Myanmar prolonga el estado de alarma otros seis meses y evita convocar elecciones

Hoy, cuando se cumplen dos años desde que el Tatmadaw, el ejército birmano, liderado por el jefe de las fuerzas armadas Min Aung Hlaing, tomó el poder por la fuerza en Myanmar, estaba prevista la convocatoria de elecciones y la cesión de poder a un gobierno civil interino impuesto por los militares. Sin embargo, en una rueda de prensa esta misma tarde, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ha decidido prolongar el estado de alarma otros seis meses, lo que alejaría, aún más, la posibilidad de una convocatoria electoral. 

El lunes 23 de enero, el general Hlaing, coincidiendo con el fin del estado de emergencia (que por ley no se puede alargar más de dos años) aseguraba en una reunión del Consejo de Administración Estatal que las elecciones generales en Myanmar se iban a llevar a cabo este año, posiblemente en agosto, aunque no precisó ninguna fecha. 

También se preveía, en estos días, la entrega del poder a un presidente civil interino, U Myint Swe, exgeneral y vicepresidente (electo militarmente) durante el gobierno de la Liga Nacional por la Democracia (NLD). Esta convocatoria electoral, sin ninguna garantía democrática, había sido rechazada por el Gobierno de Unidad Nacional (NUG) –un gobierno civil en la sombra que nació en abril de 2021– y los diferentes partidos, tanto estatales como étnicos, según explica el periódico birmano The Irrawaddy. El jueves 27 hacía pública la nueva Ley de Registro de Partidos Políticos: la idea era disolver los partidos políticos existentes para favorecer al Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP) –el partido del Tatmadaw– y se obligaba a registrar nuevos partidos en un plazo de 60 días. 

Los partidos registrados, además, tenían que contar, por lo menos, con 100.000 afiliados, debían tener oficinas en 150 municipios del país en un plazo de seis meses y debían depositar 100 millones de kyats (unos 35.000 dólares estadounidenses), según se explica en este artículo de The Irrawaddy. Se trataba de unas condiciones draconianas imposibles de cumplir. Solo el USDP y la NLD –que rechazó formar parte de la Comisión Electoral por considerarla ilegal– hubiesen tenido capacidad para presentarse. Esta nueva ley electoral también fue rechazada por los países integrantes de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

Sin embargo, tan solo hicieron falta, literalmente, cuatro días para que el Tatmadaw reculase. Ayer mismo, en la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Junta usó el pretexto de la actividad terrorista para alargar el estado de alarma: “Existen actividades encaminadas a la destrucción total del Estado por parte de grupos terroristas, motines y violencia. Se discutió y confirmó que la paz y la estabilidad del país no es normal, ya que se están realizando actividades subversivas”. Según el artículo 425 de la Constitución, si la situación no es “normal”, se puede continuar delegando el poder en el Jefe del Estado Mayor de la Defensa y, por lo tanto, alargar el estado de alarma. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido.

Un país roto

Al otro lado de la pantalla, Z. T. intenta mostrarse positiva, pero le resulta imposible. Desde que fuera expulsada de la universidad, donde era profesora asistenta y finalizaba su doctorado, no ha vuelto a trabajar. El ejército ha purgado, en estos dos años, a todas aquellas personas que simpatizaron o que forman parte del Movimiento de Desobediencia Civil de Myanmar (CDM por sus siglas en inglés). Es el caso de Z. T.

Su vida ha cambiado tanto en los últimos años que ni la reconoce. “Me siento muy triste, sis”. No se arrepiente de nada, pero tiene claro que su vida ha quedado detenida. “Tengo 32 años, y veo cómo pasa el tiempo sin que pueda hacer nada. No estudio, no trabajo, no puedo salir del país”. Su inglés se ha deteriorado y las dificultades económicas aprietan a su familia: sus dos hermanas mayores también forman parte del CDM y fueron igualmente despedidas de sus puestos de trabajo. 

