Chile: un plan inédito para recuperar los cuerpos 50 años después

En una columna humana interminable, cientos de personas sostienen carteles que exhiben rostros en blanco y negro con una pregunta: ¿dónde están? Cada 11 de septiembre, día en que se conmemora el golpe de Estado perpetrado en 1973 en Chile, recorren el mismo camino por calles que antes fueron escenario de manifestaciones alegres y fervientes, y que por un día se transforman en una peregrinación hacia el Cementerio General de Santiago, clamando justicia y exigiendo respuestas. 

Son, en su mayoría, mujeres que conocen lo que implica cuidar, aun cuando la persona que amaron –que aman– ya no está. Esposas, madres, hijas, nietas de desaparecidos o ejecutados políticos que no han cedido al olvido. Este 2023, cuando el invierno comience a desaparecer en las calles de este territorio austral, se cumplirán 50 años desde que un grupo liderado por Augusto Pinochet rompiera con la democracia y cambiara para siempre la historia de un país que todavía tiene heridas abiertas y expuestas: 17 años de dictadura en la que miles de personas fueron enviadas a prisión, torturadas, asesinadas o desaparecidas. Cinco décadas que pasan factura con una gran deuda en materia de memoria y derechos humanos y que han servido como un plazo suficiente para que el nuevo presidente, Gabriel Boric, diera prioridad al anuncio de su Plan Nacional de Búsqueda, un proyecto ambicioso, participativo e interministerial, liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, específicamente, por la Subsecretaría de Derechos Humanos. 

Alicia Lira está contenta con la noticia. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) reconoce el aporte inmenso que significa este plan nacional e internacional, pues incluye también a familiares de víctimas que hoy viven fuera del país. “Para nosotros es muy relevante porque los gobiernos anteriores siempre han marcado más la impunidad, dar vuelta a la página. Los gobiernos de Patricio Aylwin, Ricardo Lagos o Eduardo Frei Ruiz-Tagle pusieron el énfasis en una campaña de verdad y justicia en la medida de lo posible”, dice Lira.

Ahora ven en su agrupación una actitud distinta por parte del presidente Boric, quien el pasado 12 de agosto los recibió en La Moneda para comunicarles los detalles de esta propuesta,  que es parte de su promesa de campaña. En un país en el que aún no se conoce un número exacto de desaparecidos ni se han podido identificar todos los cuerpos encontrados, el anuncio del Gobierno es lo más parecido a la esperanza para los familiares y agrupaciones que han debido trabajar por décadas con más voluntades que apoyo o financiación.  

Ejes principales 

El Plan Nacional de Búsqueda, que ya ha comenzado su primera etapa, incluye varios ejes, entre los que destacan la georreferenciación de sitios, revisión de carpetas ocultas, la creación de un registro único nacional y la participación constante en el proceso de familiares y agrupaciones. El Instituto Médico Legal cifra en 1.469 las personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas sin entrega de cuerpo, de las cuales 307 ya han sido identificadas. 

Esta tarde de octubre, en la sede de la AFEP, Alicia Lira repasa los años de su agrupación. Una fotografía de Salvador Allende y otra con el memorial de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el Cementerio General de Santiago resaltan en los muros de esta sala donde familiares de las víctimas se reúnen y organizan. Cuando Alicia Lira habla de su marido –Felipe Rivera, a quien llama con cariño “mi negro”–, suelta una sonrisa espontánea. Recuerda con alegría cómo se conocieron y su casamiento  en 1970, en plena campaña presidencial de Allende, a la cual ambos se habían sumado como militantes de las Juventudes Comunistas. Dieciséis años después, en plena dictadura, Rivera sería asesinado tras ser sacado de su hogar por agentes civiles de la dictadura. Desde entonces, Lira comenzó un largo recorrido de lucha por la verdad, justicia, reparación y no repetición. Con más de una década presidiendo la AFEP, conoce de cerca el vaivén institucional y las promesas vacías de los gobiernos pasados. 

“El Estado nunca tuvo la voluntad política. Los gobiernos no han tenido la voluntad política de entregar los elementos y nunca le han hecho un emplazamiento, una orden como corresponde a las Fuerzas Armadas. Ninguno de los presidentes anteriores o secretarios de Estado le han exigido a la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas que entregue información”, prosigue Lira, que asegura que su agrupación le ha planteado a Boric todas sus preocupaciones: sus frustraciones,  temores y desconfianza.  “Y le dijimos que nosotros vamos a estar como agrupaciones siempre al otro lado, valorando lo que hay que valorar y denunciando lo que hay que denunciar”, explica. 

