Economía
“La invasión zombi lleva en nuestras vidas desde la revolución neoliberal de finales de los 70”
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, reflexiona en esta entrevista sobre los monstruos que nos rodean a diario, más allá de las películas.
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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, reflexiona en esta entrevista sobre los monstruos que nos rodean a diario, más allá de las películas. Y más que en una de zombis, sostiene Sordo, estamos ante Los Otros, de Amenábar.
¿Cree que la invasión de zombies está aquí con determinadas políticas y discursos de la derecha y la ultraderecha, esas ideas mantras de que no puede haber sanidad y educación para todos, por ejemplo, que decía Ayuso, o las bajadas de impuestos?
La invasión zombi lleva en nuestras vidas desde la revolución neoliberal de finales de los 70 que protagonizaron Thatcher y Reagan y que pretendió romper con las tendencias cooperativas que se habían materializado en los llamados estados de bienestar, tras la Segunda Guerra Mundial. Estas políticas no fueron económicas exclusivamente, sino que conllevaron una forma de interpretar la vida y la organización social que hizo fortuna durante largas décadas. Ahora, más que en una película de zombis, estamos ante Los Otros, de Amenábar, donde los que creíamos protagonistas vitales resulta que son los muertos de la trama.
¿Qué podemos hacer?
El neoliberalismo, y el modelo de globalización que ha impulsado, se arrastra por una crisis existencial al no haber podido dar respuesta a ninguna de las crisis de las últimas décadas, donde sin los recursos públicos, las estructuras económicas se hubieran venido abajo. Ahora se trata de poner en pie un nuevo contrato social para el siglo XXI donde los recursos comunes no sirvan solo como salvavidas del capitalismo o como garantes de entornos acogedores para la inversión privada, sino que protejan a las poblaciones e intervengan de una forma mucho más equilibrada en la economía. Desde ese punto de vista, el neoliberalismo español, y particularmente el madrileño que representa Ayuso, no es ninguna construcción teórica solvente para construir una sociedad. Es una retórica justificativa para el expolio de recursos comunes al servicio de la parte más extractiva del capitalismo parasitario y rentista.
¿Qué sectores económicos están muertos y no lo saben?
Pues es difícil contestar con exactitud, por la profundidad de los cambios que se están dando, así como por las dudas sobre por dónde discurrirá el modelo de globalización actual y hasta dónde llegará la supuesta desglobalización que parece se abre paso, ante una nueva situación geoestratégica que parece apuntar a una renovada política de bloques. Estamos en un país que sufrió varias crisis productivas que mermaron la base industrial de nuestra economía. La amortización de las empresas que constituían el sector público español, muchas provenientes del INI, que pasaron a manos de accionistas privados, también extranjeros, llevaron a una posición muy subalterna de nuestras industrias, sin apenas centros de decisión real en España.
Aquello, además, se dio en un momento de creciente mundialización de las cadenas de valor, de manera que buena parte de los segmentos de producción de bienes de valor añadido medio o bajo se deslocalizaban fuera de Europa. La UE pretendía reservarse los segmentos medios altos de esas cadenas de valor industrial, una economía copada por el sector servicios, la contención demográfica y, como resultante de todo ello estándares de vida y consumo altos. La idea se basa en aplicar tecnología, conocimiento y, desde ahí, generar valor añadido; de manera que nos procurábamos un modelo de consumo con precios bajos anclados en la importación del bajo coste de las materias primas y las partes de producción menos cualificadas, así como por los bajos costes energéticos. Esa pretensión se está demostrando como una apuesta de riesgo.
La evolución de países como China, que no se han resignado a ser la maquila del mundo sino que van a competir por esos segmentos de alto valor añadido basado en tecnología y conocimiento, más la transición energética para ir saliendo de la dependencia de energías de origen fósil, explican una parte de los problemas que ya venía golpeando a la UE. Los cambios geoestratégicos que se intuyen tras la invasión de Ucrania no son más que la constatación de ese colapso del modelo. Cadenas de valor fragmentadas a lo largo del mundo en función de ventajas comparativas que buscaba el capital, más energía barata: esa es la fórmula que parece entrar en crisis definitiva.
