Las contradicciones del plan de “calidad institucional” de Feijóo

En el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, se firmó la primera Constitución española en 1812, ‘La Pepa’. Dos siglos después, el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha usado el emblemático escenario para presentar su Pacto de Calidad Institucional. Un documento con el que busca terminar con «el nepotismo, la opacidad y arbitrariedad» que, en su opinión, el gobierno de Pedro Sánchez ha instaurado en España.

El plan comprende un total de 60 medidas que están divididas en cinco bloques. En primero de ellos, Feijóo promete recuperar el delito de sedición, eliminar la reforma del delito de referéndum ilegal y crear un delito de referéndum ilegal. El resto de puntos comprende iniciativas sobre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, así como «actuaciones para recuperar el prestigio de las instituciones».

Propuestas que, en varios casos, contradicen las acciones del propio Partido Popular:

El poder para la lista más votada

Una de las propuestas más polémicas es la que propugna que la alcaldía de los municipios recaiga sobre la lista más votada, una idea que ya lanzaron Mariano Rajoy Pablo Casado, entre otros. Feijóo apuesta por una modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), un cambio normativo que vaciaría de competencias a los plenos municipales, otorgando más competencias a las alcadías y equipos de gobiernos que, en muchos casos, podrían estar en minoría en los ayuntamientos.

Si entrara en vigor esta modificación legal, el PP no estaría gobernando las ciudades de Madrid, Zaragoza y Badajoz. En el caso de la capital, el actual alcalde, José Luis Martínez Almeida, gobierna en coalición con Ciudadanos y gracias a los apoyos de Vox a pesar de que la lista más votada en 2019 fue la de Manuela Carmena (Ahora Madrid). En Zaragoza sucede algo similar, si bien el partido más votado en las pasadas elecciones municipales fue el PSOE de Pilar Alegría, actual ministra de Educación, que superó al PP en 20.000 votos.

En Badajoz, PP y Ciudadanos no dudaron en incluir en su equipo de gobierno al concejal de Vox para arrebatarle la alcaldía a Ricardo Cabezas, del PSOE, quien había ganado los comicios municipales. En un claro caso de transfuguismo, el Partido Popular de la localidad pacense ha anunciado al ex líder de Ciudadanos como su nuevo candidato para las próximas elecciones locales de mayo.

Prohibir el uso de recursos públicos en actos partidistas

Dentro del bloque dedicado a las «iniciativas para un mejor Gobierno», Núñez Feijóo propone evitar que se destinen recursos públicos para la realización de actos de partido. La pasada semana, la oposición en la Región de Murcia denunció que los populares y el Gobierno de la Comunidad Autónoma estaban utilizando el mismo lema de precampaña: «Los medios públicos al servicio del partido. Así es como López Miras se paga la campaña con el dinero de todos y todas, el tuyo y el mío», denunciaba en redes sociales la diputada y portavoz de Podemos Murcia en la Asamblea Regional, María Martín.

Uno de los casos más sonados de presunta utilización de recursos públicos por parte del PP para fines partidistas es la denominada Operación Kitchen. En este caso se investiga la supuesta utilización del Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy para llevar a cabo un espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas. El que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue procesado en junio de 2021, al igual que su cúpula, por su presunta participación en la trama. A día de hoy está a la espera de juicio.

Unas operaciones que, además, tenían como objetivo tapar la financiación ilegal del propio partido gracias al dinero negro que procedía de empresarios que recibían contratos de la Administración pública. Por su participación en el caso Gürtel, el PP ha sido condenado tres veces.

Despolitizar el Poder Judicial

La necesidad de una mayor independencia del Poder Judicial es un mantra que el PP de Feijóo ha convertido en lema. «Limitar puertas giratorias y reforzar las exigencias de independencia» de los jueces es otro de los principales puntos del Plan de Calidad Institucional presentado en Cádiz. Una promesa que Mariano Rajoy utilizó en su campaña electoral antes de convertirse en presidente por mayoría absoluta en 2011 y que él mismo incumplió. Tras las llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el PP volvió a recuperar su propuesta de que sean los propios magistrados quienes elijan a sus representantes, en lugar del Congreso de los Diputados.

El Consejo General del Poder Judicial tendría que haber sido renovado en diciembre de 2018. Ya fuera del Gobierno, el PP logró un interesante acuerdo que les permitía elegir a 9 de los 20 vocales y al presidente, Manuel Marchena. El senador popular, Ignacio Cosidó, aseguró a través de WhatsApp que se trataba de «una jugada estupenda» que les permitiría controlar «por detrás» la Sala de lo Penal del Supremo, la cual se encarga de enjuiciar a diputados, senadores y miembros del Gobierno. La filtración del mensaje desbarató los planes del PP que, desde entonces, bloquea la renovación del principal órgano de decisión de los jueces en España. Para ello, utiliza diferentes argumentarios, como el veto a Unidas Podemos, que había propuesto a la magistrada Vicky Rosell, actual secretaria de Estado de Igualdad, como vocal en el CPGJ.

La independencia de RTVE

En su documento, Feijóo también apunta a la necesidad de recuperar la «credibilidad» y la «independencia institucional» de diferentes organismos públicos como el CIS, el INE, el CNI o RTVE. En diferentes ocasiones, la oposición ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de utilizar de manera partidista estas instituciones. Sin embargo, fue Mariano Rajoy quien, a través de un decreto ley, modificó la forma de elección del consejo de administración de la radiotelevisión pública. Así, mientras que hasta 2012 era necesario el voto de dos tercios del Congreso, el PP cambió la norma para que bastase con la mayoría absoluta. Una mayoría absoluta que el propio PP tenía en la cámara.

El Consejo de Informativos de TVE emitió un comunicado en abril de ese mismo año en el que consideraba «muy preocupante» el cambio, ya que «la fórmula elegida podría menoscabar» la independencia de la coporación. Cinco años después, el Tribunal Constitucional anuló parte de la reforma del PP como la reducción en el número de consejeros o la eliminación de los vocales sindicales.

El coletivo Mujeres Trabajadoras de RTVE denunció la manipulación dentro de la radiotelevisión pública en abril de 2018. Desde entonces, diferentes periodistas de la corporación se vestían de luto cada viernes para reclamar un ente público «imparcial y plural» y denuncia el «bloqueo» del Partido Popular a la renovación de la cúpula. Un mes después, el caso llegó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuya presidenta, Cecilia Wikstrom, se mostró «preocupada» ante la denuncia de los periodistas. Ante ello, decidió enviar una carta al gobierno de Mariano Rajoy en la que solicitaba más información sobre la situación.

De manera reciente, la oposición ha criticado la elección de la nueva presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, a la que el actual Gobierno ha otorgado poderes ejectivos sin pasar por el Parlamento.