Buenaventura, de ser una de las ciudades más violentas del mundo a celebrar 100 días en paz

Texto: Patricia Simón Fotos: Edu León (Buenaventura, Colombia)

Pepa acaba de tener un bebé, uno de los primeros nacidos en los últimos 25 años en Buenaventura que aún no ha escuchado un solo disparo.

–Está siendo maravilloso. Este fin de año ha sido una cosa de locos. Y de locas. La gente estaba feliz festejando en las calles, vinieron muchas familias que hacía mucho tiempo que no podían volver, los jóvenes pudieron disfrutar por primera vez en sus vidas de la fiesta… Yo tengo un sobrino al que no podía ver desde hacía tres años porque vive en un barrio controlado por el grupo contrario al que domina el nuestro. Y en estas fiestas nos hemos reunido. Ha sido un sueño. Sabemos que sigue habiendo delincuencia, pero ya no están activas las fronteras que nos dividían ni está habiendo asesinatos.

Mari Cruz Rentería Mena, conocida como Pepa, es socióloga y vecina de Buenaventura, una de las veinte ciudades más violentas del mundo hasta septiembre del 2022. Desde el 1 de octubre, los Shottas y los Espartanos, las dos bandas que se disputaban el control territorial de la principal salida portuaria de Colombia, han declarado una tregua por la que han dejado de matar, torturar, despedazar, desaparecer. De los 102 homicidios registrados en el área urbana entre enero y octubre de 2022 han pasado a cero desde entonces. Ahora, el gobierno de Gustavo Petro lo ha elegido como el laboratorio de su política de “paz total” con la que quiere acabar con todos los grupos armados ilegales del país. El caso de Buenaventura es, además, peculiar: se trata del primer proceso de paz urbano y los más de 1.600 integrantes de las dos bandas enfrentadas son, en su mayoría, chavales de la ciudad. Así lo describían algunos de los artífices de la tregua este verano, antes del cese de hostilidades.

Cuando el enemigo es parte de los nuestros

–El enemigo ya no son hombres que vienen de fuera. El conflicto ha permeado nuestra comunidad y también son nuestros primos, hermanos y vecinos los que violan a nuestras hijas, hermanas, primas, vecinas. Es eso lo que tenemos que sanar y para eso no nos vale solo la justicia penal. 

Leyla Arroyo Muñoz ha salido de la reunión que mantienen miembros del consistorio de Buenaventura para atender a esta periodista. La trabajadora social permanece sentada de espaldas a la cristalera que rodea la octava planta del céntrico hotel donde se desarrolla el encuentro. Su silueta a contraluz flota en lo que parece una escenografía diseñada para explicar el significado de la palabra desigualdad: en primer plano, la muralla de más de veinte metros de altura que separa la ciudad del macropuerto industrial, los buques transatlánticos, los contenedores apilados; alrededor, los restos de las casas flotantes de madera conocidas como ‘palafitos’, los manglares, la selva. 

–Aquí parte del problema hemos sido los líderes y lideresas, con nuestras rencillas y nuestros ‘con este no me puedo sentar a hablar’. Pero en los barrios, las víctimas conviven con los victimarios. Es más, la guerra nos ha convertido a muchas víctimas en victimarios. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Los familiares de quienes fueron victimizados? Por supuesto. Pero también la mamá del victimario, que también es miembro de la comunidad. ¿Cómo se siente doña Pacha, cuyo hijo mató a la hija de su vecina? También con ella nos tenemos que sentar para alcanzar la paz.

Para llegar a estas reflexiones, Leyla ha tenido que vivir toda su vida en un lugar paradisíaco que, desde 1998, la guerra ha transformado en un cuadro del infierno de El Bosco.

