El caso Aizpiri: de Repsol a Enagás (2)

Últimamente se ha hablado de fiscalizar los “beneficios caídos del cielo” de las empresas energéticas, a raíz de las subidas descontroladas del precio de la energía causadas por el oligopolio energético, la especulación financiera, el declive de los recursos fósiles y la guerra de Ucrania como catalizador, entre otros factores.

Los beneficios inesperados se empezaron a producir cuando las industrias recibieron los derechos de emisión gratuitos que pueden venderse a cambio de un beneficio en el mercado financiero, por las compensaciones en terceros países (vía MDL y otros mecanismos) y por hacer que los consumidores paguen por costes de carbono inexistentes. Los analistas financieros advirtieron de que esto iba a ocurrir incluso antes de empezar a funcionar.

Según Carbon Market Watch, la industria pesada de 19 países europeos obtuvo beneficios de más de 24.000 millones de euros gracias al mercado de carbono de la UE entre 2008 y 2014.

En el caso español, con el Plan de Asignación del Ministerio, donde trabajaron Aizpiri y Ribera, los grandes contaminadores como Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa y Arcelor, así como Cemex, Portland Valderribas y Lafarge, obtuvieron unos beneficios adicionales (1.600 millones de euros entre 2008 y 2014) vendiendo sus créditos de carbono sobrantes, así como con la gran hidráulica y las centrales nucleares.

Por todo ello, más de 100 grupos ecologistas se posicionaron con claridad por el desmantelamiento del mercado de CO2. Con la declaración “Es hora de desmantelar el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones”, expusieron los múltiples problemas estructurales que afronta el mercado europeo de carbono, y que tampoco fueron resueltos con las reformas posteriores aprobadas por las instituciones comunitarias.

Por un lado, se había desviado por completo la atención de la necesidad de reducir radicalmente la dependencia y el uso de los combustibles fósiles, dando como resultado un incremento de las emisiones. Por otro, se despilfarró el dinero de los contribuyentes para costear unas regulaciones absurdas. Con la concesión de permisos de emisión gratuitos se enriquecieron las empresas cubiertas por el mercado de carbono mientras seguían contaminando. Además, los gobiernos dedicaron sus presupuestos a pagar a otros Estados comprando “créditos de carbono” para compensar las excesivas emisiones nacionales.

De hecho, España fue uno de los Estados que más dinero público pagó para cumplir Kyoto. En 2013, ya con el gobierno de Mariano Rajoy, la Agencia Europea de Medio Ambiente alertó que entre 2008 y 2012 el país gastó más de 800 millones de euros en comprar derechos de CO2. También señaló que la brecha entre lo que se tendría que haber reducido y las emisiones reales suponía un 13%, cuando la media de los países europeos era del 1,9%.

En todos estos años, las empresas eléctricas han estado repercutiendo los costes de los derechos de emisión sobre los consumidores. Diferentes estudios han mostrado que los derechos de emisión asignados gratuitamente se han trasladado a los sistemas de electricidad, incrementando los precios de la electricidad para los consumidores y beneficios inesperados para los productores. En la primera fase, según un estudio de UBS Investment de 2005, el comercio de emisiones europeo incrementó el precio de cada kilovatio/hora de electricidad vendida en la UE en 1,3 céntimos de euro. Esto puede parecer insignificante, hasta que se conoció años más tarde que entre 2008 y 2014, las industrias se embolsaron unos 15.300 millones de euros transfiriendo los costes del CO2 a sus clientes, según CE Delft.

La catedrática de Economía Natalia Fabra, de la Universidad Carlos III de Madrid, recuerda que el gobierno de Zapatero aprobó el Real Decreto Ley 11/2007 para disminuir el coste de la electricidad para los consumidores al descontar de la retribución de la generación no contaminante el valor de los derechos de CO2 internalizado en el precio de mercado. Como las empresas eléctricas se opusieron, el Gobierno lo retiró en 2009. 

“En los últimos cinco años, el precio del CO2 se ha multiplicado por 10. Por ejemplo, para un ciclo combinado de gas, el coste de emitir CO2 ha pasado de 2€/MWh a 20€/MWh. Para una central de carbón, el coste se triplica”. Las empresas trasladan estos costes al consumidor vía el precio del mercado eléctrico. “Ello es así porque el precio del CO2 actúa como un coste directo o de oportunidad para las centrales de gas y carbón, que lo traspasan 100% a los precios de la electricidad”, afirmaba Fabra en un artículo publicado en 2014 en la American Economic Review.

Todo ello se podría haber evitado confrontando al oligopolio energético. Pero sus representantes estaban sentados en los órganos de poder de los dos principales partidos políticos que gobernaban en España.

Más recientemente, Fabra ha denunciado asimismo el “enriquecimiento indebido” de las empresas de la energía nuclear e hidráulica en España cuyos ingresos multiplicaron por diez sus costes, según asegura la catedrática que ha elaborado un estudio para la reforma del mercado eléctrico en el que se ha basado el gobierno de Pedro Sánchez.

