Cientos de miles de pañuelos blancos por la sanidad pública madrileña

Diluidos entre las 200.000 personas que han marchado en Madrid hoy según Delegación de Gobierno, 670.000 según las entidades convocantes, puede que hayan estado las 180 doctoras y doctores de primaria que se encontraban en septiembre en paro, según el Servicio Estatal de Empleo. Esta cifra sitúa a Madrid como la región de toda España donde más facultativos de medicina familiar y comunitaria están sin empleo. 

“He visto a varios compañeros que se han ido de Madrid, y la razón son las condiciones laborales, desde luego”. Estela es doctora del SUMMA 112, el servicio de urgencias médicas regional. Esta mañana ha acudido a la manifestación que convocaban sindicatos sectoriales y plataformas en defensa de la sanidad pública arropada por su padre, su madre y hasta su tío abuelo, en una imagen que se ha repetido bastante: familias completas de tres generaciones. 

De la mano de Estela iba su hijo pequeño. Ellos han llegado desde distintos barrios y municipios: La Coma en Fuencarral, Orcasur de Usera y Galapagar, donde ella vive. Ha estado de guardia esta noche “en Pirámides, aquí en Madrid, donde solo había dos enfermeras”. A Estela le duele que el discurso contra los sanitarios en huelga esté calando. Les han llegado a llamar vagos. “Que nos digan esto después de lo que hemos pasado en la pandemia… yo estaba en la UVI 23 en Parla. Fue muy duro ver morir a compañeros. En dos años hemos pasado de héroes a vagos”, se lamenta.

Además de sanitarios en activo como ella, a distancia habrán podido seguir el recorrido de los manifestantes muchos de las y los 787 médicos de familia que emigraron en 2021 a otras comunidades y que ella refiere. De nuevo aquí, Madrid encabeza las listas: es la región de toda España de la que más facultativos de esta especialidad han salido huyendo. 

Doctores y doctoras de familia no están solos. El ratio de enfermería por paciente es el más pobre de España, también. En Madrid hay un enfermero o enfermera por cada dos mil pacientes, casi el doble que en La Rioja, por ejemplo. Y hablando en concreto de Atención Primaria, la región madrileña es la que menos gasto público invierte no llegando al 11%, siete puntos menos que en Andalucía o, seis menos que en Castilla y León, por citar dos regiones gestionadas también por el Partido Popular. 

Candela, Magdalena y Catalina son tres amigas ya jubiladas que han llegado hoy a Atocha para participar en la movilización desde el barrio de Hortaleza, y al unísono ubican el comienzo del deterioro de la atención primaria madrileña en los últimos dos años tras la pandemia. Más personas comentarán lo mismo a lo largo del recorrido. “Desde la Covid nos han pegado el hachazo”, explica Candela mientras mantiene el equilibrio sobre un bloque de hormigón. Quiere hacer una buena foto que enseñar en casa. “No recuerdo a tanta gente en la calle hace mucho tiempo”, asegura.

Cuatro de cada diez votantes del PP, preocupados por la sanidad madrileña

En cualquier caso, nada o poco de los datos relativos a Madrid parece preocupar al equipo de Ayuso. Lo que sí puede mover los cimientos es ese 40,5% de votantes del Partido Popular que consideraban hace diez días que la sanidad es el principal problema de la región, según la encuesta de Sigma Dos para el diario El Mundo. Serían decenas de miles de personas que metieron la papeleta de Ayuso en la urna en mayo de 2021 y a las que hoy les preocuparía más el desmantelamiento de la sanidad madrileña que la inflación que eleva Pedro Sánchez cada día tras desayunar, el comunismo que intenta instaurar a la hora de comer, sus intentos de derrocar la monarquía y de encarcelar a la oposición en días alternos, o cualquier otra declaración trumpista hecha por la presidenta para eludir el tema,  y eso citando sus palabras de solo esta semana. 

Esto significaría que miles de familias trabajadoras de la región, las que votaron al Partido Popular también, están viendo cómo tardan hasta tres semanas en conseguir cita para sus hijos o padres, o se encuentran los centros de urgencias extrahospitalarias cerrados. Un día, y otro, y otro. Mientras tanto, o a la vez, la Consejería de Hacienda informa por correo de lo que se han ahorrado los contribuyentes este año por la política de bajada de impuestos de Isabel Díaz Ayuso.

Beatriz es una de las vecinas que lo han recibido. Ella ha venido desde el distrito de Arganzuela en la capital con su  pareja y su hijo de ocho años, junto a un grupo de madres y padres del colegio. Le llegó la carta hace dos semanas, el 25 de octubre, sin sello ni firma pero con membrete oficial de la Comunidad. En ella le recordaban lo que se había ahorrado del impuesto de sucesiones tras la muerte de su  madre. “Y yo lo que querría era tener a mi madre aquí. Estuvo dos años solo con consultas telefónicas. Yo quiero pagar impuestos para que todos tengamos una sanidad pública de calidad”, explica. 

