Retardismo y puertas giratorias, cuando el capital fósil sabotea la política climática (1)

En estos tiempos de guerra, inflación de precios y riesgo de colapso ambiental, es legítimo preguntarse para qué sirven las cumbres de cambio climático, como las que se celebran desde 1992, cuando las emisiones de gases de efecto invernadero causantes de la emergencia climática no dejan de crecer y sus impactos son cada vez más graves. Sobre todo cuando los países más ricos y más responsables de la crisis climática destinan 30 veces más recursos al gasto militar que a la financiación para el clima.

Inundaciones en Pakistán, sequías en el cuerno de África, pérdida de cosechas agrarias u olas de calor. Nada de esto es nuevo. Solemos denunciar a empresas y gobiernos por los fracasos de las cumbres. Sabemos también que la gravedad de la crisis actual, y aún más la que está por venir, se debe a las decisiones de los poderes políticos y económicos en el pasado. De ahí surge la pregunta: ¿nos ayudaría a comprender mejor por qué fracasan estas cumbres y por qué en los últimos 30 años no se han tomado las medidas necesarias para frenar el cambio climático si ponemos nombres a quienes nos han llevado a esta situación?

“¿Qué diablos nos pasa?”, se preguntaba acertadamente Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo (Paidós, 2015), en el que averigua “qué es lo que realmente nos impide apagar el fuego que amenaza con arrastrar nuestra casa colectiva”. Su hipótesis: las acciones que nos ofrecen mejores posibilidades de eludir los peores escenarios de la catástrofe “entran en conflicto de base con el capitalismo desregulado” y “son sumamente amenazadoras para una élite minoritaria que mantiene un particular dominio sobre nuestra economía, nuestro proceso político y la mayoría de nuestros principales medios de comunicación”.

Por eso hablaremos de Arturo Gonzalo Aizpiri (Madrid, 1963), director ejecutivo de Enagás (sueldo: alrededor de 278.800 euros anuales). La empresa energética que dirige es una protagonista destacada en la actual crisis energética y él representa a la perfección el “fundamentalismo del mercado” que “ha saboteado sistemáticamente desde el primer momento nuestra respuesta colectiva al cambio climático”, usando palabras de Klein.

Este texto (publicado en tres partes) indaga sobre la responsabilidad que ha tenido Aizpiri en las políticas climáticas en España y la Unión Europea, así como en sus presuntos vínculos políticos con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Por supuesto, el desarrollo y la aprobación de las políticas públicas recae sobre el conjunto de las estructuras de poder del Estado, es decir, sobre muchos individuos que trabajan en las instituciones. Pero en esta ocasión seguiremos la pista a algunos de sus protagonistas por el papel determinante que han tenido y siguen teniendo.

Arturo Gonzalo Aizpiri, doctor en Ciencias Químicas, ha traspasado las puertas giratorias como pocos. En el sector privado ha desempeñado funciones de alta dirección en la multinacional Repsol (entre 1990 y 2022, con interrupciones). En el ámbito público ha sido desde director general de la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid hasta secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente.

Empezó a trabajar en Repsol en 1990 como “investigador de nuevas tecnologías y exploración”. El año siguiente, el Partido Popular ganó por primera vez las elecciones en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, Joaquín Leguina (PSOE) retuvo la presidencia gracias a un pacto con Izquierda Unida, y Aizpiri fue nombrado director general de Juventud. En 1993, sustituyó a Luis Maestre (PSOE) como director de la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Comunidad de Madrid, resultado de conflictos por el poder en la Federación Socialista Madrileña y promocionado, según reportó El País, por Jaime Lissavetzky, ex secretario de Estado para el Deporte y consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid entre 1985 y 1995.

Cuando el PP ganó las elecciones autonómicas de Madrid en 1995, Josep Borrell, entonces ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, le fichó como director general de Política Ambiental. Teresa Ribera ocupó allí diferentes puestos entre 1996 y 2004.

Al terminar su trabajo con la presidencia española del Consejo de la UE (1995), Aizpiri volvió a Repsol, donde permaneció hasta 2004, aunque, atención, entre 1997 y 2000 ejerció también como secretario de Movimientos Sociales de la Federación Socialista Madrileña. 