Azpiri, Repsol y la huella ambiental

Tras dejar su cargo en el gobierno de Zapatero en 2008, Gonzalo Aizpiri volvió a los mandos de la “empresa más contaminante de España” (emitió 10.707.036 toneladas de CO2 equivalente en 2021), según el ranking de las 10 empresas más contaminantes del país del Observatorio de la Sostenibilidad.

En Repsol, Gonzalo Aizpiri ha ocupado puestos de poder, como subdirector de la División de Recursos de la Dirección Ejecutiva, director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa, director General Ejecutivo de Personas y Organización, así como director general de Comunicación, Relaciones Institucionales y Presidencia. Durante estos últimos años ha tomado decisiones que han afectado al porvenir de la humanidad y ha blanqueado las actividades de mayor impacto social y medioambiental de la empresa.

Cuando recordamos con tristeza el hundimiento del Prestige en las costas gallegas en 2002, también nos vienen a la cabeza los delitos ambientales que ha provocado sistemáticamente la industria petrolera y, concretamente, Repsol.

Sin ir más lejos, el 15 de enero de 2022, Repsol causó un derrame petrolero de unos 11.900 barriles sobre las costas peruanas de Ventanilla que ha afectado a buena parte de la costa norte de Lima. En esos días, Gonzalo Aizpiri era director general de Comunicación, Relaciones Institucionales y Presidencia en la compañía. El crimen ambiental ha sido catalogado de gran magnitud y sin antecedentes en su tipo por el informe de hallazgos y recomendaciones de la misión de expertos de la ONU. Los daños ambientales y sociales ocasionados son cuantiosos. El Gobierno peruano acusó a la empresa española de dar información inexacta sobre la magnitud del derrame, citando información que recibió del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), lo que dificultó una acción pronta y oportuna. 

Además, su personal no estaba preparado para enfrentar la emergencia y no tenía equipo e implementos necesarios para controlarla. Los diferentes informes dan cuenta de una actuación irresponsable de Repsol, una falta de supervisión adecuada a la implementación del plan de contingencia e incumplimiento de varias medidas administrativas interpuestas. Las afectadas denunciaron la falta de limpieza por parte de la petrolera y exigen justicia, reparación integral de daños y prevención de estos desastres. 

Pero un año después del delito ecológico en el mar peruano, muchos afectados aún sufren las consecuencias. A pesar de numerosos procesos administrativos sancionadores, una investigación penal por contaminación ambiental y dos demandas civiles contra la empresa, miles de ciudadanas y ciudadanos siguen sin recibir una indemnización justa. Repsol ha apelado a numerosas resoluciones para evitar el pago de multas al Estado. Un reciente fallo favorable a la empresa en uno de los procesos judiciales, del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, generó una gran indignación por un presunto conflicto de interés: la secretaría técnica del tribunal tiene un vínculo conyugal con un ingeniero de la refinería de Repsol donde se causó el derrame.

Durante bastante tiempo, la sociedad civil ha denunciado a Repsol por hechos muy graves en diferentes partes del mundo, especialmente en América Latina, por los que la empresa fue condenada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2010. Entre las acusaciones figuraron contaminación, corrupción, fraude fiscal y financiero, apropiación ilegal, contrabando y daño económico al Estado, incumplimiento de leyes de hidrocarburos y normas ambientales, privatización de bienes públicos, abuso de trabajadores, invasión y hostigamiento de comunidades indígenas así como otras violaciones de derechos humanos.

Gonzalo Aizpiri, Enagás y la guerra en Ucrania

Justo tres días antes de la invasión rusa de Ucrania, el consejo de administración de Enagás, una empresa gasística participada en un 5% por el SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), aprobó el nombramiento de Gonzalo Aizpiri como consejero delegado, en sustitución de Marcelino Oreja Arburúa (ex eurodiputado del PP y primo de Jaime Mayor Oreja, ministro en el gobierno de José María Aznar). “Un miembro de la tribu de Ribera para controlar Enagás” fue el titular de Cinco Días, diario económico del Grupo Prisa. El poder fósil valoraba sobre todo su trayectoria en ámbitos regulatorios.

La guerra de Rusia contra Ucrania no solo puso en primer plano la dependencia de la UE del petróleo y el gas rusos, sino de todo el gas fósil (EE UU, Qatar, Algeria, Emirates Arabes, Nigeria, etc.). A pesar de las sanciones y el discurso bélico de la UE, el Gobierno español no ha renunciado a Rusia como tercer suministrador de gas de España en 2022, con un 12,1%, detrás de EE UU y Argelia. 

Porque la crisis energética europea -más allá de la narrativa dominante- no solo se debe a la inflación y la guerra, sino a una combinación de múltiples factores como la dependencia de las energías fósiles del exterior, picos de extracción de distintos recursos que limitan su disponibilidad al tiempo que ha aumentado su consumo interno en los países exportadores, políticas que han negado el agotamiento de estos recursos, medidas ultra expansivas de creación de dinero para favorecer los mercados financieros, su inmenso poder o la especulación. Pero hay un factor determinante, y es el poder político de las empresas energéticas. 

