Amnistía Internacional acusa a la policía española y marroquí de “crímenes de derecho internacional contra personas negras” en Melilla

Abdelaziz Yaacoub siempre tuvo la ambición de salir de Sudán para tratar de ayudar a su madre, postrada en una cama debido a su diabetes y sus problemas de presión arterial. Tenía 27 años cuando, el 24 de junio, trató de entrar en Melilla desde Marruecos. Desde entonces está en paradero desconocido. Su sobrina Huwaida es quien cuenta su historia, aunque se refiere a su tío como «el fallecido» después de reconocer su cuerpo sin vida en vídeos y fotos. «Que en paz descanse», le desea, resignada.

El de Hawuaida es uno de los testimonios que forman parte de la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional (AI) entre junio y octubre de 2022 para documentar la tragedia que tuvo lugar en la frontera entre España y Marruecos. En ella murieron, al menos, 37 personas. Abdelaziz Yaacoub, sin embargo, forma parte de la lista de 77 nombres de personas desaparecidas. A día de hoy no se sabe dónde están.

A partir de entrevistas con supervivientes y testigos presenciales de los hechos, con familiares, funcionarios y personal de atención de la salud, y de la visualización de imágenes de satélite, del material videográfico y de la documentación oficial, la organización AI ha elaborado un informe en el que aseguran que los hechos ocurridos ese día «eran previsibles», y la pérdida de vidas «evitable». El documento revela que, en los meses y días previos al 24 de junio, personas refugiadas y migrantes en los alrededores de Melilla fueron atacadas de manera recurrente por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes: «A muchas les quemaron y destruyeron todas sus pertenencias, lo que impulsó a miles de personas a caminar hasta la frontera, donde las autoridades marroquíes y españolas les respondieron con fuerza ilegítima y letal», asegura Amnistía Internacional.

Asimismo, la organización afirma que la policía les arrojó piedras y disparó gas lacrimógeno contra ellas en espacios cercados: «Muchas de las personas heridas siguieron recibiendo golpes y patadas cuando ya estaban en el suelo, semiinconscientes, sin poder responder, o respirando con dificultad». Este es el testimonio de Zacharias, de 22 años: «Las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas nos arrojaban de todo, bombas de gas, piedras, balas de goma, pelotas de goma […]. No podíamos ver nada y era difícil respirar». Salih, sudanés de 27 años, relata una situación similar: «La policía española nos rociaba en los ojos mientras la policía marroquí nos lanzaba piedras a la cabeza». Por su parte Omer, sudanés de 21 años, relató esto a AI: «Parecía que la policía marroquí nos dejaba espacio para llegar allí, luego nos arrinconaba […]. Comenzaron a dispararnos con gas, nos lanzaron bombas acústicas […]. Todo el mundo intentó moverse hacia donde podía, era un caos».

Siempre según lo recogido por la organización, las autoridades marroquíes y españolas no prestaron asistencia médica rápida a las personas heridas, e incluso negaron el acceso a la zona al equipo de una ambulancia de Cruz Roja: «La omisión de ayuda de emergencia no sólo manifestó crueldad: también supuso el incumplimiento por España y Marruecos de su obligación de proteger el derecho a la vida», denuncia AI.

El informe recoge, asimismo, el testimonio de un adolescente sudanés de 17 años que denuncia un desmedido empleo de la violencia por parte de la policía marroquí. Según su declaración, los agentes trasladaron a varias personas a prisión, y allí, presuntamente, fueron golpeadas «con martillos» hasta la muerte. Amnistía calcula que medio millar de personas fueron trasladadas en autobuses a zonas remotas Marruecos (a más de 1.000 km, según algunas personas entrevistadas), «donde las despojaron de sus posesiones y las abandonaron al borde de la carretera, sin atención médica».

Opacidad institucional tras la tragedia de Melilla

A finales de noviembre, una investigación periodística de la organización Lighthouse Reports, en colaboración con diferentes medios de comunicación europeos, constató que al menos una persona murió en suelo español durante la carga policial del 24 de junio. Un suceso que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha desmentido: «Gracias a una actuación proporcionada y oportuna, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, ninguna pérdida de vidas humanas en territorio nacional», aseguró durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pasado 30 de noviembre.

En su informe, AI acusa a las autoridades españolas y marroquíes de no garantizar «investigaciones efectivas y transparentes para establecer la verdad de lo que ocurrió ese día». «Cuando se cumplen seis desalentadores meses, las autoridades españolas y marroquíes siguen negando cualquier responsabilidad en la masacre de Melilla. Cada día es mayor la montaña de pruebas de graves y múltiples violaciones de derechos humanos, entre ellas la muerte ilegítima y los malos tratos infligidos a personas refugiadas y migrantes. Y, hasta la fecha, la falta de información sobre la identidad de las personas fallecidas y la suerte de las que están en paradero desconocido», asegura Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, quien sostiene que «esto denota encubrimiento y racismo».