Ence: la ocupación que no cesa

El Tribunal Supremo decidió el pasado 7 de febrero admitir los recursos presentados por Ence y otras entidades contra la sentencia emitida en 2021 por la Audiencia Nacional que anulaba la prórroga de 60 años autorizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. Se trataba de un nuevo periodo que ampliaba la concesión emitida en 1958 a la, por entonces pública, Empresa Nacional de Celulosas de España. Así, esta fábrica de pasta de celulosa de eucalipto, hoy totalmente privatizada, seguirá ocupando un espacio de dominio público marítimo terrestre en la Ría de Pontevedra, a escasos tres kilómetros del centro de esta ciudad. 

Ence empezó a sufrir procesos privatizadores ya en 1988, aunque mantuvo su carácter público hasta 2001, cuando el gobierno de Aznar se deshizo del 51% de las acciones en manos de la SEPI. En junio de ese año se adjudicó el 25% del accionariado a las sociedades Corporación Financiera de Galicia, un consorcio que pertenecía a Caixa Galicia, Banco Zaragozano, donde se encontraban los Albertos (Alberto Cortina y Alberto Alcocer), e Hispamarket, una sociedad de Bankinter. Los ingresos por la venta fueron de 130,53 millones de euros. Un mes después se procedió a la venta del 26% restante mediante OPV, obteniendo 99,34 millones de euros. 

En los años precedentes a su privatización, Ence realizó inversiones millonarias que allanaron el camino a los beneficios, rozando los 300 millones de euros en los seis años siguientes a su privatización. Todo ello a pesar de la condena en 2002 por delito ecológico, en el que hubo presidentes y directivos procesados con penas de arresto mayor y multas de 30.000 euros, además de sanciones a la propia compañía. 

Con un Consejo de Administración históricamente copado por miembros del Partido Popular, el negocio de Ence transcurrió plácidamente hasta que se acercó 2018, fecha en la que se extinguía la concesión. Dos años antes, el gobierno de Mariano Rajoy en funciones, con la Ley de Costas modificada y reforzado con el informe medioambiental favorable de la Xunta de Feijóo, prorrogó la concesión otros 60 años. El acto simbólico de ser declarado persona non grata en su ciudad tres años después pudo doler más al impertérrito Rajoy que el bofetón suministrado unos meses antes por un joven en la misma ciudad.

Con todo, la sociedad pontevedresa, a través de la Corporación Municipal de Pontevedra, Greenpeace y la Asociación po la defensa da Ría de Pontevedra, recurrieron la decisión y, cinco años después, la Audiencia Nacional (AN) les dio la razón. Este tribunal resaltó que Ence no pudo “aportar documentación o concesión que acredite su ubicación sobre el dominio costero” 

La sentencia emplazó a la empresa a buscar otra localización, fuera del dominio público marítimo, que no vulnerase la Ley de Costas. La AN señaló que, en virtud del artículo 32.1 de dicha ley, se debe justificar que las instalaciones no puedan tener otra ubicación.

Dos años después, el Tribunal Supremo ha invalidado el fallo de la AN con el argumento de que la empresa dispone de “informes medioambientales favorables”, documentos que ya existían cuando la AN falló en contra de la prórroga. Esta documentación a la que se acoge el Tribunal Supremo salió –como se menciona tres párrafos atrás- de la Concellería de Medio Ambiente del gobierno de Alberto Núñez Feijóo en 2015.  

El alcalde de Pontevedra ha dado una rueda de prensa declarando su disconformidad con la sentencia, que significa “cargarse la recuperación del litoral de Pontevedra” y supone también “un agravio comparativo para todos los empresarios que cumplen con la legislación vigente y no reciben prebendas de nadie para sacar adelante su actividad económica”. Durante estos últimos años, varias empresas, como conserveras que se encontraban en dominio público, sí han trasladado su ubicación.

Las grandes fortunas detrás de Ence

Dejando a un margen el mantenimiento de los puestos de trabajo de los 400 empleados de la plantilla de Pontevedra, los verdaderos ganadores de esta prórroga son los grandes accionistas de Ence, hombres que se encuentran entre las mayores fortunas de España, como Juan Luis Arregui Ciársolo, procedente de la aristocracia vasca de Neguri. Su adquisición del 29,44% del accionariado lo convierte en el máximo accionista actual de la entidad, en cuyo Consejo de Administración están sus hijos Gorka, Óscar y Javier. Arregui fue socio fundador de Gamesa y exconsejero de Iberdrola, donde tiene el 0,57% de las participaciones de esta entidad. 

