La lucha de quienes sueñan con un Brasil más diverso, inclusivo y democrático

Es 11 de agosto. Estamos en São Paulo, a una semana del inicio formal de la campaña electoral que definirá en octubre quién será el próximo presidente de Brasil, Lula o Bolsonaro. En el patio interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo hay una marea de gente en un acto por la defensa del proceso electoral y el poder judicial. De los balcones que dan al patio, cuelgan unas telas blancas en las que han escrito “Dictadura Nunca Más”. Aluden a las actitudes de Jair Bolsonaro, que continúan causando asombro en buena parte de la sociedad brasileña. El exmilitar lleva unos meses atacando al sistema de urnas electrónicas y deslegitimando a las autoridades del Tribunal Superior Electoral con tonos de insinuación golpista. Las encuestas auguran malos resultados para su candidatura. Según un sondeo de la consultora IPEC publicado a mediados de agosto, Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, lleva una ventaja de 12 puntos al líder del Partido Liberal.

Lula, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, estuvo ausente en las presidenciales de 2018 por una condena de corrupción por la cual fue a prisión 19 meses. Ahora ha vuelto al campo político después de que el año pasado el Tribunal Supremo anulara las condenas y lo habilitara nuevamente. Desde entonces, los enfrentamientos en una sociedad fraccionada y polarizada se han recrudecido.

En las últimas semanas, Lula ha hecho gestos de acercamiento a líderes de izquierda de América Latina. Uno de los primeros fue el acto que compartió con la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, quien inició su gira por el continente en un acto en São Paulo en el que ambos despertaron el imaginario hacia la unión y la identidad regional por un nuevo proyecto. Asimismo, Lula se ha mostrado junto a grupos y movimientos de luchas antirracistas y de jóvenes de la periferia de Río que se suman a sus filas, entre quienes destacan numerosas mujeres negras candidatas a diputadas.

Por su parte, Bolsonaro ha dado continuidad en los últimos meses a planes sociales como el Auxilio Brasil, que beneficia a más de 18 millones de personas y que reemplaza al anterior Programa Bolsa Familia, creado por Lula en 2003. “Es una herramienta más a la que recurre Bolsonaro en este periodo electoral, a quien por otro lado, le favorecen algunas señales positivas de la actual economía”, comentaba este verano en un programa matinal Dora Kramer, columnista y periodista política.

En el patio de la facultad, en este agosto de invierno, se lee el manifiesto que defiende la democracia y que se reproduce en las redes sociales en la voz de la actriz Fernanda Montenegro: “Carta a las brasileñas y brasileños en defensa del Estado Democrático de Derecho”. La lectura continúa con otros 41 artistas, entre los que destacan Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Maria Bethânia, Daniela Mercury y Marisa Monte. Evocan un momento de la historia del Brasil, agosto de 1977, en pleno régimen militar, cuando en un evento similar celebrado en esta misma universidad, el profesor de derecho Goffredo da Silva Telles Junior leyó una carta al pueblo brasileño denunciando la ilegitimidad de aquel gobierno dictatorial y el estado de excepción.

Lo vivido en esos años ha hecho que la memoria colectiva brasileña rechace y repudie las actitudes autoritarias. Ello explica que el desprestigio de Jair Bolsonaro se acentúe en esta última etapa. El pasado julio reunió en Brasilia a diplomáticos extranjeros e intentó deslegitimar al proceso electoral y al Tribunal Superior Electoral mediante cuestionamientos sin fundamentos. Ello provocó mayor irritabilidad y la manifestación de varios sectores de la sociedad que culminaron en los actos en la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo y en una respuesta categórica por parte del juez Alexandre de Moraes al asumir la presidencia del Tribunal Superior Electoral.

El momento más crítico para Bolsonaro se produjo en 2020, durante la gestión de la pandemia. Por su Gobierno pasaron cuatro ministros de Salud y se documentaron más de 680.000 muertes por COVID. Ello le valió un informe del Senado que lo acusaba de crímenes contra la humanidad y un uso inadecuado de los fondos. En aquel momento, al que se sumó el descontrol de la inflación, su aprobación cayó un 20%. En julio de 2022, según una reciente encuesta del Instituto Datafolha, el rechazo a su gestión llegaba al 45%.

Pueblos originarios

En Brasil, la garantía de los derechos territoriales de los indígenas está prevista por ley en la Constitución Federal de 1988 y en el Estatuto del Indio. Sin embargo, la agenda de los derechos humanos también se ha visto amenazada de manera constante durante el mandato de Bolsonaro, marcado por la explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio de los pueblos originarios. En 2021, se registraron 305 casos en esa categoría que afectaron por lo menos a 226 territorios indígenas en 22 estados del país.