Ya no se trata de buscar una transición energética por una cuestión exclusivamente de sostenibilidad ambiental, sino de reducir la dependencia energética de aquellas fuentes que te hacen dependiente externamente. En este contexto, está por ver hasta qué punto se da un retroceso en el proceso de globalización, y si lleva aparejado una tendencia de relocalización industrial o no. En este proceso transicional estamos, porque lo que parece calar definitivamente es que así no se podía seguir. La pandemia primero y la guerra después, han dejado dramáticamente descubiertas las debilidades del modelo de crecimiento europeo. Y ahí se están moviendo EEUU y China. Y no parece que la UE tenga un rol determinante, por no decir que a veces parecemos los pagafantas de estos cambios geoestratégicos que se están dando.
¿Cómo valora los PERTE? ¿Se corresponden realmente con los objetivos de sostenibilidad y transición energética?
Los PERTE aparecen como una oportunidad de que el poder público juegue un papel más determinante y proactivo a la hora de condicionar las políticas de desarrollo productivo, pero me temo que no va a ser un esquema suficiente ante la dimensión de los retos transicionales. Durante demasiado tiempo se entendió de forma torpe que las políticas industriales eran algo obsoleto, y que las administraciones debían limitarse a procurar a las empresas entornos favorables para la inversión, interfiriendo en las decisiones corporativas lo menos posible. Eso orientó las políticas laborales, medioambientales, educativas, fiscales, etc. Bajar impuestos y los costes laborales, evitar restricciones al despido, normativa medioambiental laxa… Ahí siguen las Nicole Kidman de nuestro neoliberalismo castizo, sin saber que son los muertos de la peli, espantando a la familia que viene a dar vida a la casa, y gritando un día “estamos vivos, estamos vivos”, y al día siguiente “os recibimoooos, americanos con alegría”, aunque esos inversores vengan a gestionar pisos públicos o residencias.
¿Son pan para hoy y hambre para mañana?
Ahora se ve con claridad que promover las transiciones necesarias en términos de sostenibilidad pero también de impulso digital en las empresas, demanda de mucha más intervención pública. La gestión de la empresa que concibió el neoliberalismo llevó a la fragmentación del proceso productivo, no para producir mejor sino para hacerlo más barato. En esa dispersión de miles de operadores económicos de dimensión mínima, vete tú ahora a buscar un tejido empresarial con suficiente músculo financiero para promover los cambios en los modos de producir con nuevas tecnologías, con nuevas formas de producir energía y con precios de los inputs productivos (energéticos y otras materias primas) en general más caros. Esas cadenas de valor fragmentadas, donde la mayoría de los fragmentos ni siquiera tienen la capacidad real de fijar precio y se estrangulan ante los incrementos de los costes fijos (el ejemplo de los camioneros, pero habría muchos más), ven los PERTE como un acrónimo lejano.
Pero en todo caso, las políticas públicas, con los PERTE o con lo que venga, van a tener que promover no solo entornos amables para las empresas, sino un modelo más intervencionista (emprendedor, en términos de Mazucatto) en la economía. Las empresas tienen que revertir la irresponsable política de permanente externalización de riesgos hacia la sociedad, los trabajadores, el medio ambiente y hacia otras empresas subalternas. Hay que cambiar el sistema de incentivos que durante décadas ha sido erróneo –en materia laboral sin ir más lejos, al devaluar salarios y condiciones de trabajo–, promoviendo esa externalización de riesgos y debilidad del tejido productivo.
¿Hay que empezar a decir claramente desde la Administración que habrá trabajos que tendrán que desaparecer? ¿Pensar en trabajos del futuro?