Poner a un zorro a cuidar las gallinas

Durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, eligió al directivo de Repsol como secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático. Un cargo incompatible con sus funciones anteriores como director adjunto de Cambio Climático y Planificación Medioambiental, Seguridad y Calidad de la petrolera. Entre otras cosas, porque en sus funciones se incluía justamente la comisión para decidir cómo tenían que cumplir con el Protocolo de Kyoto empresas como Repsol, Endesa, Gas Natural y Unión Fenosa (hoy Naturgy), EDP, Cepsa, ArcelorMittal, FCC, Iberdrola, LafargeHolcim o Cemex. 

En los años que Aizpiri ejercía de secretario general de Cambio Climático (2004-2008), Ribera fue directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. Una de las políticas más relevantes que ambos cargos públicos desarrollaron fue el Plan nacional de asignación de derechos de emisión (PNA) concebido para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por el Protocolo de Kyoto. 

Aprobado en 1997, el pacto puso en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Debido a un complejo proceso de ratificación –España lo hizo en 1998–, el tratado no entró en vigor hasta 2005.

En aquel año, las cifras globales de emisiones de gases de efecto invernadero indicaron que España era el país industrializado donde más habían aumentado: un 53,2% respeto a la contaminación en 1990, cuando se había comprometido en el Protocolo de Kyoto a no aumentarlas más del 15% entre 2008 y 2012.

Preguntado por el periódico Energías Renovables sobre si la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se había “manifestado en numerosas ocasiones en contra de Kyoto”, Gonzalo Aizpiri respondió: “Yo he hablado estos días con muchos empresarios y la percepción que tienen es que consideran el plan 2005-2007 oportuno, útil y necesario. Y no hay alarma en los sectores afectados […]. El Gobierno está muy tranquilo a este respecto. Sabe que esto no es una carga inasumible para nadie. […] El Gobierno es el primer interesado en entrar en ese debate de forma realista, constructiva, pretendiendo cumplir los compromisos pero protegiendo al mismo tiempo la competitividad y el empleo”.

En otro apartado de la entrevista dijo sobre los sectores industriales implicados: “Obviamente, están preocupados por los efectos que puede suponer, pero no tanto para el periodo 2005-2007 cuanto para el 2008-2012. […] El otro día me decía un alto cargo de una eléctrica: ‘Más allá de que el Plan sea bueno o malo, por lo menos hay un Plan, y eso nos hace sentirnos mucho más seguros’”.

Cuando el Consejo de Ministros aprobó el Plan nacional de asignación de derechos de emisión en primera vuelta, en septiembre de 2004, la Comisión Europea retrasó su aprobación definitiva, exigiendo varias correcciones. Entre estas, que incluyera a las instalaciones de combustión de más de 20 megavatios de los sectores industriales que no están conectados a la red eléctrica -como por ejemplo una caldera de autoconsumo de una planta química-, que el gabinete de Gonzalo Aizpiri había pasado por alto. Bruselas también exigió al Gobierno español que revisara las cerca de 400 alegaciones presentadas.

Un paréntesis: el comercio de emisiones

Una enmienda de Estados Unidos permitió en 1997 que el Protocolo de Kyoto incluyera la privatización de la atmósfera y una salvaguarda que permitiera a los mayores causantes del cambio climático (como España) que, en caso de no tener voluntad para reducir las emisiones en su propio territorio, pudieran intercambiar estos compromisos por la promesa de rebajar las emisiones en otros países.

Este protocolo consideraba la Unión Europea como un conjunto, fijando como objetivo la reducción de las emisiones en un 8%, entre 2008 y 2012, respecto a los valores registrados en 1990, distribuidas entre los distintos Estados miembros en virtud del acuerdo de reparto de cargas (Burden Sharing Agreement).

El gran atolladero fue que la UE creó el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (RCCDE; EU Emission Trading System o ETS por sus siglas en inglés), que cubre alrededor del 40% de las emisiones, como el elemento central de su estrategia para contener el cambio climático. Noruega, Liechtenstein e Islandia se incorporaron en 2008.

El mercado de carbono es un paradigma de las falsas soluciones (nombres engañosos generados por una ingeniería que no cambia nada en el modo de producción y de consumo adicto a los combustibles fósiles) y de las medidas basadas en el mercado que han dominado las negociaciones internacionales sobre el cambio climático (UNFCCC), y que son reivindicadas por parte del poder económico y financiero como un negocio. Tomando como base las actuales emisiones anuales de 41 gigatoneladas, el valor de los créditos de carbono en los actuales mercados mundiales de carbono es de 3 a 3,5 billones de dólares a los precios actuales, según cálculos del banco de inversiones UBS.