La maldición del puerto internacional 

La ciudad de Buenaventura, situada en el Pacífico colombiano, se alza sobre la frondosidad de la selva, que se precipita y ahoga en forma de manglares a orillas del mar. Pero también de la monstruosidad de su puerto industrial, el mayor de Colombia y uno de los diez con mayor tráfico internacional de América Latina. Por él sale más del 40% de las exportaciones de Colombia, trasladadas en las bañeras de los 2.600 camiones que, de media, recalan hasta aquí a diario. También la mayor parte de la cocaína que tiene como destino Estados Unidos. En medio, una población de más de 430.000 personas, en su inmensa mayoría negra, machacada por tasas de miseria propias de los países más expoliados del planeta: el 60% vive por debajo del umbral de la pobreza, el 40% en condiciones de indigencia. Dos de cada tres de sus habitantes no tiene acceso a agua potable, mientras las canalizaciones para el puerto están siempre operativas. Y no es ese nivel de abandono lo que hace de este lugar un paradigma de la infamia. 

Mientras el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo financiaban en los primeros años 2000 la construcción de autopistas, pantalanes y almacenes para la sociedad portuaria, en Buenaventura se desarrollaban “los repertorios de violencia más degradados”, según una ambiciosa investigación de la Comisión Nacional de la Verdad Histórica. En Colombia, el país de las grandes masacres paramilitares cometidas con motosierras para sembrar el terror, pero también, según aclaró un paramilitar a esta periodista, porque despedazados los cuerpos, no había que cavar agujeros tan grandes para enterrarlos.

Colombia goza del vocabulario más preciso para nombrar la sevicia. Así que lo que engloba esos “repertorios de violencia más degradados” es lo que ha llevado a la trabajadora social Leyla Arroyo a entender que del infierno solo se sale si se acepta que, en determinados contextos, hasta los seres queridos pueden terminar siendo los más desalmados. 

Y Buenaventura se convirtió en un lugar destacado entre los horrores de la guerra colombiana por las llamadas ‘casas de pique’: habitáculos situados en medio de los barrios en los que los paramilitares despedazaban a las personas vivas para que sus gritos acelerasen la huida del resto. “Había gente que no tenía adonde huir y enloquecía porque no podía soportar escuchar más esos alaridos. Algunas perdieron la cabeza. Hay una madre que anda medio desnuda por la calle preguntando: ‘¿Ha visto a mi hijo?’. A otra mujer los paramilitares le mataron siete de sus ocho hijos. Ella decía que tenía que vivir hasta que le pudiera preguntar al comandante responsable por qué lo hicieron”, explica Olga Araujo, coordinadora del área de redes de la ONG Nomadesc.  

Las casas de pique siguen existiendo, pero en los últimos años y hasta el reciente acuerdo de cese de la violencia armada, los grupos paramilitares las empleaban para descuartizar a las víctimas de los secuestros y desaparecerlas más fácilmente entre los manglares. Por eso, la población local lleva años exigiendo al Gobierno nacional que no siga ampliando el puerto porque se está sepultando definitivamente los cuerpos de sus desaparecidos. 

–En los noventa, la guerra se libraba fuera de la ciudad, en los manglares, que era zona de paso y de enfrentamiento entre el Ejército, las guerrillas y los paramilitares. Pero fue precisamente a partir de 2003, cuando el Gobierno de Uribe llega al acuerdo de desmovillización con los paramilitares, cuando más grupos paracos llegaron a la ciudad y comenzaron a matar en los barrios. Para 2005 eran decenas de miles de personas las que habían salido huyendo. Muchas empezaron a llamar a la radio local a preguntar por sus seres queridos desaparecidos. Así nos dimos cuenta de la dimensión de lo que estaba ocurriendo–, continúa Leyla.