Hay trabajos que desaparecen, otros que aparecen y la mayoría que se transforma. Esto ha ocurrido siempre, ocurrirá en mayor volumen en la medida que se aceleran las transiciones, y obviamente siempre preocupa el saldo neto entre el empleo que se destruye y el que se crea. Creo que las administraciones, ante todo, lo que tienen que hacer es habilitar espacios prospectivos de carácter sectorial para tratar –de forma compartida con sindicatos y organizaciones empresariales y empresas– de prever con tiempo cómo se dan estas transformaciones y tratar de anticipar las necesidades en materia formativa, de cualificación permanente, de orientación o de intermediación laboral. Y luego implementar políticas públicas en esos terrenos a las que pueda acceder toda la población, evitando brechas y exclusiones. Creo que esa sería una buena forma de orientar políticas públicas con sentido y anticipación, y promover transiciones justas, porque cuando esto no se hace así la marea suele pasar por encima fundamentalmente de la clase trabajadora.
¿Cómo debemos enfrentar, en concreto, el turismo en la economía española? ¿Nos estamos dejando invadir, por seguir con la metáfora zombi, frente a otros sectores como por ejemplo la ciencia?
El turismo es un sector de mucha importancia en nuestra economía y conviene no frivolizar con él, porque en algunas partes de nuestro país es un sector clave del que no se puede prescindir salvo que se buscasen alternativas viables antes. Enfatizo lo de antes, ya que a veces se pone el carro delante del buey y se producen desajustes que generan desiertos laborales en territorios que se ven sin actividad productiva alternativa alguna. A partir de aquí, hay que tratar de reforzar un turismo de calidad, que se expanda más allá de las épocas de calor, que aproveche el enorme patrimonio cultural de España, que no sea tan masificado y sea sostenible, y, por supuesto, que se ejerza con trabajos de calidad, cualificados y bien remunerados.
El turismo masivo y de aluvión tiene serias contraindicaciones, es cierto. Entre otras, que es como una planta invasora que inflaciona el resto de sectores (inmobiliario, hostelero, comercial, etc.) de manera que es poco compatible con la vida normal de los ‘autóctonos’. Genera una gentrificación territorial bastante indeseable, al menos en mi opinión. Requiere de alternativas, pero insisto en la idea de las alternativas viables y materializadas en el tiempo oportuno.
¿Podemos llamar zombis a todos esos trabajadores que van cada día a su puesto con unas condiciones laborales denigrantes?
Desgraciadamente no. No son zombis. Esos puestos de trabajo en condiciones precarias o de explotación siguen teniendo vida, porque conforman parte de un segmento del modelo económico español. La precariedad laboral en España es como una hidra de siete cabezas, que cuanto le cortas una aparece otra que la reemplaza. En su día, hicimos un trabajo en colaboración con la Universidad de Alicante y los datos eran demoledores: tomando siete variables para determinar si una relación laboral es precaria –variables no solo salariales, sino del tipo de contrato, jornada o relación entre el empleo que se tiene y la formación para desempeñarlo– y, ponderando la importancia de esas variables, concluíamos que casi la mitad de las personas trabajadoras tienen una empleo precario.
Algunas de las reformas introducidas en la legislación laboral sobre todo en materia de contratación, o la subida del SMI, reducirán el peso de algunOs de esos datos para determinar que un empleo es precario. Pero otras variables seguirán ahí, e incluso no es descartable que algunas hayan incrementado su peso. Luchar por unos buenos salarios, pero también por unas buenas condiciones de trabajo, es una prioridad sindical, y creo que debiera serlo política también.
Fruto de esas políticas zombis, como las privatizaciones, se agranda la desigualdad. ¿Qué colectivos crees que están completamente al margen, parafraseando un poco la nueva película de Juan Diego Botto sobre la vivienda? ¿Y qué alternativas puede dar un Estado?
Más que colectivos, hay sesgos. La desigualdad y las malas condiciones de trabajo son más trasversales de lo que parece pero afectan más a mujeres, jóvenes y personas que trabajan en sectores de bajo valor añadido y poca organización laboral. Esto es muy importante entenderlo. No hay una maldición que diga que un sector que genere menos valor económico que otro, tenga que darse necesariamente en malas condiciones laborales. La atención a las personas dependientes, que a veces se ejerce con empleos muy precarizados, en otras ocasiones se ha regulado convenientemente mediante la movilización sindical. Sectores de alta cualificación como las ingenierías, las auditorías o el periodismo, se dan en condiciones de abierta precariedad o incluso de explotación, exigencia y estrés laboral, allí donde se han instalado formas individualizadas de gestión de las relaciones laborales y malas empresas.
