Las claves de la primera ley de servicios sociales de la democracia

Unos servicios sociales mínimos que sean comunes en todo el Estado, menos barreras de acceso a la protección social y la posibilidad de acceder a ellos pese a la movilidad territorial. Son las principales medidas de la futura ley sobre servicios sociales, la primera de la toda la democracia sobre esta materia.

El texto del anteproyecto, aprobado este martes por el Consejo de Ministros, recoge, además, un reconocimiento especial: son esenciales. Tanto para las personas usuarias como para los y las profesionales que se encargan de realizar este trabajo, un sector muy castigado especialmente durante los peores momentos de la pandemia.

Hasta ahora, las comunidades autónomas, con competencias exclusivas sobre los servicios sociales, han ido marcando los ritmos en su aplicación y, por tanto, la desigualdad en su acceso entre unos territorios y otros. A partir de su aprobación definitiva, la norma establecerá un suelo de protección, que se articulará a través de una hoja de ruta para que las comunidades autónomas acuerden, en el seno de la Consejo Territorial, un mínimo común en todo el territorio.

Además, el Consejo Territorial también acordará los estándares mínimos de calidad de esas prestaciones y servicios, incluyendo las ratios de profesionales. Una de las novedades del texto es, de hecho, la posibilidad de movilidad territorial, es decir, evita la exclusión que ahora mismo existe en el acceso a algunas prestaciones si alguien se traslada de un lugar a otro.

En general, la ley persigue personalizar la atención y hacerla más integral e inclusiva. En lo concreto, el texto también prevé la reducción de las cargas burocráticas que supongan un uso ineficiente de recursos públicos, y que son una continua queja de las personas usuarias.

Sobre este aspecto, se establece un plazo para la creación de una regulación específica para las ayudas económicas de emergencia social en el marco de la Ley General de Subvenciones, de modo que estas ayudas puedan dar respuesta ágil a las situaciones de mayor necesidad a las que se enfrentan personas y familias en riesgo de exclusión social.

«España sigue teniendo muchos enemigos y la mejor manera de responder es con avances, derechos y cubriendo las necesidades más acuciantes de la gente de este país. Ese es el objetivo también de esta ley», ha concluido la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.