Lo que estaba ocurriendo era una guerra entre grupos armados por hacerse con el control de un territorio para vaciarlo de sus habitantes, facilitar así la ampliación del puerto con cinco terminales internacionales y dominar una salida al mar por la que Colombia, además de exportar droga, importa armas. Dos décadas después, lo que ha quedado es una ciudad arrasada por una de las tasas de criminalidad más altas del país en forma de desapariciones, torturas, violaciones y la táctica de terror de dejar los trozos de las víctimas tirados por las calles. Es la seña de identidad de unos grupos criminales que para desestructurar absolutamente a la comunidad y destrozar psicológicamente a sus jóvenes, les enseña a descuartizar animales en escuelas de sicariato para que después lo hagan con sus enemigos.

La Fiscalía de la Nación comunicó al periódico El Espectador que tiene registrados 1.128 casos de desaparición forzada en Buenaventura. Se estima que la cifra es mucho mayor porque la mayoría de las familias no denuncia por temor a represalias, explica John Reina Ramírez, sacerdote de la diócesis de Buenaventura. 

–Esto no se arregla solo con cárceles, no habría suficientes. Necesitamos justicia restaurativa y transicional para restablecer el tejido social. Y dejar la justicia penal para la última–, añade quien, como Leyla Arroyo, fue uno de los líderes del Paro Cívico Nacional.

El Paro Cívico Nacional, un pueblo movilizado por la dignidad

En 2017, más de 100 organizaciones sociales y 150.000 personas se organizaron en Buenaventura para exigir al Gobierno estatal derechos básicos como el acceso al agua potable, a la educación, a la atención médica, a la seguridad y al empleo –solo uno de cada tres adultos tiene un trabajo remunerado en Buenaventura–. Durante 22 días, consiguieron incomunicar la urbe cortando el tráfico y paralizar así todo el comercio del puerto bajo el lema de “Vivir en Paz y con Dignidad”.

El entonces presidente Juan Manuel Santos respondió enviando a los ESMAD, la policía antidisturbios colombiana que el presidente Gustavo Petro ha prometido reformar por los numerosos casos en los que ha empleado fuego real contra los manifestantes de manera injustificada. También en el caso del Paro Cívico de Buenaventura.

Según datos recopilados por Amnistía Internacional, unas 80 personas fueron detenidas y más de una docena, heridas –también de bala– en aquellas tres semanas. “El Estado colombiano tiene una deuda histórica con estas comunidades. Es hora que cumplan con sus deberes y protejan a aquellos que más lo necesitan,” declaró entonces Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de esta misma ONG. 

Ante el temor de que la movilización se contagiase a otras regiones del país en las que se celebraron sendos actos en solidaridad, y ante las pérdidas millonarias de las transnacionales que operan en el puerto, Santos se vio forzado a establecer un diálogo directo con el Comité que nombró el Paro Cívico, algo inaudito en Colombia hasta entonces. El Estado acordaba directamente con una plataforma ciudadana inversiones públicas por un valor superior a los 300 millones de euros destinados a la construcción de un hospital y escuelas, así como a llevar agua potable y saneamiento a todos los barrios, entre otros derechos básicos. El Gobierno de Petro ha relanzado los acuerdos tras el incumplimiento sistemático de sus predecesores. 

En estos cinco años transcurridos, uno de los impulsores del Paro Cívico, Mauricio Aguirre, se convirtió en el alcalde de la ciudad, y Leyla Arroyo en una de las representantes que se sientan a negociar con el resto de actores públicos. “En aquellos días, el Ejército creó una lista con las personas que impulsamos el Pacto Cívico acusándonos de ser una célula urbana de las FARC. Ahora me siento con quienes nos señalaron. En mi caso, un paisano conservador, pero mi paisano. Solo sentándonos y hablando lograremos la paz”, sentencia. 

Seis años después, ambos participan en la iniciativa “Buenaventura, potencia de la vida en Paz Total”, el primer proceso de paz urbano de la política bandera del Gobierno de Petro: dialogar con todos los actores armados para que, según la Ley de Paz Total aprobada, asuman los procesos judiciales “que a juicio del Gobierno Nacional sean necesarios para pacificar los territorios”. Es la senda que el nuevo Ejecutivo ha marcado para acabar con la guerra colombiana y que le ha permitido hasta el momento alcanzar un acuerdo de cese bilateral del fuego por seis meses con Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, así como los grupos paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Algo impensable hasta hace apenas unos meses.