Pero ya que se menciona la película de Juan, en efecto, las situaciones de exclusión y pobreza severa se dan allá donde concurren malas condiciones laborales con la falta de otros equipamientos públicos para poder llevar una vida digna. Nos salva de que haya tasas de pobreza mucho más masiva el que una buena parte de las contingencias vitales que tenemos siguen contando con una cobertura razonable desde los bienes comunes. La sanidad, la educación, la pensión… de manera que aun con un salario personal bajo, sigue habiendo un salario social indirecto en el que nos protegemos mutuamente.
Eso es lo que quiere dinamitar la sociopatía neoliberal, no tanto por querencia a la necrosis (ya que hemos hablado tanto de zombis) como porque la gestión privada de estos nichos de negocio cautivo y regado con dinero público es la especialidad de la casa de ese capitalismo de amiguetes que sigue salivando con la concesión, la licitación, el plan de ordenación urbano y el estraperlo, aunque sea todo en versión postmo. Pero, pese a todo, no lo tienen fácil porque el grado de legitimidad social con el que cuentan los servicios públicos y las pensiones sigue siendo alto.
En cambio otras coberturas que se han dejado en las fauces del mercado, como la vivienda –convirtiéndose además en un activo financiero o especulativo, en lugar de un bien de uso, destinado a dar respuesta a una necesidad vital básica–, generan un riesgo enorme de exclusión cuando se carece de ella. También aquellas otras coberturas ligadas a las relaciones personales como es el caso de la familia y los cuidados –más bien la dedicación no retribuida de las mujeres respecto a los cuidados–, donde la cobertura pública sigue siendo muy deficiente.
No es casualidad que la combinación de malos empleos, con situaciones de imposibilidad para acceder a una vivienda, o la falta de un entorno personal que procure cuidados, casi siempre sea el trasfondo de las situaciones de pobreza y pobreza severa. La politización de la carencia de vivienda a través de asociaciones prácticamente de ayuda mutua es una experiencia muy interesante, como se aprecia en la película de Botto.
Pero el gran reto es la creación de un nuevo contrato social para el siglo XXI. Nuevo porque va a tener que incorporar un perímetro más amplio que el del siglo XX –ya hemos apuntado al menos las estrategias de cuidados–, reforzando el concepto de ciudadanía social en un momento en el que se da un renovado cuestionamiento del “nosotros”, o abordar las consecuencias del reto medioambiental y el impacto sobre bienes comunes que antes creíamos ilimitados, y porque la disputa se va a plantear –se está planteando ya– en un plano supranacional, en contraste con la anterior dimensión abarcable del estado nación.
SINDICALISMO DE LUCHA CONTRA EL SINDICALISMO DE LA CONCERTACIÓN
«Se presenta al sindicalismo claudicante como a adalides de la “responsabilidad”.
«las movilizaciones de la clase trabajadora finalizan casi siempre con pactos vergonzantes entre la patronal y los sindicatos mayoritarios, por lo que la sensación de frustración por parte de las personas que han participado en las acciones y huelgas, al verse traicionadas, les desanima para abordar nuevos procesos de lucha. Esa desmovilización, producto de una práctica sindical entreguista, sirve como coartada a las propias centrales sindicales pactistas para justificar su propia práctica, arguyendo que “no hay condiciones para hacer otra cosa”. Es como el olivo que se nutre de sus propias aceitunas caídas».
Lo dijo en su día Felipe González: En el control obrero juegan un papel esencial los sindicatos.
https://canarias-semanal.org/art/33473/sindicalismo-de-lucha-contra-el-sindicalismo-de-la-concertacion
Más importante que la realidad práctica que se nos presentó desde 2008 en forma de fracaso evidente de una hegemónica neoliberal que nos puso al borde de colapso económico, después de imponer sus métodos desde la mencionada revolución conservadora hasta explotar en la Gran Recesión repitiendo la historia de 1929, es convencer y alienar a la gente en la creencia de que sus verdugos sus salvadores. Que ellos son los que crean el trabajo y generan la riqueza para el bien de todos. Ciegos, aun no se enteran de que el enorme desarrollo tecnológico que ha elevado la productividad a niveles insospechados, no solo no se ha traslado a los salarios, que apenas se han actualizado en la inflación, sino que ha sido adsorbida por los beneficios que, a falta de ventajas, observamos pueden adsorber, mediante el oportunismo del mercado –elevar los precios ante la escasez de una guerra imprevista en un mercado incompetente para reajustarse en tales condiciones-, le elevación de los precisos disipando en la inflación la cosecha de millones expropiados.
Si han decidido entrar en esta noticia, no les vamos a “robar” mucho tiempo con ella. Tan sólo les vamos a dejar un breve vídeo de una marcha, de las muchas que se han llevado a cabo estos días en el estado francés contras las políticas que inciden muy negativamente en la vida de los y las trabajadoras. Los y las manifestantes cantan la Internacional, en medio de sus justas reivindicaciones.
Mientras eso sucede en el país vecino del norte, en el estado español, eso que llaman izquierda, o está coaligada con el gobierno de derechas malamente disfrazado progre o, simplemente, desaparecida. Y el grueso de la población obrera, lejos de plantar cara a sus verdugos, se dedica a ver partidos de fútbol. Ahí sí que se congrega mucha gente.
«El opio del pueblo» se decía en tiempos del franquismo ya que sólo se escuchaba futbol; pero por lo visto esta artimaña es propia de todas las dictaduras: franquista y capitalista.
https://insurgente.org/en-francia-se-manifiestan-cantando-la-internacional-en-espana-si-se-concentran-es-para-ver-los-partidos-de-futbol/
En Francia se manifiestan cantando la Internacional, en España, si se concentran, es para ver los partidos de fútbol.
Me pregunto ¿tendrán algo que ver los sindicatos subvencionados por el estado en el aborregamiento de la clase trabajadora?
https://insurgente.org/en-francia-se-manifiestan-cantando-la-internacional-en-espana-si-se-concentran-es-para-ver-los-partidos-de-futbol/
Economista S. Niño Becerra:
ESPAÑA IMPORTARÁ A MILES DE ELECTRICISTAS, CARPINTEROS Y ALBAÑILES DEL EXTRANJERO… UNA CATÁSTROFE EN EL MERCADO LABORAL
España, más próxima de la «jungla» que de los inexistentes e idílicos «jardines » que describe Josep Borrell.
El Gobierno de la Coalición que encabeza Pedro Sánchez prevé la promoción de miles de contratos de electricistas carpinteros y albañiles en el extranjero, para supuestamente suplir falta de mano de obra de esas especialidades en España. La patronal lo tendrá más fácil que nunca para «incentivar» la precariedad laboral.
«Así va mal; ese no es el camino», expresó el economista en relación con ese proyecto, advirtiendo que ello podría tener consecuencias muy graves para el mercado laboral español.
Sobre este tipo de contratos, el economista formuló algunas interrogantes:
– «¿La oferta de trabajo para estos empleos es insuficiente o la demanda de trabajo está ofreciendo unas condiciones laborales por debajo de otros?
– En consecuencia: ¿al aumentar la oferta de trabajo, todavía empeorarán más estas condiciones laborales?
– ¿Caerá todavía más la productividad?
Según Niño Becerra, los efectos de ese tipo de medidas ya se pueden visualizar premonitoriamente si se contempla el panorama que ya se ha producido en el sector turístico: en algunos lugares de España no hay profesionales de hostelería. Y es muy lógico que así sea, pues con los salarios que se ofrecen, a nadie le es posible lograr subsistir en estas zonas.
¿Esta nueva oferta de trabajo -se pregunta el economista- aceptará la precarización, como ya ha pasado en la historia reciente de España?. «Si es así, mal: no es el camino», dice previniendo de un auténtico desastre social.
Según el proyecto gubernamental, a partir de ahora las empresas tendrán más fácil que nunca la ejecución de contratos para traer trabajadores de la construcción procedentes del extranjero, porque pasarán a ser considerados como ocupaciones de cobertura difícil.
De acuerdo con un estudio realizado al respecto en el año 2021, el 48% de los trabajadores españoles tienen un contrato precario. este informe, que está basado en datos de 2019, fue dirigido por Hipólito Simón, catedrático de Economía en la Universitat d’Alacant, y en el se concluye que el fenómeno de la precariedad en España es estructural al rozar al 50% de los trabajadores los que están sujetos a este tipo de condiciones.
Entre los empleados sometidos a la precarización, un 24% ellos sufren carencias consideradas secundarias (exceso de horas, trabajo en fin de semana, o sobrecualificación). Dicho de otra forma, el 72% del total sufren algún tipo de precariedad, frente a otro 28% de asalariados que disponen de un empleo de calidad. Y ello sin agregar que el 24% de la población asalariada sólo llega a percibir un sueldo inferior a 1.200 euros brutos mensuales, un salario que los convierte igualmente en precarios.
https://canarias-semanal.org/art/33441/nino-becerra-espana-importara-a-miles-de-electricistas-carpinteros-y-albaniles-del-extranjero-una-catastrofe-en-el-mercado-laboral
Iglesia S.A. Dinero y poder de la multinacional vaticana en España, Angel Munárriz.
«Presupuestos Generales del Estado y asignación tributaria anual a la Iglesia católica», por Francisco Delgado.
En la casilla que se destina a la Iglesia católica, año tras año, no más de un tercio de los contribuyentes la señala, es decir que son muchos más las personas que no la marcan.
Una de las propuestas de Europa Laica es que, como en Alemania, quien señale la casilla de la Iglesia católica y/o fines sociales, lo paguen de su bolsillo.
Es ahora, en la discusión de los Presupuestos Generales del Estado, cuando se podría revertir y que desaparezca esta forma ilegítima de financiación de la Iglesia católica.
Desde hace años (por parte de algunas entidades, como Europa Laica) hay dos propuestas encima de la mesa tanto para el Gobierno, como destinadas al Congreso y Senado y a los diferentes grupos parlamentarios. La más lógica, que el Estado de esa recaudación no entregue ni un solo euro a una entidad privada e ideológica, como es la Iglesia católica, en suma, que desaparezca la casilla “Ic”. La otra propuesta, que está estipulada en algunos países de nuestro entorno, como Alemania, que quien señale la casilla (Ic) y/o (fines sociales) paguen (de su bolsillo ese 0,7%) y en el caso de las entidades sociales, la (o) el contribuyente decida a qué entidad se lo quiere entregar. Así sólo la Agencia Tributaria actuaría de intermediaria recaudadora, que no sería poco.
Parece una propuesta lógica, muy lógica y, sobre todo, justa y justificable desde un punto de vista tributario (incluso en el marco de la UE), porque, así, el Estado no dejaría de ingresar unos 300, más unos 325 millones de euros al año, por término medio (en total unos 625 millones de euros/año).
En el caso de las entidades sociales, podrían aplicarse esas subvenciones, como ya ocurre, directamente de los PGE y del de las CCAA. Porque -en realidad- la casilla de “fines sociales” se introdujo, en su momento, para (maléficamente) tratar de “justificar” la de los obispos.
Un año más, me consta que ni el Gobierno, ni ningún otro grupo parlamentario, al igual que ha ocurrido en años anteriores, va a tomar esa decisión y, por lo tanto enmendar los PGE de 2023, en este sentido, cuya aplicación sería para la declaración de 2023, cuyo IRPF se liquidaría en 2024
Por ello yo les acuso a todos ellos, desde el ala izquierda hasta la derecha de ser cómplices de un hecho vergonzante. Son colaboradores activos un año más de una tremenda injustica fiscal y social, que roza el delito político… Y lo son aun más los que en sus declaraciones (con la voz más o menos pequeña) hablan de justicia social, laicidad, redistribución tributaria, etc.
https://laicismo.org/presupuestos-generales-del-estado-y-asignacion-tributaria-anual-a-la-iglesia-catolica-%c2%b7-por-francisco-delgado/271439