El conflicto bélico en Ucrania ha demostrado el enorme poder de la industria de los combustibles fósiles –con Repsol, Naturgy y Enagás como protagonistas nacionales– que ha conseguido hacerse, una vez más, con la toma de decisiones energéticas de la UE y particularmente de España.  

Y allí está Gonzalo Aizpiri quien, independientemente de sus buenas amistades con el Ejecutivo español, sabe forjar relaciones con la Comisión Europea para marcar la agenda energética. Tal vez nunca conozcamos todos los detalles. Lo que sí sabemos es que el gabinete del vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans prometió al director ejecutivo de Enagás, por ejemplo, que «los operadores de sistemas de transmisión, incluido Enagás, tendrán un papel inestimable a la hora de abordar la emergencia y garantizar la seguridad energética de la Unión Europea», tal como recoge el informe A ‘Gastastrophic’ Mistake, de Corporate Europe Observatory y Friends of the Earth Europe. 

Gonzalo Aizpiri escribió a Timmermans el 7 de marzo de 2022 que la empresa estaba disponible «para cualquier cosa que la Comisión Europea necesite». Asimismo, destacó que su compañía ha construido la mayor parte de las infraestructuras de gas de España, es accionista del polémico gasoducto TAP y está “promoviendo nuevas fuentes de energía como el hidrógeno».

Enagás y Gonzalo Aizpiri tienen mucha experiencia en lograr que los legisladores, sea en Madrid o en Bruselas, repitan una y otra vez los errores políticos que desestabilizan el clima. De hecho, Enagás está en casi todos los grupos de lobby del gas que han debilitado y retrasado las leyes climáticas de la UE, o de promoción de las tecnologías, como la captura, utilización y almacenamiento de carbono, que han agravado la crisis climática.

Para estas funciones, Gonzalo Aizpiri cuenta con un emisario especial: Francisco Pablo de la Flor García, director en Enagás que trabaja en Gas Infrastructure Europe –que a su vez participa en el recién creado Grupo Consultivo de la Industria de la Plataforma Energética de la UE– y en el Consejo de Administración de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (ENTSOG). Este grupo, creado por la legislación de la UE, otorga a las empresas que construyen y operan gasoductos y terminales de GNL un papel oficial en la elaboración de la política del gas. El rol de la ENTSOG es predecir el uso futuro del gas y proponer proyectos de infraestructura –que sus miembros construyen– para satisfacerlo. Es difícil encontrar un conflicto de intereses más evidente. No es de extrañar, por tanto, que la red haya sobrestimado sistemáticamente la futura demanda de gas. Como resultado, la UE gastó 4.500 millones de euros en 44 nuevos proyectos de infraestructura de gas entre 2013 y 2020, y el 90% del dinero fue a parar a los miembros de la ENTSOG.

A pesar de la emergencia climática, y en respuesta a la crisis energética ahondada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Enagás se propone construir más infraestructuras de gas (como por ejemplo un nuevo gasoducto entre España e Italia) con dinero de la UE, según han evidenciado el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y ReCommon. Además de los 245.000 millones de euros prometidos, procedentes del Pacto Verde Europeo, del paquete Fit for 55 y de NextGenerationEU, el REPowerEU propone utilizar casi 40.000 millones de euros de financiación pública de la UE para levantar proyectos de combustibles fósiles.

Es más, Enagás, como miembro de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas, ha usado el hidrógeno para impulsar más infraestructuras, bajo el pretexto de la “transición energética”. Los planes de rápido crecimiento de la iniciativa de la Red Europea de Hidrógeno (European Hydrogen Backbone) muestran el peligro de este esquema: una gran cantidad de nuevos soportes de gas fósil están en ejecución. Algo contrario a la necesidad de abandonar rápidamente el uso de los combustibles fósiles.

La comunicación REPowerEU habla de 15.000 millones de toneladas adicionales de hidrógeno «verde» procedente de electricidad renovable, tanto nacional como importada, para 2030. Esta cifra triplica con creces el objetivo del paquete Fit for 55 de la UE. Pero, dado que la UE ya está incumpliendo sus objetivos en materia de energías renovables, ¿de dónde saldrá la electricidad para producir tanto hidrógeno? En la actualidad, entre el 97-99% del hidrógeno europeo se produce a partir de gas fósil y no de electricidad renovable.

Además, todas las infraestructuras y plantas industriales requieren una gran cantidad de materias primas como minerales que incrementan el extractivismo y los impactos socio-ambientales asociados, como la pérdida de biodiversidad o la violación de derechos humanos, especialmente en los países del Sur global.

Este artículo forma parte de una serie de reportajes de investigación elaborados por Tom Kucharz, investigador y militante de Ecologistas en Acción.

Próxima entrega: ‘Aizpiri y Ribera: en la cúspide de la carrera por el gas’.