Otro accionista significativo de la papelera y miembro del top 100 de hombres más ricos de España es José Ignacio Comenge, hijo de un militar franquista que se hizo con la cervecera El Águila, colectivizada durante la guerra civil, la cual llegó a presidir durante casi medio siglo. Heredó igualmente de su padre varias embotelladoras de Coca-Cola. Detenta el 6,37% de Ence y el 5% de Ebro Foods, entre otras.

En la misma lista se encuentra Victor Urrutia Vallejo, poseedor del 6,23% del accionariado de Ence, según los últimos datos de la CNMV. Otro potente inversor de la oligarquía de Neguri, cuenta con varias participaciones a través de Asua Inversiones, entre ellas, CVNE o Rentabilidad 2009 Sicav. Es el nieto de uno de los dos fundadores de Hidroeléctrica Ibérica e Hidroeléctrica Española, compañías germen de la actual Iberdrola. El otro fundador fue Lucas de Urquijo, sobrino del primer marqués de Urquijo, según se detalla en el libro Franquismo S.A., de Antonio Maestre.

Por su parte, Ignacio de Colmenares y Brunet, conde de Polentinos, es el actual presidente y consejero delegado de Ence. Se ha hecho con un 0,31% de las acciones de la compañía y se ha embolsado 15,4 millones de euros en los últimos nueve años. Al igual que Rajoy, el conde ha sido declarado persona non grata por el Ayuntamiento de Pontevedra. En 2021, la Fiscalía de esta ciudad archivó una denuncia contra su persona, a causa de un comunicado interno donde manifestaba la posibilidad de que hubiera “un susto ambiental mayúsculo” en las instalaciones de Ence.

¿Quién ha decidido sobre Ence y la Ría de Pontevedra?

Detrás de la solemnidad que desprende toda gran decisión tomada por el alto tribunal se encuentran, en este caso, cinco personas que componen la Sección Quinta de la Sala Tercera, que ha dirimido esta causa. Cuatro de ellas pueden encajar dentro de un perfil marcadamente conservador o cercano al Partido Popular. 

Carlos Lesmes: el actual presidente de la Sección Quinta del Tribunal Supremo, cuya decisión ha respaldado la ocupación de Ence, es un juez conservador madrileño conocido por su afinidad con el PP. Entre 2013 y 2022 ejerció como presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ en funciones. En mayo de 2000, el Gobierno de Aznar lo nombró director general de Relaciones con la Administración de Justicia. 

Una semana después de la sentencia, Lesmes ha sido invitado a comer por el Círculo de Empresarios de Galicia, que se felicitó por la sentencia y exigió la revisión de todas las modificaciones en las prórrogas que puedan afectar a empresas que operan en zonas costeras. 

Fernando Román García: fue secretario de Estado de Justicia bajo el mandato del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Román tuvo un papel activo en la elección de Lesmes como presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo en 2013. De forma controvertida, fue elegido en 2018 para el cargo que actualmente ocupa. En la votación, el entonces presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se abstuvo de la votación por su reconocida amistad con Fernando Román.

Inés Huerta Garicano: otra jurista de corte conservador, prestó servicios durante 12 años en las Fiscalías de Ciudad Real, Albacete y Madrid. Fue destinada a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde fue nombrada en 1996 presidenta de su Sección Octava, destino en el que permaneció hasta el 20 de enero de 2014, fecha en la que fue nombrada Magistrada del Tribunal Supremo.

Wenceslao Francisco Olea Godoy: considerado como íntimo amigo de Lesmes, ejerce como vocal del CGPJ a propuesta del Partido Popular. También preside la Comisión Disciplinaria de este órgano, que anteriormente lo nombró presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Extremadura durante el gobierno de Aznar. Ha sido el encargado de la ponencia de la sentencia.

La decisión tomada por estas personas el pasado 7 de febrero permitirá a Ence, empresa con fábricas en Pontevedra y Asturias pero con domicilio social en Madrid, seguir extrayendo beneficios y alterando el entorno de la Ría de Pontevedra. También aleja un poco el sueño de personas como Leonor González, Nené, por ver a su ría libre de empresas contaminantes.