Ella, no obstante, dice que se siente privilegiada: pudo ver y despedir el cuerpo de su marido. Pero  otros miembros de su agrupación no han tenido la misma experiencia, pues sus familiares se convirtieron en ejecutados políticos sin entrega de cuerpo. Aquellos que aún tienen pendiente el duelo y que debieron asumir la búsqueda solitaria de sus seres queridos. Algunos en el desierto de Atacama, en el Norte; en los valles, en cerros e incluso, en el mar. Alicia Lira recuerda, por ejemplo, a las mujeres buscadoras de Calama, un grupo espontáneo de búsqueda que sin más herramientas que el deseo inquebrantable de encontrar a su familiares  han  recorrido kilómetros entre el desierto y la sal, sin mayores resultados. 

“Difícilmente vamos a tener una nueva oportunidad con estas características y con la voluntad política, que es lo que valoran las organizaciones. El presidente ha sido explícito en señalar que tiene su voluntad política en esto y nosotros somos de alguna manera la expresión concreta de llevar adelante estas iniciativas”, dice Haydée Oberreuter, subsecretaria de Derechos Humanos. Oberreuter explica los pasos de este plan inédito y lo que significa ponerlo en marcha. 

Buscar historias 

Ella misma es una sobreviviente de prisión política y tortura, que ha trabajado por años en organizaciones de derechos humanos y ha caminado “hombro con hombro”, como reconoce esta mañana de octubre, con organizaciones como la AFEP y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Ha sufrido la indiferencia de distintas autoridades que no pusieron urgencia a avanzar en la búsqueda, reparación o justicia. 

Hoy su voz se traslada al otro lado de la vereda. Mientras la imagen del palacio La Moneda se cuela por la ventana de su despacho en el Ministerio de Justicia, Oberreuter detalla los desafíos y reconoce que, aunque hubo intentos en los gobiernos anteriores, no han sido suficientes. Considerada una interlocutora válida entre las organizaciones, espacios de memoria y activistas, la subsecretaria afirma  que parte de su política es funcionar como una casa abierta que se toma el tiempo de acoger y escuchar las demandas de quienes lo necesiten. 

Por lo mismo, cree que la misión de este plan es trabajar y conversar con las personas directamente involucradas en la búsqueda de sus seres queridos. “No solo tienen acumulación de dolor. Tienen una gran experiencia en dar vueltas por las instituciones del Estado. Saben dónde las cosas han fluido, dónde no, dónde ha quedado información, qué es lo que ha pasado en los tribunales”, dice para explicar la importancia de trabajar en conjunto. 

Oberreuter asegura que quiere entregar el trato y dignidad que a ella le hubiese gustado recibir. Reconoce que estuvo en más de una oportunidad en una situación muy cercana a la desaparición forzada y entiende perfectamente el rol que hoy cumplen las buscadoras, las organizaciones y familiares de desaparecidos. “Cuando buscamos a la persona, no solo buscamos su cuerpo, buscamos su historia, buscamos la dignidad que le pertenecía, que le fue arrebatada”, dice la subsecretaria. 

Gaby Rivera preside desde este año la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y, al igual que Alicia Lira, recibe con entusiasmo la iniciativa del actual Gobierno, pero advierte que no es suficiente con la voluntad política. “Es importante también entregar las herramientas para que esto se lleve a cabo. Hoy hay muchas preguntas inconclusas en estos casi 50 años en que no sabemos qué pasó con nuestros familiares, no sabemos qué hicieron con ellos, ni dónde fueron enterrados. Solo sabemos que en algún minuto de la dictadura cívico-militar fueron torturados y asesinados”, dice Rivera. 

La presidenta de la AFDD repasa no solo los horrores de esos años, sino también la crueldad que vino después:  sacaron sus cuerpos, muchos de ellos fueron lanzados al mar y no hubo pistas para saber dónde buscar. Y cuando las hubo, fueron erradas. Rivera también comparte las aprehensiones de otras organizaciones de DDHH, pues para ella la clave es que los militares entreguen la información: es, dice, el inicio de la hebra de 50 años de secretos, donde se ha amparado la impunidad.

“No tenemos más tiempo. Los asesinos se están muriendo y nuestros familiares se han muerto sin saber dónde están los seres queridos”, dice sin titubear y especificando  que la voluntad tiene que ir acompañada del gesto profundo de clarificar. “Vamos a buscar hasta encontrar al último detenido desaparecido, concluye Rivera. Así sea  como se ha hecho todos estos años, rasgando la tierra en cada uno de los lugares donde dicen que fueron enterrados y hechos desaparecer nuestros familiares.