La OCU cobra un 0,2% de las hipotecas que sus socios firmen a través de un intermediario

Cualquier persona puede utilizar el comparador de hipotecas que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece en su página web. Sin embargo, solo los socios y socias pueden usar un servicio de intermediación “gratis y sin compromiso” a través de la compañía iAhorro, especializada en la asesoría sobre créditos inmobiliarios, propiedad del fondo de inversión Silver Lake.

Según los documentos a los que ha tenido acceso lamarea.com, la OCU recibe una comisión cuando uno de sus asociados/as firma una hipoteca a través de este servicio: un 0,2% del crédito “en concepto de operación y mantenimiento del comparador de hipotecas”. Así consta en el convenio de colaboración firmado el 17 de mayo de 2021 y que ha sido facilitado por el Ministerio de Consumo a instancias del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La OCU, sin embargo, no informa de esta contrapartida económica en ningún lugar de su página web, lo que podría entrar en colisión con la principal misión de esta organización de consumidores: “La defensa de los derechos de los ciudadanos de España como consumidores, para crear una sociedad de consumo transparente y justa”.

Preguntados por esta posible falta de transparencia, la OCU afirma que cumple “de forma sobrada con las obligaciones de transparencia que la normativa fija para la celebración de convenios de colaboración entre asociaciones de consumidores”. Asimismo, asegura que publica en su página de transparencia “información en la que se explican todas las actividades que lleva a cabo la organización”. No obstante, hasta la publicación de este artículo, en el citado portal de transparencia no se hace mención de manera expresa al convenio con iAhorro.

Según el artículo 27 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, las asociaciones de consumidores y usuarios pueden recibir recursos económicos de operadores económicos siempre que “se realicen en las condiciones de transparencia” establecidas en la norma, “no mermen la independencia” de la asociación y “tengan su origen en los convenios o acuerdos de colaboración”. Estos documentos deben ser depositados tanto en la Dirección General de Consumo como en la Secretaría del Consejo de Consumidores y Usuarios, como así se ha hecho.

Respecto al importe de la comisión, del 0,2%, desde la OCU aseguran que “el comparador hipotecario tiene una serie de gastos de mantenimiento de la información, de gestión de la web, de atención al servicio de consulta de los socios o de resolución de incidencias”. Ante ello, consideran que dichos gastos, “con independencia de su cuantía, no deben ni pueden ser asumidos por la totalidad de los socios de la OCU con sus cuotas, pues supondría de hecho un coste indirecto y oculto que reduciría en la práctica la ventaja conseguida para el socio”.

lamarea.com también ha tratado de conocer cuántas personas asociadas a la OCU han firmado una hipoteca a través de este servicio de intermediación. Desde la organización, defienden que se trata “de información de carácter estratégico” entre una organización sin fin de lucro, de carácter privado, y una entidad comercial privada: “La publicación del número de socios sería un incumplimiento del contrato por nuestra parte”, argumentan. El artículo séptimo del acuerdo define el documento como confidencial. iAhorro, por su parte, no ha respondido a las cuestiones enviadas.

Más convenios en entredicho

Entre los documentos liberados por el Ministerio de Consumo, también figuran acuerdos comerciales entre la OCU y la operadora de telefonía MásMóvil, según ha publicado el diario El Confidencial. Uno de estos acuerdos, firmado el 1 de septiembre de 2019, permite a los socios y socias de la OCU un 8% de descuento en su factura de internet o teléfono. A cambio, la operadora paga a la organización 6,5 euros “por cada usuario no socio que acceda al comparador de tarifas de la organización y acabe solicitando información”. 

Fuentes consultadas por el mencionado medio aseguran que estos convenios “ponen en duda el funcionamiento interno de este organismo” y vulnerarían “varios artículos de la Ley de Defensa de los Consumidores”, lo que “podría acabar con su expulsión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores”.