Centros cerrados allá donde el PP arrasa

Este es el segundo fin de semana en que los profesionales sanitarios de urgencias madrileños están en huelga desde que se reabrieron a finales de octubre con la mitad de personal las urgencias extrahospitalarias, renombradas ahora como Puntos de Atención Continuada, (PAC), y  que permanecían cerrados desde la pandemia.  A pesar de que la Comunidad ha decretado el 100% de servicios mínimos, en la noche de este sábado al domingo no se han podido abrir por falta de equipo humano en Boadilla del Monte, El Escorial, Getafe, La Cabrera, Manzanares El Real, Moralzarzal, San Agustín de Guadalix, Torrelodones, Arganda, Coslada, Galapagar, Las Rozas y Doctor Esquerdo, este en Madrid (Retiro). En todos estos lugares ganó el PP en las elecciones de mayo de 2021.

Guillermo, ingeniero de 45 años que ha venido desde Rivas-Vaciamadrid con su hijo de nueve años, cree que la movilización de esta mañana y la huelga de urgencias, a las que se unirán médicos de primaria y pediatría la semana que viene, “tienen que servir para que las vecinas y vecinos nos demos cuenta de que al lado tenemos personas con los mismos problemas que nosotros”, reivindica. “Yo no recuerdo cuándo me puse malo la última vez, pero él sí está enfermo”, apunta el pequeño. En concreto, su padre sufrió un episodio de Covid en abril que se complicó en el pulmón. “En agosto me derivaron al neumólogo, y estoy esperando a marzo de 2023, que es cuando me dieron cita.” Guillermo también mira hacia el Gobierno central, y opina que el ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos debería poder hacer algo, intervenir de alguna manera, aunque sabe que no es fácil. 

Esta es una reflexión, o llamada de atención, que se ha repetido esta mañana en las calles de Madrid, durante la manifestación. Rosa, vecina del barrio madrileño de Malasaña, cree que el Gobierno debería “poner orden” en las comunidades autónomas. Hoy está jubilada, pero durante muchos años ha sido  funcionaria, precisamente, del ministerio de Sanidad: “Yo estaba en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud  y he visto como es una guerra de unos contra otros. Me siento un poco abandonada por el Gobierno central”. 

Lo que puede y no puede hacer Pedro Sánchez

Tal y como quedó establecido en el estado de las autonomías que se formó en 1978, el Gobierno solo es competente para regular las bases del derecho a la sanidad, que no es uno de los fundamentales (la sanidad, como la vivienda y por mucho que sorprenda, no lo es), y las comunidades son las que se encargarán de su desarrollo legislativo y su implementación. Es decir: hay una Ley General de Sanidad con el marco general, y leyes autonómicas, que son las que realmente marcan qué se hace y qué no se hace.

Sí existe, sin embargo, la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales, que son los más protegidos. “El derecho a la vida y la integridad física, por ejemplo”, cita Lucía Alonso, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. “Cuando determinados aspectos de gestión del servicio de sanidad puedan repercutir en el derecho a la vida, el Estado sí tiene competencias para intervenir. Y si vas a urgencias es porque algo grave te pasa y puede que tu vida esté en peligro”, explica la docente.

Las posibilidades a corto plazo no son muchas. Si esta hipotética actuación sobre las bases de la sanidad fuese un real decreto ley, supondría otra batalla mediática, una más, entre Moncloa y la presidenta regional, con incierto resultado. Si en cambio se optase por una modificación legislativa vía proyecto de modificación de la actual Ley General de Sanidad, el proceso podría llegar a calcificarse. Sirva como ejemplo la Ley de Vivienda, que intenta regular otro derecho que tampoco está incluido entre los fundamentales en la Constitución, y que ha quedado enterrada recientemente en comisión parlamentaria.

Parece claro que la opción más útil y cercana en el tiempo para frenar el modelo de gestión sanitario actual en la Comunidad está en manos de cada vecina y vecino de la región el próximomayo, cuando se celebrarán elecciones autonómicas. Llegando ya a Cibeles, otro manifestante y vecino de la ciudad, Enrique, sabe que con el reparto de competencias actuales no hay mucho margen, y le dan igual las encuestas. “Se pueden hacer mil sondeos de opinión, que con eso no se gobierna: votar, votar es lo importante”, opina, antes de levantar el pañuelo blanco, uno más entre los cientos de miles que se han visto hoy bajo el cielo de Madrid.