En el caso de Buenaventura, la tregua entre los Shottas y los Espartanos llegó el pasado 1 de octubre, con la mediación de la Diócesis local y «gracias al trabajo acumulado» de las organizaciones partícipes del Paro Cívico, como explica, ahora por llamada telefónica, Pepa Rentería que, además de socióloga, es responsable del equipo de Mujer y Género del Palenque Congal,una de las organizaciones más activas en las reivindicaciones del pueblo bonaverense. 

Por eso, en un acto sobre el acuerdo al que asistieron el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez, el alcalde Aguirre subrayó la importancia de que el Plan Integral Especial para Buenaventura aprobado por el gobierno central genere “las condiciones para cuando estos jóvenes se reincorporen a la vida civil, con el fin de que tengan oportunidad de empleo, que tengamos una pesca desarrollada, tengamos oportunidades de salud, deporte y educación, porque solo así construimos la paz en nuestro territorio”. 

– La construcción de la paz pasa por la garantía de los derechos. Si se queda en lo minúsculo, en que los chavales suelten los fusiles y se les dé un mercado, se les acabará y les darán otro, y se les acabará y al final vendrán las retomas, que es a lo que más tememos, porque las retomas son siempre brutales. Pero las acciones para acabar con el desempleo no solo pueden ir dirigidas a los pelados, sino a toda la población. Y nos preocupa que la paz se limite a la zona urbana de Buenaventura, porque en el área rural sigue la barbarie, el desplazamiento, las desapariciones. Y luego está por consensuar cómo van a resolver la responsabilidad por todo lo que han hecho–, añade Pepa.

El debate entre los actores implicados en el proceso de paz estriba entre hasta qué punto se puede priorizar que, en lugar de penas de cárcel, los jóvenes que dejen las armas se comprometan a ofrecer información que garantice el derecho a la verdad de las víctimas. También, cómo establecer las garantías de que no volverán a la violencia.

El racismo colonial, cinco siglos después

Para entender cómo Buenaventura se convirtió en una de la veinte ciudades más violentas del planeta hay que mirar al color de piel de sus habitantes.

–Hasta ahora, los gobiernos de Colombia no reconocían nuestra existencia como pueblo afro. Por eso, no cumplieron con su deber, como recoge la OIT, de realizar una consulta previa para el establecimiento del puerto industrial. Después, como no conseguían que nos fuésemos, instalaron los desagües de las aguas negras en los esteros en los que vivíamos de la pesca –, explica Harrison Moreno Ramos, compañero de Pepa en el Palenque del Congal.

En el edificio de dos plantas en el que nos encontramos, decenas de personas se reúnen para distintos proyectos comunitarios. Los palenques eran los territorios en los que vivían los esclavos que lograban huir para vivir en libertad y su estructura de gobierno ha sobrevivido hasta nuestros días en países como Colombia. 

–No entendieron que, a pesar de las matanzas de los paramilitares, de las casas de pique, de poner un almacén de carbón a cielo abierto en la ciudad, de extender el consumo de droga en la población, de todas esas formas de ahogarnos para que nos fuésemos, la mayoría de los bonaverenses nos quedaríamos y que los que se fueron volverían. No nos conocen. Nosotros enterramos los ombligos de los bebés que nacen en la tierra. Esa es nuestra relación con nuestro territorio–, continúa explicando, con tanta pasión como convencimiento, quien ha estado buena parte de su vida amenazado por su trabajo por la paz.

En la violencia que ha arrasado durante décadas Buenaventura se identifican de manera cristalina dos funciones de la guerra a las que no siempre prestamos la suficiente atención: el despojo de terrenos para destinarlo a proyectos lucrativos privados, como este puerto, y la destrucción cultural para el sometimiento de la población. 