La vida de Z. T. transcurre sin esperanzas: ha buscado trabajo en Europa, pero por cuestiones de visado le resulta imposible. De momento, aprende alemán con la mirada puesta en Suiza, donde le gustaría vivir. Antes del golpe de Estado estuvo estudiando una temporada allí con una beca, y quedó enamorada del país. El traslado, sin embargo, no es posible: la Junta militar birmana ha dejado de expedir pasaportes a la gente relacionada con el CDM y Z. T. no puede salir del país; o al menos no puede hacerlo sin arriesgar la vida. Podría hacerlo de manera ilegal a través de la frontera con India o con Tailandia, pero los riesgos son mayores. 

“El golpe de Estado ha tenido un impacto profundo en nuestras vidas. Todos los que apoyamos al CDM nos quedamos sin poder estudiar o trabajar. Para muchos, la vida se ha parado por completo. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Eso genera frustración y depresión”. Quien habla es un chico birmano perteneciente a la minoría étnica kachín –radicados en el norte del país– que ha pedido no ser identificado. Él consiguió llegar a Tailandia con un visado de estudiante, desde donde atiende a La Marea. 

Involucrado con el CDM desde el inicio, explica que el movimiento continúa trabajando en la clandestinidad: “Los arrestos arbitrarios se han multiplicado y la población es muy vulnerable”. Dejar el país no fue una decisión fácil: “Los que nos fuimos tuvimos que enfrentar muchos dilemas. Quedarnos, luchar, arriesgar nuestras vidas o continuar la resistencia desde fuera y ayudar a nuestra familias”. Human Rights Watch calcula que unas 50.000 personas han huido a Tailandia.

Desde febrero de 2021, Myanmar vive sumido, otra vez –no es la primera–, en la oscuridad. Para perpetrar el golpe, la cúpula militar adujo que las elecciones generales, celebradas el 8 de noviembre de 2020 y ganadas por la NLD –el partido de Aung San Suu Kyi– habían sido un fraude, un hecho desmentido por los observadores internacionales. La respuesta en la calle no se hizo esperar y la población organizó protestas en las principales ciudades del país. Estas manifestaciones tomaron el nombre de Spring Revolution. Durante las primeras semanas, el régimen militar, a sabiendas de que la comunidad internacional estaba pendiente, fue cauto. Lo peor vino después, cuando empezó la represión y la persecución sistemática. Según la Assistance Association for Political Prioners (AAPP), actualmente hay 13.719 presos políticos en el país, y la Junta ha asesinado al menos a 2.901 personas. Sin embargo, es probable que estas cifras sean superiores.

En la actualidad, Myanmar está abierto a las inversiones de países como China o Singapur y de su mayor garante en estos momentos: Rusia. Si bien el proveedor tradicional de armas en Myanmar ha sido China, hace años que el Tatmadaw decidió diversificar la compra de armamento por la sospecha de que China había estado apoyando a determinados grupos étnicos en la frontera, como los wa o los kachín.Además, “el golpe de Estado de Myanmar en febrero de 2021 y la invasión rusa de Ucrania un año después han profundizado las tendencias: teniendo que enfrentar sanciones internacionales más fuertes y el aislamiento diplomático, los dos países están explorando activamente formas de fortalecer sus lazos económicos y de seguridad […]. Rusia ha brindado un apoyo incondicional a la junta en Naypyitaw después del golpe, también ha hecho envíos continuos de armas. El régimen de Myanmar, a su vez, se ha posicionado como el amigo menos crítico de Rusia en Asia y ha apoyado abiertamente la invasión de Ucrania. En los últimos meses, los dos países han desarrollado canales bancarios y financieros directos para respaldar el comercio bilateral, incluidas las compras de Myanmar de productos energéticos rusos”, según reza un informe de Crisis Group.

Febrero de 2021, vuelta a la casilla de salida

El golpe de Estado no fue una sorpresa. Ni para la población birmana ni para la comunidad internacional. A pesar de haberse celebrado las primeras elecciones democráticas en 2015, el Tatmadaw nunca llegó a abandonar el poder: la Constitución vigente, de 2008, fue hecha a medida por y para el estamento militar. En el texto se contempla que, sea cual sea el resultado electoral, los militares ocuparán un 25% de los escaños en el Parlamento. Además, tienen reservados los ministerios de Defensa, Interior y Fronteras, y disfrutan de capacidad de veto a cualquier iniciativa de reforma constitucional. 

