Un año después del derrame de Repsol en Perú

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XILENA PINEDO Y LUZ ALARCÓN C. (PERÚ) | A un año del derrame de casi 12.000 barriles de petróleo en el mar peruano, Juan Altamirano, pescador por más de 25 años en el mar de Ventanilla, no puede volver a capturar peces emblemáticos de la zona, como el lenguado. Aunque los rezagos de hidrocarburos no son visibles en todas las playas, aún es posible hallar restos de petróleo en este ecosistema que solía ser la principal fuente de subsistencia de Juan.

“Ahorita con este oleaje [anómalo] que hay, el mar va a comenzar a golpear duro en la parte de los roqueríos y va a aflorar ese petróleo que está enterrado. Es como una licuadora: va a comenzar de nuevo a salir y, cuando baje el agua de nuevo, va a haber restos”, dice Altamirano, quien forma parte de la Asociación de Pescadores Artesanales Orilleros de Costa Azul (Apaocav).

El presidente de la Apaocav, Elizar Medina, enseña un video del jueves 12 de enero que muestra la formación de pequeñas burbujas oscuras en las orillas de la playa Conchitas, en Ancón. En la grabación, se ve cómo uno de sus colegas aplasta la burbuja y un líquido aceitoso de color negro mancha la palma de su mano.

Las consecuencias del peor desastre ecológico en el mar en la historia reciente del Perú trascienden a la vida de cada uno de los vecinos de la zona. Un recorrido realizado por OjoPúblico muestra el impacto no solo en la pesca artesanal, sino también en el comercio. En el balneario de Costa Azul, una de las playas más afectadas en Ventanilla, los locales que funcionaban como restaurantes ahora lucen abandonados.

Frente a lo que solía ser un espacio comercial hay un cartel que califica a la playa como “no apta”. El aviso es grande, pero los veraneantes continúan llegando a este lugar a tomar sol.

Las huellas del derrame no han desaparecido. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estas podrían prolongarse por, al menos, cinco años más. Los organismos reguladores han iniciado una serie de investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 15 de enero de 2022 y asegurar que la empresa cumpla con sus responsabilidades de remediación.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le impuso siete multas coercitivas a Refinería La Pampilla, por un monto de 2.852.000 de soles (unos 680.000 euros), que fueron canceladas. En paralelo, la empresa afronta 13 procesos administrativos sancionadores: siete iniciados por el OEFA, cinco por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y uno por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

De los siete procesos en OEFA por la contaminación con hidrocarburos, cuatro corresponden al supuesto incumplimiento de medidas administrativas. A estos se suman uno por incluir información falsa en el reporte de emergencia, otro por no remitir información solicitada por el organismo, y uno más por no adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa ambiental y en el plan de contingencia.

El último de estos procesos se encuentra en trámite, mientras los otros seis restantes fueron resueltos en primera instancia y encontraron responsabilidad en Refinería La Pampilla S.A.A. (Relapasa). Por ello, la subsidiaria recibió seis multas que, en total, superan los 70 millones de soles (algo más de 16,7 millones de euros). Sin embargo, la empresa apeló cinco de estas sanciones y todavía está dentro del plazo para apelar una más. 

Un informe reciente dio a conocer que la sanción de más de 5 millones de soles (1,2 millones de euros) vinculada al supuesto incumplimiento de la identificación de las zonas afectadas por el desplazamiento del hidrocarburo fue declarada nula. El Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA falló a favor de Relapasa en segunda instancia. Sin embargo, el proceso aún está vigente.

El OEFA aclaró que la resolución publicada en segunda instancia no exime a la empresa de pagar una multa, sino que la misma será evaluada nuevamente. En un comunicado, explicaron que la resolución confirma la responsabilidad de Repsol y solicita recalcular el monto de la multa. Al respecto, Katherine Paucar, abogada de Earth Rights International, explicó a OjoPúblico que esto significa que el caso vuelve a primera instancia y el proceso sigue vigente. “El caso no está cerrado”, precisó.

La resolución, además, se dio sin tener en cuenta un potencial conflicto de interés: la secretaria técnica de este tribunal tiene una relación conyugal con un funcionario de la petrolera.

Después de conocerse el fallo, el OEFA informó sobre la separación de Angélica María García Gilio del cargo de Secretaria Técnica del citado Tribunal, ya que según su declaración jurada tiene un vínculo conyugal con Adolfo Eugenio Huapaya Venegas, ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial de la Refinería La Pampilla.

Las resoluciones apeladas restantes corresponden la inclusión de información falsa en el reporte de emergencia ambiental; no remitir a la OEFA la información requerida; no realizar la contención y recuperación del hidrocarburo ni las acciones de limpieza del suelo afectado, y por no realizar la contención, recuperación y limpieza de la bahía de las Áreas Naturales Protegidas.

Osinergmin, por su parte, inició cinco PAS contra Refinería La Pampilla que han sido resueltos en primera instancia. La autoridad regulatoria encontró responsabilidad en Relapasa y le asignó cinco multas que, en conjunto, ascienden a más de 12 millones de soles (casi 3 millones de euros). Sin embargo, la compañía apeló todas las resoluciones.

La primera sancionó a Relapasa por incumplir con implementar medidas complementarias que garanticen la alerta oportuna ante una emergencia en los Terminales Multiboyas. Este caso se encuentra judicializado, pues la compañía interpuso una demanda de nulidad ante el Poder Judicial.

El segundo proceso se generó por el incumplimiento de una serie de actividades contempladas en el plan de respuesta a emergencias. El mismo fue impugnado y, en segunda instancia, la autoridad confirmó la responsabilidad administrativa de Relapasa. El tercer PAS está vinculado a la infracción de no remitir la información relacionada a las compensaciones por los daños ocasionados y actualmente se encuentra en trámite en segunda instancia.

En el caso de los otros dos procesos, estos fueron apelados y declarados infundados en una segunda instancia. Los mismos corresponden a acusaciones de infracciones por remitir información inexacta en el Informe preliminar de emergencia y por interferir en la función fiscalizadora de Osinergmin al no retirar la estructura submarina PLEM del fondo marino, en el tiempo establecido.

A mediados de marzo de 2022, el Serfor también inició un proceso contra Refinería La Pampilla. El mismo se originó por abandonar, actuar con crueldad y causar la muerte a especímenes de fauna silvestre. Por este caso, la empresa fue sancionada con 7.228.394 soles (1,7 millones de euros) pues la entidad concluyó que la Refinería causó la muerte de 1.852 especímenes y puso en riesgo otros 198 animales producto del derrame de petróleo. La empresa aún se encuentra dentro del plazo para apelar esta resolución.

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