¿Un Pacto de Estado contra el antigitanismo? Sí, pero con presupuesto y compromiso

Después de años de persecución y racismo, elevar la lucha contra el antigitanismo a nivel de Estado no parece una opción, sino una necesidad imperante, como ha ocurrido con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En abril de 2021, el Congreso aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión para el estudio de la puesta en marcha de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano, otra vía de actuación que viene a complementar la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano 2021-2030.

Desde entonces y hasta ahora, esta subcomisión ha estado trabajando para elaborar un texto con un enfoque integral, que aúne a todas las fuerzas políticas y que sirva como hoja de ruta. Han comparecido expertos/as, miembros de ONG, representantes de los movimientos sociales, activistas gitanos y gitanas y equipos técnicos relacionados con el pueblo gitano, entre otros. 

En este recorrido, el pasado 26 de mayo, una enmienda a la Ley de Igualdad de Trato, que contó con 293 votos a favor y 50 abstenciones, introdujo una disposición final por la que se modifica el Código Penal para incluir el antigitanismo como delito de odio. Esta ley, que prevé pena de prisión de uno a cuatro años y multas a quienes promuevan o inciten al odio, discriminación o a la violencia contra el pueblo gitano, fue aprobada el 22 de junio. 

Visibilizar el antigitanismo

Uno de los objetivos que persigue el Pacto es la visibilización del antigitanismo, un problema estructural que salpica tanto a las instituciones y la administración pública como a la sociedad. Para María Filigrana, miembro de la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas FAKALI, el antigitanismo adopta expresiones diversas, como el abandono individual institucional, la discriminación, la desigualdad, la denigración, la alterización, el desempoderamiento y la incitación al odio de estas comunidades, pero se puede resumir en dos: la invisibilización del pueblo gitano –y el antigitanismo– y el abandono y rechazo estructural que existe contra las personas gitanas. 

FAKALI reclama medidas para fomentar la participación de la población gitana en los espacios públicos y de toma de decisiones. Actualmente, a pesar de contar con tres diputados gitanos —Beatriz Carillo por el PSOE; Sara Jiménez por Ciudadanos; e Ismael Cortés por En Comú Podem—, la infrarrepresentación política de la comunidad gitana sigue siendo una realidad. De hecho, tanto para Beatriz Carrillo, además de diputada, presidenta de FAKALI, como para Ismael Cortés, este Pacto supone un hito en la historia por la lucha de los derechos del pueblo gitano y ha sido posible, en gran parte, por la presencia de diputados y diputadas gitanas en el Congreso.

Es común entre la población gitana reivindicar su voz y señalar de manera muy crítica el paternalismo y el asistencialismo en el que hasta el momento se han enmarcado gran parte de las acciones políticas a favor del pueblo gitano. Durante su comparecencia en la subcomisión, Filigrana apuntaba a algo importante: “Hemos pasado de una persecución directa —no hay que olvidar las casi 300 pragmáticas que durante años persiguieron a los gitanos y gitanas de España— a la disolución completa de nuestra identidad; lo que yo considero una salida fácil al amparo del ‘todos somos iguales’. Se ha hecho borrón y cuenta nueva”. Por eso ella habla de la necesidad de reparación y de tener una agenda propia en la que la hoja de ruta sean las necesidades reales de estas comunidades, habitualmente diluidas en el espacio de la pobreza y relegadas al olvido epistemológico, académico e histórico. “Invisibilizar al pueblo gitano es despreciar una parte de la ciudadanía”, dijo de manera contundente Filigrana en su intervención en la subcomisión.

Las cuestiones de reparación también resultan fundamentales para Iñaki Vázquez, activista gitano y por los derechos LGTBQ, consultor de la OSCE-ODIHR e impulsor del proyecto social La Fragua Projects, quien también compareció en la subcomisión. “No hace falta remontarse a las pragmáticas, solo tenemos que ver el elevado fracaso de los 40 años de políticas públicas basadas en el paradigma etnocéntrico de la integración. El proyecto de la España uniforme es un fracaso, y las políticas públicas han estado basadas en un enfoque asistencialista, paternalista y clientelar; y es por ello que las primeras en revisarse deben ser las instituciones. El antigitanismo es la causa, no la consecuencia, de la situación en la que hoy vive el pueblo gitano; y eso pasa porque se ha puenteado al sujeto emancipante”.

