siente realizada.
No es su problema ni les inquieta el drama de otros muchos semejantes.
Es bien cierto que cada país tiene lo que merece.
No preocuparse que nadie se quedará desatendido ni tirado, ya que el capitalismo es una democracia, la más justa y compasiva que pueda uno imaginarse, incapaz de matar a una mosca.
Cuenta con una extensa red caritativa para asistir a los millones de mendigos que no caben en el banquete de los amos.
Caridad pública y privada contra la solidaridad social, Antonio Gómez Movellán.
La protección social a los más pobres es cuasi una caridad publica, los fondos públicos de todas las administraciones se dirigen hacia las iglesias, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales ávidas de fondos para apuntalar el negocio de la caridad.
Por Antonio Gómez Movellán
Los últimos informes de la OCDE y de la Unión europea sobre la situación económica y social en España muestran un panorama de incertidumbre de la situación socioeconómica para millones de personas. Los datos son muy conocidos: desempleo del 13% y desempleo juvenil del 30%. En la Unión Europea, España es uno de los países de la OCDE donde más ha aumentado la desigualdad social y el INE lo certifica. El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social es del 21, 7%, solo por detrás de Bulgaria, Rumania y Grecia. Es decir, unos 13 millones de personas están en riego de pobreza y aproximadamente 5 millones tienen una situación de vulnerabilidad extrema con dificultades de pobreza severa.
En nuestro país entre cinco y siete millones de personas deberían estar protegidos socialmente de otra manera a como están. Pongamos el caso de la renta mínima garantizada, aparte de que no están garantizadas, estas rentas mínimas de inserción cubren a muy pocas personas. En el año 2022 las personas beneficiadas no alcanzaron las 350.000 y la cuantía media fue de 418 euros. Pero lo más curioso es que el programa, entre todas la CCAA, no alcanza los 1.500 millones de euros. Además de esta cantidad la mitad lo gasta el País vasco, la nación con menos desempleo de España. Así, en el año 2022, los perceptores de la renta mínima el País Vasco fueron 70.000 personas y la renta mínima media se situó en 663 euros; paradójicamente, en Extremadura, la región con más desempleo de España, los perceptores no alcanzaron las 6.000 personas y la renta mínima media 400 euros, ect..
Y en medio de este turbulento presente donde la protección social a los más pobres es cuasi una caridad publica, los fondos públicos de todas las administraciones se dirigen hacia las iglesias, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales ávidas de fondos para apuntalar el negocio de la caridad. El tener una iglesia católica muy activa en la asistencia social, -generalmente utilizando fondos públicos – empobrece el sistema público de protección social. Cuanta más caridad hay, menos protección social existe. En los intersticios confusos de la asistencia social no reglada es donde se introduce la iglesia y ahora también el denominado tercer sector.
En cuarenta años de «democracia» las instituciones sociales católicas- la iglesia, sus órdenes religiosas, sus ONGS y fundaciones- han salido reforzadas. El catolicismo, pese a la pérdida de influencia debido al proceso de secularización social, se ha convertido, paradójicamente, en la primera corporación del llamado Tercer sector y en el primer empresario en la enseñanza privada.
La asistencia social a ancianos; en este sector la iglesia católica y sus geriátricos disponen de más plazas que todo el sector público en conjunto.
Se estima que de las 390.0000 plazas de residencias de ancianos más de 140.000 son controladas directamente por organizaciones religiosas la mayoría financiadas por los ayuntamientos, diputaciones o Comunidades Autónomas. Recientemente hemos visto del caso del Padre Ángel donde sus residencias han sido denunciadas y diversas comunidades autónomas han tenido que suspender sus conciertos por la utilización negligente de los fondos públicos en aras del lucro y la rapiña.
Niños tutelados: en España hay 30.000 niños tutelados en residencias o en familias retribuidas y cerca a de 19.000 lo hacen en residencias gestionadas privadamente y muchas por órdenes religiosas. El 90% de este negocio es subvencionado por el Estado.
Los albergues para los sin techo y comedores sociales para pobres también son otro ejemplo ya que la mayoría son católicos y muchos reciben subvenciones municipales. Todo ello se hace no solo a través de CARITAS sino a través de un sinfín de ONGS y fundaciones y muchos ayuntamientos dan dinero para ello. Un ejemplo reciente en España ha sido el Banco de alimentos, organización más que discutible y con extrañas conexiones de sus dirigentes con sectas religiosas y a intereses de grandes superficies. En el capítulo de las ONGs, las eclesiásticas copan las subvenciones del Estado, de los ayuntamientos, diputaciones, Comunidades Autónomas y del Fondo Social Europeo. Entidades como CARITAS, Secretariado Gitano, Manos Unidas etc reciben cantidades ingentes de dinero público. Y en cuanto a su labor es más que cuestionable …
https://nuevarevolucion.es/caridad-publica-y-privada-contra-la-solidaridad-social/