La violencia contra los pueblos indígenas, las invasiones y los ataques a sus comunidades han aumentado. Así lo señala el Informe de la Violencia contra los Pueblos Indígenas, una publicación anual del Consejo Indigenista Misionero (CIMI). “En su tercer año de gobierno, el ejecutivo de Bolsonaro mantuvo como directriz la paralización de todas las demarcaciones de tierras indígenas y la omisión absoluta con relación a la protección de las tierras ya demarcadas”. Este contexto de fragilidad, de profundización de una situación que ya era violenta y estremecedora, se enmarca en una política de explotación de la madera y de la minería.

La resistencia de movimientos sociales, campesinos e indígenas continúa y se manifiesta con más fuerza gracias a la mayor presencia de mujeres de pueblos originarios y feministas negras, que cuentan con más visibilidad pública y se articulan en espacios institucionales, redes sociales y movimientos organizados.
En agosto de 2019, se organizó la Primera Marcha de las Mujeres Indígenas y la Marcha de las Margaritas. Hasta 100.000 mujeres se vieron frente a la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, manifestándose contra la violencia institucional y a favor del respeto a las tierras indígenas, el medio ambiente, la justicia y la igualdad.

Desde entonces, crece la participación de estas mujeres y cuentan con mayor representación política. Este verano se divulgaron los números de candidatas indígenas a cargos parlamentarios. Las cifras muestran que entre 2018 y 2022 se duplicaron sus candidaturas. Aun así, solo suman 27 de las 10.299 que aspiran a un escaño.

Jóvenes líderes

Joenia Wapichana es en la actualidad la única mujer indígena en el Parlamento brasileño. Entre sus propuestas, destaca el proyecto de una Política Ambiental Nacional de Gestión Territorial y Ambiental de Tierras Indígenas. Al igual que las 27 candidatas indígenas que se presentan a las elecciones de 2022, Wapichana proviene de la militancia y el activismo en defensa del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios, una pauta mundial que gana fuerza y pasos largos pero que todavía no termina de instalar a sus voceras y protagonistas en puestos decisión política, ni a nivel de los Estados nacionales ni en instancias internacionales.

Sin embargo, a medida que la preocupación por el cambio climático avanza, activistas como la brasileña Txai Suruí, de 24 años –quien cobró visibilidad en el discurso que dio en la COP 26, la Conferencia de Clima de la ONU de 2021 en Glasgow (Escocia)– cuentan con mayor repercusión cuando señalan la necesidad de hacer cumplir las leyes, presionando a los gobiernos para que protejan la Amazonía y fiscalicen que en los territorios indígenas se ponga término a las ilegalidades, usurpaciones, explotación, muertes y amenazas a quienes los defienden.

A finales de julio, en Río de Janeiro, durante la semana en que se celebraba el Día de la Mujer Negra Latino-Americana y Caribeña, hubo un encuentro de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, con mujeres negras precandidatas a cargos en el Parlamento brasileño. En el encuentro sucedió algo mágico, algo identitario de mujeres negras, feministas, de reivindicación de sus derechos de representación política, que se sumó a momentos de emotivo homenaje a Marielle Franco, la concejala negra por Río de Janeiro, asesinada en 2018. “No es posible que, en una región de 200 millones de afrodescendientes, solamente dos mujeres hayan llegado a la vicepresidencia. Tenemos que dar vuelta la página, queremos ser muchas, solo así podremos avanzar en los cambios sociales”, dijo Márquez.

A partir de los datos divulgados por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, las mujeres negras candidatas para los comicios de 2022 alcanzan un número inédito: 4.900. Casi todas ellas son mujeres provenientes de movimientos feministas que luchan por la igualdad racial.

Estos datos confirman que, en relación con las elecciones de 2018, hubo un aumento del 11% de las candidaturas de mujeres negras. El crecimiento se explica, en parte, por nuevas reglas electorales que intentan ayudar a diversificar el perfil de representación en el Congreso. Pese a todo, este camino resulta insuficiente para revertir el cuadro de representación equitativa. Actualmente, las mujeres negras ocupan el 2,5% de los escaños en el Congreso –con 13 diputadas y una senadora–, aunque suponen más del 28% de la población brasileña. Además, dentro de los partidos muchas de ellas no reciben el apoyo financiero suficiente para sustentar sus campañas.

Existe un video de campaña en el que Marielle Franco repite varias veces: “¡Yo soy porque hoy nosotras somos!”. Es una frase que hoy resuena viva y tiñe de un nuevo color la intención de una representatividad más diversa y más equitativa, una representatividad que anda a pasos lentos pero firmes entre quienes aspiran a un nuevo Brasil.