Ismael Cortés, diputado gitano de En Comú Podem, va más allá: “(…) Al Pacto le tendría que acompañar un acto institucional presidido por la monarquía –la institución responsable de la historia legislativa antigitana, junto con la Iglesia–, en el que se reconozca la historia de antigitanismo que se ha vivido en España. Las medidas legislativas contra los gitanos y las gitanas son el sustrato histórico que ha configurado un presente de marginalización, exclusión y pobreza del pueblo gitano”, dice contundente. 

Presupuesto, compromiso real y medidas específicas

La mayoría de las personas preguntadas coinciden en que el Pacto es algo muy necesario, pero insisten en que el texto que resulte no servirá de nada si no se le dota de suficiente presupuesto para implantar medidas y promover campañas, y si no se establecen unos objetivos específicos y se hace un seguimiento exhaustivo de los resultados. En definitiva, se pide un compromiso político real a través de un marco operativo eficiente que permita llevarlo a cabo.

“Presupuesto, coordinación, seguimiento de indicadores, evaluación… Esto es lo que pedimos”, sostiene Filigrana. Y sabe bien por qué lo hace: “No se ha hecho seguimiento ni evaluación de la Estrategia Nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020 y no sabemos si ha permitido mejorar la vida de las personas gitanas o no. No queremos que esta situación se repita”. No solo eso: la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano 2021?2030 se aprobó en noviembre de 2021 y, actualmente, aún no hay un plan operativo, cuenta Iñaki Vázquez. 

Sandra Heredia, candidata a la Alcaldía de Sevilla por Adelante Andalucía, y quien considera que el proceso consultivo del Pacto debería haber sido más exhaustivo y haber ‘bajado’ a nivel municipal y local, opina de manera parecida: “(…) Lo fundamental de este Pacto es que no se quede en un tratado de buenas intenciones. El Pacto no es el final, sino el inicio de algo aún por desarrollar. Además de las necesidad de presupuesto, yo destacaría la necesidad de coordinación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, que al final son las que tienen las competencias”.

Aparte de esto que menciona Heredia, el éxito de este Pacto también dependerá de que las medidas que se adopten sean vinculantes. Beatriz Carrillo, que destaca igualmente el asunto del presupuesto, lo tiene claro: “(…) Si no tiene carácter vinculante y no se le da carácter institucional, esta hoja de ruta se va a quedar en un deseo”. 

La educación, en el punto de mira del Pacto

Uno de lo puntos a los que habrá que prestar especial atención es el de la educación, posiblemente el caballo de Troya en la lucha contra el antigitanismo. Es necesario cambiar el foco y poner la mirada hacia otros protagonistas: “Los proyectos asistencialistas acaban debilitando las comunidades en las que se actúa; y no se resuelve el problema. Necesitamos comunidades gitanas empoderadas; y para ello hay que transformar, entre muchas otras cosas, el sistema educativo y poner el foco no solo en los que sufren la discriminación, sino en los que la perpetran”, destaca Vázquez.

“Hay que desarrollar campañas de sensibilización, conscienciación, y no solo a nivel mediático; sino educativo”, puntualizan Filigrana y Cortés. Para este último, es necesario cambiar la perspectiva de los valores y estudiar la historia del pueblo gitano de manera transversal, e incorporarla de manera efectiva a los libros de texto, como ya se está intentando llevar a cabo.

Tamara Puig, activista gitana y educadora social, insiste en que hasta que no se haga énfasis en el ámbito educativo, no habrá un cambio sistémico real. Se muestra favorable al Pacto, pero mantiene reticencias: “(…) Las leyes educativas actuales generan exclusión y segregación. Al profesorado le falta conocimiento de la realidad del pueblo gitano y en las clases no existe un vínculo entre el alumnado gitano y los y las docentes. Las aulas no son espacios seguros para el alumnado gitano. Existen casos de éxito, pero no son la norma, porque el sistema es disfuncional”. También Beatriz Carillo hace énfasis en la  importancia de la dimensión educativa: “(…) La no educación mutila la libertad de cualquier pueblo y hay que trabajar en esa línea”.

Es evidente que se necesita un cambio de paradigma en todos los niveles y en todos los ámbitos: revertir el daño causado por los medios de comunicación al pueblo gitano, reivindicar sus derechos educacionales, residenciales, laborales, culturales y sanitarios, entre otros, no es algo postergable; sino que se trata de un tema de justicia histórica y de deuda con este pueblo.