–Nosotros vivimos del estero, de la orilla del manglar, que es de donde siempre hemos sacado el pescado y la madera, y del manocambiada, es decir, del trueque. Aquí uno tiene pescado y lo cambia con el vecino por aceite. Al sacarnos de nuestros barrios de palafitos en los manglares, nos dejaron sin de qué vivir. Encima, si nos acercamos a menos de 50 metros del puerto con las canoas, sus vigilantes nos amenazan con disparar. Y aun así, nos quedamos viviendo lo más cerca posibles de nuestras antiguas casas con la esperanza de poder volver algún día–, continúa Harrison. 

Uno de los rasgos culturales de la gente de Buenaventura es que casi todo el mundo habla en primera persona del plural. Incluso para referirse a quienes siembran el terror.

–Claro que uno tiene amigos paras, es que han crecido con uno. También hay quien mantiene la amistad por autoprotección–, sentencia Harrison. 

Durante los últimos años, en su guerra por el territorio, los Shottas y los Espartanos establecieron fronteras invisibles entre los barrios que sus habitantes no podían cruzar salvo con el permiso de sus guardianes. Cuando una de las bandas avanzaba en su posición y cambiaban las delimitaciones, numerosas familias quedaban divididas por un par de calles y ya no podían visitarse, los niños y niñas tenían que cambiar de colegio porque el suyo había quedado en territorio enemigo, y los trabajadores tenían que pagar coimas para poder seguir acudiendo a su lugar de trabajo. Porque en Buenaventura, incluso tras la tregua, todo el mundo tiene que pagar a las bandas “impuestos”, como les llaman aquí, por todo: por comprarse un coche, por construir una habitación en su casa o por, sencillamente, vivir en un barrio para su control. 

Además, los alimentos son cuatro veces más caros que en ciudades cercanas como Cali porque las bandas se han dividido los monopolios de quiénes pueden vender cada alimento, provocando un auge de los precios que desembocó en 2021 en un serio problema de seguridad alimentaria. Para las mujeres, como siempre, el coste era mayor. 

–La cosificación que los paramilitares han hecho de los cuerpos de las mujeres durante años ha desembocado en que aquí hasta los adolescentes se las repartan para que trabajen para ellos, para que les laven la ropa, para que les cocinen, para que les guarden las armas, para mantener relaciones sexuales, hasta para que sean sus parejas. Y no pueden decirles que no porque te matan–, explicaba, antes del acuerdo, Pepa Rentería. 

–Entre 2013 y 2014, nos mataron a muchas muchachitas, a menudo, con el objetivo de atacar así a sus parejas, miembros de las bandas contrarias. Las empalaban, les introducían objetos en las vaginas, les cortaban los senos, las nalgas, y dejaban sus cuerpos en sitios visibles. Llevamos el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque era la punta del iceberg de todas las violencias sistémicas que sufrimos las mujeres negras–, explica Pepa, que además coordina proyectos para que las mujeres que sufren todo tipo de violencias sepan que hay una red de apoyo a la que pueden acudir. Incluida la violencia sexual intrafamiliar.  

–Desde hace 25 años, aquí todos los niños han crecido desde el vientre escuchando disparos, asesinatos… Esos son los referentes que tienen. Yo ya he perdido la cuenta de los muertos que he visto a lo largo de mi vida porque son tantos. Imagínate todo lo que tenemos que reconstruir y sanar–, explica desde su hogar donde, de fondo, se escucha el gorjeo de su recién nacido, uno de los pocos habitantes de Buenaventura que aún no se ha sobresaltado con el silbido de las balas de quienes intentan aniquilarse.

–Va a ser difícil alcanzar, de verdad, la paz. Pero vamos a poner toda nuestra energía en ello–, dice antes de concluir: ¿Acaso hay algo más importante?

* Este reportaje es parte de una cobertura del conflicto colombiano impulsada por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) e Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID).