Los datos que damos, el poder que cedemos

Usted necesita algo. Un préstamo para una reforma, una avería o cualquier circunstancia vital o material que requiera pedir algo a una entidad bancaria. Prepare la documentación. DNI, ambas caras. Contrato de trabajo. Último recibo de hipoteca o de otros préstamos solicitados. En el caso de personas autónomas, última declaración del IRPF e IVA. ¡Ah!, no lo olvide, sume al montón de papeles que inundan su mesa el Informe de la vida laboral.

Puede que le suenen todos los documentos anteriores, pero tanto la declaración del IRPF, el IVA o la Vida laboral poseen gran cantidad de información que, en los tiempos que discurren, puede ser de gran utilidad para su banco o para terceros.

La Vida laboral es una fuente informativa que le cuenta a su entidad el tiempo que estuvo de alta o de baja, el régimen por el que cotizó, el tipo de jornada que ha tenido o las empresas para las que trabajó o trabaja, entre otros datos. Todo un informe pormenorizado, escaneado y servido por usted que, en muchos bancos, es condición indispensable para concederle desde una hipoteca a un crédito para la compra de un coche o una reforma de la cocina. Un documento que, además del presente y el pasado, permite vislumbrar, también, “la capacidad a futuro [del solicitante] de devolver el préstamo solicitado, valorando la capacidad económica del interesado cuando finalice su vida laboral, jubilación por ejemplo”, expone el abogado experto en protección de datos Samuel Parra.

El “factor riesgo que supone la operación”. Este es el argumento con el que fuentes internas de una importante entidad bancaria justifican la solicitud de la Vida laboral a, por ejemplo, un trabajador autónomo que pide un crédito. El detonante de esta petición, argumentan las mismas fuentes, tiene su origen en la crisis financiera de 2008: “Antes dábamos préstamos para todo y ahora ya las cosas se miden más”.

Mi vida laboral por una nevera

Entonces, ¿los datos del Informe de vida laboral son solo para valorar el riesgo que tiene el banco y si puede asumir la contingencia de ese préstamo para cambiar la nevera o esa información se destina a fines comerciales que desconocemos?

El interrogante no encuentra una respuesta rotunda en la fuente consultada que trabaja en la entidad bancaria. El silencio llena la conversación. Medita la respuesta y apunta: “Suele solicitarse para estudiar cada perfil del solicitante, aunque eso ya depende de cada sucursal y la necesidad que tengan de vender y alcanzar los objetivos marcados”.

“Es un abuso”, no duda en afirmar la asesora fiscal Myriam Vila. Que los bancos tengan acceso a la vida profesional de cualquier ciudadano “para ver la viabilidad económica que yo tengo en este momento no les vale para nada”, añade. Y compara este requisito con otra petición bancaria habitual: el modelo 347. 

En este caso se trata de una declaración informativa que recoge las “operaciones realizadas con terceras personas”, como indica la Agencia Tributaria, siempre que superen los 3.005,06 euros. La asesora fiscal explica que suele oponerse ante esta petición y expone su hipótesis: “Ese modelo, igual que la vida laboral, no lo necesitan para nada. Pero de ahí sacan datos, buscan clientes, buscan empresas…».

“Como usuario, la petición es desproporcional», arguye otro experto en protección de datos consultado por lamarea.com y que prefiere no dar su nombre. Establece una frontera entre lo ético y lo lícito de esta petición de la banca, aunque recuerda que la práctica financiera es legal, ya que “hay una base de legitimación basada en la necesidad para la ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas contractuales”. 

La presencia de datos, como los períodos de alta y baja de la persona trabajadora, el tipo de cotización o las empresas para las que ha trabajado son para este experto “datos ordinarios”, por lo que una interpretación enfocada a una posible vulneración de los derechos del consumidor es una interpretación, a su juicio, “un poco forzada”.

¿Qué dice la ley?

En materia jurídica, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, regula la petición y protección de datos por parte de las entidades bancarias y califica de lícito su uso siempre que se indique su fin, su posible inclusión en el sistema de la entidad y la permanencia de esos datos en la entidad el tiempo que dure, en este caso, el crédito concedido. 

Este medio ha contactado con la Asociación Española de Banca (AEB), que cierra filas en torno a las prácticas realizadas por sus asociadas: “Con carácter general, la normativa bancaria obliga a una evaluación de la solvencia del cliente antes de la concesión del crédito”.

Samuel Parra, abogado experto en protección de datos, argumenta que la petición del Informe de la vida laboral se debe a que “seguramente [los bancos] hayan llegado a la conclusión de que la vida laboral, en tanto documento emitido por la Administración, ofrece más garantías respecto a su situación laboral que la mera declaración o exhibición de una nómina”.

Aunque que también es posible que la banca, “una vez te hacen la evaluación de riesgo”, detalla este especialista (que trabaja para diversas entidades bancarias y crediticias), “pueda anonimizar la información de cada cliente y tratar la información de forma agregada”. Es decir, los bancos pueden recopilar una gran cantidad de datos en una misma ciudad, por ejemplo, para trazar diferentes perfiles y crear productos a medida de esa cartera de clientes de la que han obtenido datos de su vida laboral. Una práctica legal que, de nuevo, tiene como antagonista la vertiente ética de la utilización para otros fines de la información cedida por el cliente.

Una relación desigual

Para el vicepresidente de FACUA-Consumidores en Acción, Miguel Ángel Serrano, el cliente queda en una “posición delicada” y apunta a la necesidad de “posicionarlo en igualdad de condiciones con las entidades financieras”.

Parece que las empresas comienzan a tener “conciencia de la importancia que tiene proteger los datos de sus clientes para que no pasen a manos de terceros que puedan realizar acciones no deseadas”, señala la consultora LOPDatos. Aunque, pese a los avances logrados en los últimos años, “falta mucho por conseguir, ya que la combinación de posesión de datos de carácter personal y las nuevas tecnologías puede ser muy peligrosa para el ciudadano de a pie”. 

La experiencia personal del experto en datos Samuel Parra refleja las carencias aún existentes en protección de información por parte de las sucursales bancarias: “En mi caso, no se suministraba la información a la que obliga la normativa de protección de datos a la hora de solicitar documentos; tampoco tenía garantías de que no se fuera a usar esa información para otros fines”. Parra intentó ejercer sus derechos de acceso a su información y de supresión. Al cierre de este reportaje, su entidad no ha dado respuesta a ambas peticiones.

Los datos que damos, los datos que nos piden. Una transacción que no solo obedece a una cuestión legal, sino también ética. En este sentido, la filósofa mexicana Carissa Véliz reflexiona en su ensayo Privacidad es poder. Datos, vigilancia y libertad en la era digital (Debate) que ceder nuestros datos es “una lucha de poder”. Una lucha que, por ahora, vamos perdiendo.