Sobre el papel, el sistema de ‘límites y comercio’ (cap and trade) planteaba lo siguiente: el volumen de contaminación por dióxido de carbono para no superar los niveles marcados por el Protocolo de Kyoto se divide entre las instalaciones industriales de toda la UE. Si una de esas instalaciones sobrepasaba el tope que se le había marcado, debía adquirir la cantidad de permisos equivalentes en el mercado. Y al revés: si una instalación estaba por debajo de sus límites, podría vender en el mercado la cuota “sobrante”.

¿Y quién le debía marcar los límites a la industria? Los planes de asignación. Pero la UE y los respectivos gobiernos nacionales asignaron una cantidad excesiva de permisos a la industria.

Quien contamina, se lucra

En 2005, el primer año de funcionamiento del mercado europeo de comercio de carbono, las industrias relevantes emitieron 66 millones de toneladas menos que el límite que se les había fijado. El límite carecía de sentido, pues no se había traducido en una reducción neta de las emisiones. Un análisis preliminar de los datos de 2006 demostró que el 93% de las más de 10.000 instalaciones que quedaban cubiertas por el mercado europeo de carbono emitieron menos de la cuota asignada.

Durante las dos primeras fases (2005-2007, 2008-2012), el gobierno del PSOE concedió permisos de modo gratuito a las industrias que hacen un uso intensivo de combustibles fósiles y, por tanto, otorgó importantes subsidios indirectos a las empresas más contaminantes de España.

En una entrevista de 2007 en El País, Gonzalo Aizpiri sostuvo que “la nueva legislación europea que pusimos en marcha en España al principio de la legislatura limita las emisiones de CO2 de las principales industrias del país. Desde entonces aproximadamente mil fábricas, que suponen algo menos de la mitad de todas las emisiones de España, tienen que pagar si emiten más de los límites establecidos. Y tengo que decir que en general la industria ha hecho sus deberes y está consiguiendo reducir sus emisiones”.

Sin embargo, Narbona había reconocido algo antes que el impacto del primer año del Plan Nacional de Asignación (PNA) había sido “muy insignificante», y concretamente el sector industrial no había sufrido “ningún impacto negativo por la aplicación del plan».

La patronal (CEOE) consiguió una “asignación suficiente y gratuita de derechos a las instalaciones afectadas» que había negociado con Gonzalo Aizpiri. Para conseguirlo, las empresas energéticas y la industria presagiaron una gran catástrofe económica si se limitaban sus emisiones contaminantes. Un estudio realizado en 2013 para la Comisión Europea concluyó: «No encontramos pruebas de ninguna fuga de carbono«, o sea, no hubo desplazamiento de la producción hacía otros países debido a la asignación de permisos de contaminación.

El dueño de ArcelorMittal afirmó en 2014: «La política energética y climática de la UE está castigando al sector siderúrgico y a otras industrias que hacen un uso intensivo de la energía, lo que está teniendo un profundo impacto en nuestra competitividad». Los hechos: se estima que la empresa siderúrgica ha obtenido más de 2.000 millones de euros de beneficios con el mercado de carbono entre 2005 y 2008 y más de 400 millones de euros entre 2008 y 2014.

En la tercera fase del RCCDE (2013-2020) disminuyeron algo las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales térmicas de carbón pero solo a partir del 2019 (entre 2013 y 2018 se mantuvieron constantes). Las centrales que queman gas no disminuyeron, al contrario, aumentaron sus emisiones, dado que “sustituyeron” la contaminación de la generación de electricidad con carbón por el precio tan barato del gas. En aquella época Rusia bajó los precios para competir con el gas de fracking de Estados Unidos. Así, en el 2019, las centrales de ciclo combinado generaron el doble de emisiones de CO2 que en el 2013.

Entre las causas de estos procesos se pueden citar el gas barato y costes mayores para las centrales de carbón por su menor rendimiento. A ello habría que añadir las necesidades de inversión en tecnología por la obligación de reducción de emisiones lo que marginó al carbón del sistema eléctrico español. Asimismo, se incrementó el margen de beneficios en el sector de la energía hidráulica y bajaron los precios de la producción de la tecnología fotovoltáica y eólica.