Por ley, el Tatmadaw también puede tomar el poder si se produce un estado de emergencia. Este estado de emergencia tiene que venir declarado por el presidente del país (esto sucedió el 1 de febrero de 2021: después de que Suu Kyi y el presidente del país, Win Myint, fueran detenidos, el vicepresidente interino, U Myint Swe, firmó el estado de emergencia). El golpe de estado estuvo liderado por Min Aung Hlaing, discípulo de Tan Shwe (jefe de estado de Myanmar entre 1992 y 2011), uno de los rostros de la represión durante las protestas de 2008 y uno de los artífices del genocidio rohingya en 2017. Inicialmente, el Tatmadaw aseguró que iba a convocar elecciones en febrero de 2022, pero en estos dos años y hasta hace una semana, no se había vuelto a hablar del tema.

Durante este tiempo, con la vuelta a la dictadura militar, la situación de la población birmana no ha hecho más que empeorar. En febrero de 2022, las personas desplazadas en Myanmar se habían duplicado, según la ACNUR. La seguridad en el territorio se ha deteriorado y los combates y los conflictos armados se han intensificado. Lo único positivo, si es que se puede usar este término en este contexto, es la mejora del entendimiento entre la etnia mayoritaria (bamar) y otras minoritarias. 

“A causa del golpe, los bamar han entendido mejor nuestras luchas. Ojalá no hubiese sido de esta manera, pero se está dando así. Las minorías estamos impartiendo formación para hacer frente a los militares y eso crea aliados; pero también crea una responsabilidad que antes no teníamos”, explica el birmano kachín. De hecho, las diferentes guerrillas están impartiendo formación a las Fuerzas de Defensa del Pueblo (People’s Defence Force, PDF), el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional.

En esta línea, Kaamil Ahmed, periodista de The Guardian y autor de I Feel No Peace: Rohingya Fleeing Over Seas & Rivers (Hurst Publishers, 2023), considera que esta situación ha hecho que muchos bamar en Myanmar cambiaran su percepción acerca de los rohingya: “Activistas que antes eran hostiles a la causa rohingya se han dado cuenta de la campaña que había orquestado el Tatmadaw contra esta minoría. Cuando gobernaba Suu Kyi, la mayoría de la población birmana no veía al estamento militar como un enemigo. Ahora sí”.

Ahmed asegura que no ha podido acceder a los campos de refugiados rohingya en Bangladés desde 2019, ya que el Gobierno bengalí cada vez pone más trabas. “Tampoco tenemos información de lo que ocurre dentro de Myanmar con los rohingya, porque están muy aislados, aunque intuyo que la situación no es buena buena, porque cada vez llegan más refugiados a la frontera bengalí. Las condiciones en Bangladés tampoco son buenas y se ha incrementado el número de rohingya que intentan llegar a Malasia en botes”.

El periodismo se desangra

En este terror militar que vive el país, los periodistas están en el punto de mira. Cuando se produjo el golpe, el Tatmadaw prohibió la actividad de unos 20 medios de comunicación. Desde entonces han muerto cuatro periodistas: dos después de haber sido torturados, uno en una protesta y otro en una emboscada. En términos relativos a su población, Myanmar es, en estos momentos, el país con más periodistas encarcelados del mundo; y ocupa el puesto 176 entre 180 países en el índice mundial de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Actualmente hay 72 periodistas encarcelados, de los cuales 50 han sido condenados.

“Los militares han ganado la batalla porque han conseguido normalizar el terror. Las condenas de diez años a dos documentalistas japoneses sirvieron como aviso: ‘no vengáis porque esto es lo que os pasará’. Fueron liberados y deportados, pero si vuelven tendrán que cumplir condena”. Daniel Bastard, responsable del Área de Asia-Pacífico de RSF, se muestra pesimista y no cree que la situación mejore próximamente, a pesar de la posible convocatoria de elecciones. “La Junta no tiene tradición de apertura”, concluye. Y tiene razón: no la tiene.