Una gran estafa “verde”

Echando la vista atrás, podemos afirmar que el gobierno del PSOE puso en marcha un plan que asignó derechos de emisión gratuitos de una forma irresponsable y ayudó a las industrias más contaminantes (electricidad, refinerías, cementeras, siderúrgicas, papel, vidrio) a influir en el juego para su propia ventaja económica y comercial.

Las decisiones adoptadas por instituciones representadas por Narbona, Aizpiri y Ribera, entre otras, han ocasionado que España, como sexta emisora de CO2 en la UE, haya eludido sistemáticamente sus responsabilidades de reducción de emisiones. Otros actores que han tenido un papel destacado en este proceso fueron, entre otros, el ex vicepresidente económico Pedro Solbes (posteriormente, consejero de Enel y de Barclays), la mayoría parlamentaria de las Cortes Generales, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), auditoras como Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG, así como determinadas federaciones de industria de los sindicatos mayoritarios.

Algunos detalles más que han quedado en el olvido: en 2006, la consultora Ecofys publicó un estudio que mostraba que el Plan Nacional de Asignación del PSOE para la fase II del régimen para el comercio emisiones también contenía una considerable sobreasignación de permisos a la industria fósil.

Esto llevó a la Comisión Europea a rechazar el plan inicialmente y pedirle a España que recalculara sus asignaciones. El plan revisado, sin embargo, siguió siendo excesivamente generoso: la industria española recibió más de 130 millones de derechos de emisión más de los que realmente necesitaba y permitió, entre otras cosas, que un 21% de las ‘reducciones’ propuestas viniera de la compra de créditos de los mal llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

También WWF y Climate Action Network Europe criticaron el plan por “incentivar la tecnología más contaminante (el carbón)” y “utilizar demasiados créditos externos para cumplir los compromisos sin criterios de calidad de los proyectos, socavando el cambio tecnológico en la UE”.

La compra a gran escala de créditos MDL, respaldada por el Fondo Español de Carbono (FEC) y en el marco del Banco Mundial, ha favorecido continuamente proyectos sinónimo de ineficacia e injusticia social. Algunos de ellos incluso generaron destrucción ambiental y violaciones de derechos humanos (como el desplazamiento forzado de comunidades para el desarrollo de proyectos de represas hidroeléctricas). España se convirtió en 2009 –ya con Teresa Ribera como secretaria de Estado de Cambio Climático– en el séptimo país comprador de compensaciones de proyectos MDL. Estas fueron adquiridas fundamentalmente por las grandes empresas energéticas: Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. Adicionalmente, el Gobierno de España compró millones de derechos de emisión a Polonia o al polémico programa Green Investment Scheme del Gobierno húngaro cuyos proyectos de “calefacción más eficiente” nunca se materializaron. El dinero alimentó la industria del carbón y la corrupción política.

El resultado final fue que las industrias fósiles pudieron continuar incrementando sus emisiones amparándose en este plan. Por ejemplo, las factorías de ArcelorMittal en Avilés y Gijón siguen recibiendo una asignación gratuita de derechos de emisiones por encima de sus emisiones anuales.

Desde el punto de vista de ejecutivos como Gonzalo Aizpiri, el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE ha sido un éxito pero, desde el punto de vista de las ciencias, un estrepitoso fracaso, porque su objetivo último fue retrasar y estancar la reducción de emisiones de gases contaminantes de la industria entre 15 y 30 años, así como sabotear al movimiento ecologista o al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que ya en 1995 sugería que el mundo debería lograr una rápida reducción de emisiones de entre el 50 y el 70 por ciento para tener la posibilidad de evitar un cambio climático catastrófico.

Los informes del IPCC de aquella época provocan que las decisiones del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sean consideradas especialmente graves e irresponsables: para entonces ya se sabía que, si no se actuaba para frenar el efecto invernadero, la temperatura de la Tierra podría aumentar 4,5 grados centígrados o más. Aun así, las instituciones representadas por Gonzalo Aizpiri o Teresa Ribera hicieron todo lo posible para preservar los intereses de una industria y un sistema que nos conducen hacia los peores pronósticos.

Este artículo inicia una serie de reportajes de investigación elaborados por Tom Kucharz, investigador y militante de Ecologistas en Acción.

Próxima entrega: ‘El caso Aizpiri: de Repsol a Enagás’

Actualización: 15:20h.